Vecinos de 20 barrios porteños exigieron hoy al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al bloque oficialista en la Legislatura la declaración de la «Emergencia Urbanística Ambiental» provocada por el fenómeno inmobiliario en el distrito y exigieron una respuesta a su petición para poner un freno a la ola de nuevas construcciones que alteran la morfología urbana.

El pronunciamiento se dio en una marcha frente a la sede parlamentaria de Perú 160, convocada por la «Red Interbarrial Buenos Aires», un colectivo vecinal creado recientemente por movimientos barriales que se agruparon para denunciar «las consecuencias negativas de la aplicación del nuevo Código Urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires».

La norma en cuestión fue sancionada por la Legislatura en 2018 con el propósito de ampliar los topes de altura de los futuros edificios en toda la Ciudad, sin distinciones de zonas, lo que ocasionó la aparición de construcciones en altura en barrios que tenían casas bajas.

Durante la movilización, los referentes barriales leyeron un documento, que posteriormente fue entregado en la Legislatura y a la Jefatura de Gobierno que planteó la declaración de la «Emergencia Urbanística y Ambiental», y exigió «la suspensión inmediata del otorgamiento de permisos de demolición, de obra nueva que superen los nueve metros de altura o invadan el pulmón de manzana y de certificados urbanísticos».

«La situación actual requiere de medidas extraordinarias, urgentes y transitorias, que impidan que la nueva normativa llegue tarde, resultado absolutamente ineficaz», indicaron en relación a la decena de proyectos elaborados por los colectivos barriales y elevados ante el Parlamento tendientes a cambiar el Código vigente.

Destacaron que «nuestros barrios pierden su memoria y su identidad mientras las obras destruyen casas y árboles y el espacio se lotea al mejor postor» y «los servicios básicos se convierten en escasos e insuficientes».

Entre los barrios cuyos residentes participaron de la marcha se encuentran Villa Ortúzar, Villa Del Parque, Villa Devoto, Villa Santa Rita, Colegiales, Chacarita, Palermo, Boedo, Parque Chacabuco, La Paternal, Caballito, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra y Almagro.

En declaraciones, Bárbara Rossen, arquitecta y candidata a vicejefa de Gobierno por Unión por la Patria (UxP), aseguró que el movimiento vecinal pidió «que se respete la calidad ambiental, rechazando el Código Urbanístico vigente, que es el que genera este modelo de especulación inmobiliaria que hace que cada día sea más difícil vivir en la Ciudad».

«Hay que construir una Ciudad en función de las necesidades y de manera participativa y esta movilización plantea, claramente, que los vecinos no se sienten parte, no fueron consultados y que la Legislatura tiene la obligación, como casa de la democracia, de ser el lugar donde las políticas se construyan por consenso», señaló.

Juan Chippano, referente del colectivo vecinal de Villa Ortúzar, sostuvo que la convocatoria fue «para manifestar frente al oficialismo de la Ciudad la necesidad que haya un proceso de revisión del Código Urbanístico y que se tome en cuenta la voz de los que vivimos en los barrios».

María Pía, del movimiento barrial de Chacharita, solicitó «la suspensión de nuevas obras y las de demolición hasta que se puedan tratar los proyectos de ley o se hagan las calibraciones al Código Urbanístico», y admitió que pese a la existencia de un canal de diálogo con el Ejecutivo «al día de hoy no tenemos garantía de nada, por eso seguimos manteniendo nuestro reclamo».

Una vecina de Flores, que también participó de la protesta en la Legislatura porteña, contó que frente a su vivienda «tiraron abajo una casa hermosa para construir un edificio con talleres de la industria textil arriba y una galería comercial abajo, lo que resulta muy angustiante porque salgo a caminar y veo que mi barrio ya no es mi barrio».

Por su parte, la legisladora de Unión por la Patria Claudia Neira, quien trabajó con los referentes vecinales en la elaboración de los proyectos parlamentarios, indicó que «hay que poner una fecha ya para el tratamiento» de las propuestas «porque esto tiene que tener un límite».

«Estamos en condiciones de aprobar una ley con un 10% de las manzanas de la Ciudad modificadas y que ponga las restricciones adecuadas al Código», precisó Neira.