Judiciales ⚖️
DNU: ahora el gobierno le pidió al Poder Judicial que no intervenga en amparos
La opinión del Gobierno nacional quedó plasmada en distintas presentaciones realizadas esta tarde por abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra.
El Gobierno nacional afirmó hoy que las «razones de urgencia y necesidad» que motivaron el DNU 70/2023 «constituyen cuestiones políticas no justiciables», tras lo cual reclamó que el Poder Judicial no intervenga en las causas contra el decreto del presidente Javier Milei porque ya está a consideración del Congreso.
La opinión del Gobierno nacional quedó plasmada en distintas presentaciones realizadas esta tarde por abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra, a través de fuentes judiciales.
«Debe anticiparse que las razones de urgencia y necesidad constituyen cuestiones políticas no justiciables. Por lo tanto, actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que, la intervención de la Justicia en esta instancia sería al menos prematura además de transgredirse el principio de división de poderes», sostuvieron los abogados.
«No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial», afirmaron en las presentaciones.
«La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política», enfatizaron.
«El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria», señalaron los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre en representación del Estado Nacional.
La postura del Gobierno quedó plasmada en dos informes de más de 80 páginas cada uno presentados ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico quien se encuentra de turno en la feria judicial.
Los informes fueron presentados en los expedientes iniciados con las acciones de amparo contra el DNU realizadas por el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro.
En ambos casos se reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que hasta que eso ocurra se dicte una medida cautelar que suspenda todos sus efectos, ante lo cual el juez Lavié Pico había solicitado los informes del Gobierno para cada caso.
Judiciales ⚖️
Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual
El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.
Lo que tenés que saber
- Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
- La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
- La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
- La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
- El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.
Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial
El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.
Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.
La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente
La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.
De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.
Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.
La causa penal continúa abierta
Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.
En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.
La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.
Posible juicio oral durante este año
Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.
En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.
Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.
Repercusiones políticas en San Isidro
El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.
El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.
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