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Legislativo

Piden sancionar ley que amplíe la Prestación Alimentar

El colectivo Infancia en Deuda alertó que hay también cerca de 1,4 millones de niños y adolescentes que están excluidos de toda prestación social.

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El-Argentino-Tarjeta Alimentar.

El colectivo Infancia en Deuda alertó por el aumento de la indigencia y la pobreza infantil en el país, debido a que considera que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares resultan «insuficientes», a la vez que llamó a sancionar una ley que amplíe la Prestación Alimentar.

La organización señaló que el segmento de 15 a 17 años está alcanzado por la Prestación Alimentar, por lo que reclamó la sanción de una ley, en una reunión realizada en la sede de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta prestación «es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todos accedan a la canasta básica alimentaria», que tiene como destinatarios a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad (inclusive) que reciben la AUH, embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH, y madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.

En su último reporte, el Indec precisó que en el primer semestre de 2023 la pobreza infantil alcanza al 56,2% de los niños y adolescentes mientras que la indigencia llega al 14.3%, por lo que desde las organizaciones civiles se llamó a «visibilizar la grave situación» que atraviesa este grupo etario en Argentina.

«La situación en los últimos años se ha agravado más allá de una baja sutil en los últimos años post pandemia. Son niveles altos e inaceptables», sostuvo Celeste Fernández, codirectora de ACIJ, y aseguró que «hay cosas que la política pública puede hacer, hay que abordarlo en todas sus dimensiones».

Fernández explicó que hay una «infantilización de la pobreza» ya que es mayor en esta franja etaria que a nivel general, que en el primer semestre del corriente año se ubicó en 40,1% de la población.

El grupo particularmente afectado por esta situación es el de adolescentes entre 10 a 17 años que pertenecen a hogares mono-ma/parentales y de hogares de barrios populares.

«Hay que trabajar en las asistencias sociales porque, si bien no resuelven el problema solas, tienen un impacto positivo en evitar que más personas caigan en la pobreza, sin estas transferencias serían más altas la pobreza y la indigencia», afirmó Fernández y aclaró que desde el Estado se brindan prestaciones sociales como la AUH, la Prestación Alimentar y las Asignaciones Familiares.

Según Bárbara Zanino, integrante del Programa de Derechos Sociales de la Niñez, «las principales falencias de estos sistemas es la insuficiencia, ya que las prestaciones no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, que son los alimentos que mínimo tienen que recibir los niños y adolescentes que son personas en crecimiento».

El colectivo Infancia en Deuda alertó que hay también cerca de 1,4 millones de niños y adolescentes que están excluidos de toda prestación social.

Asimismo, Zanino precisó que la Prestación la Alimentar tiene una limitación etaria ya que llega sólo hasta los 14 años, por lo que hay cerca de 360 mil adolescentes que no perciben esta asistencia, «como si los de 15 a 17 años no siguieran en etapa de desarrollo».

Ante estas dificultades, desde ACIJ llamaron a sancionar una ley que regule la Prestación Alimentar para que se amplíe su cobertura y se le brinde estabilidad como política de Estado.

«La falta de una jerarquización legal es muy grave, no sabemos que va a pasar por la política. Solo está regida por resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social», aseguró Fernández y agregó que «estamos en una crisis económica, pero esta situación es inaceptable en las infancias».

«No hay que ajustar en prestaciones básicas a una población que ya de por sí debería acceder a una mayor protección que una persona adulta. Es una cuestión de prioridades de la política, ya no como gobierno, sino como Estado», concluyó Zanino.

Buenos Aires

Ley Ema: qué cambia en las escuelas bonaerenses y por qué Nación sigue sin tratar violencia digital

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que crea el Programa EMA y obliga a las escuelas públicas y privadas a prevenir y abordar la violencia digital. Santa Fe fue la primera provincia con una ley similar y el proyecto nacional de Mónica Macha no tuvo dictamen en Diputados.

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El Argentino Diario-Mónica Macha.
Dos años después de la muerte de Ema, la Provincia legisló y la Nación todavía no tiene una ley para las escuelas.

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que obliga a todas las escuelas de la Provincia, públicas y privadas, a prevenir y actuar ante la violencia digital entre estudiantes. La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva el martes 20 de octubre, en su sexta sesión ordinaria del año, al aceptar las modificaciones que había introducido el Senado.

La ley lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que murió por suicidio el 24 de agosto de 2024, un día después de que un compañero de su escuela difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. Su madre, Laura Sánchez, impulsó la iniciativa junto a la diputada Mayra Mendoza, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, y a las organizaciones Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. Pasaron dos años y dos meses hasta la sanción.

Qué crea la ley

La norma crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, llamado Programa EMA, destinado a estudiantes, docentes, personal no docente, equipos directivos y familias de escuelas públicas y privadas. También incorpora la formación en ciudadanía digital a la Ley de Educación provincial 13.688, con contenidos transversales y progresivos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso crítico de la tecnología. El objetivo es garantizar el derecho de los estudiantes bonaerenses a una convivencia digital segura.

El texto define como violencia digital las conductas que, mediante tecnologías, puedan causar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales a niños, niñas y adolescentes. Entre ellas incluye la obtención o difusión sin consentimiento de material íntimo, incluso el producido o editado con inteligencia artificial, el acoso, las amenazas, la extorsión, el control o espionaje de la actividad virtual, los accesos no autorizados a dispositivos o cuentas y la difusión de datos personales. También contempla los discursos de odio misóginos.

Otro eje es la capacitación del personal del sistema educativo, que será obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación escolar y directivos, con herramientas para detectar a tiempo situaciones de violencia digital y actuar. La ley prevé además la actualización de los protocolos de intervención y un rol específico para las familias, los centros de estudiantes y los referentes juveniles. El texto definitivo se conocerá con su promulgación y publicación en el Boletín Oficial.

Un recorrido con idas y vueltas

El proyecto de Mendoza obtuvo media sanción en Diputados a fines de agosto. El Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, lo aprobó el 6 de octubre con modificaciones, luego de unificarlo con un proyecto de la senadora Laura Clark, también de Fuerza Patria. Del texto de Mendoza se tomó el enfoque de convivencia digital segura, la ciudadanía digital, la capacitación y los protocolos; del de Clark, la creación del Programa EMA. Esos cambios obligaron a una nueva votación en Diputados.

Cuando el proyecto obtuvo la media sanción, Mendoza apuntó contra La Libertad Avanza: denunció que sus integrantes en la Comisión de Educación votaron en contra y rechazaron el dictamen necesario para avanzar con la ley. “Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls”, dijo la legisladora, en referencia a quienes alimentan la violencia digital. En esa sesión también citó un dato de UNICEF: el 61% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina manifestó haber sufrido alguna violencia a partir del uso de pantallas, incluidos los grupos de WhatsApp.

Santa Fe abrió el camino y la ley nacional no avanzó

Buenos Aires llega después de Santa Fe, que el 30 de julio se convirtió en la primera provincia en sancionar una ley específica contra la violencia digital en las escuelas, a partir de un proyecto de la diputada provincial Celia Arena. Esa norma alcanza a todos los establecimientos educativos, estatales y privados, y se elaboró en consonancia con el proyecto nacional de Mónica Macha, hoy senadora bonaerense, junto a Laura Sánchez y organizaciones que publicaron la Guía Ema.

Ese proyecto nacional, que crea un programa nacional de prevención e invita a las provincias a adherir, no había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación a fines de julio. El marco nacional vigente es la Ley Olimpia (27.736), sancionada en 2023, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género. Según las fuentes consultadas, no existe una ley nacional específica para el ámbito escolar.

Del dolor a la política pública

Mendoza celebró la sanción en sus redes con un “¡TENEMOS LEY EMA!” y la definió como el fruto del trabajo de Laura Sánchez, “la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Sánchez había anticipado semanas atrás, al celebrar la unificación de los proyectos en el Senado, que “seguro a fin de año” tendrían la ley.

La Ley Ema desplaza el eje del problema: la violencia digital deja de ser un asunto que cada familia o cada equipo directivo resuelve como puede y pasa a ser una responsabilidad del sistema educativo. El desafío que queda abierto es la implementación: la ley sirve si llega a cada escuela con capacitación y recursos, algo que recién se verá en la reglamentación.

Lo que tenés que saber:

  • Diputados bonaerense sancionó la Ley Ema el martes 20 de octubre, al aceptar los cambios del Senado.
  • La ley crea el Programa EMA para escuelas públicas y privadas e incorpora la ciudadanía digital a la Ley de Educación 13.688.
  • Incluye como violencia digital la difusión sin consentimiento de material íntimo, también el creado con inteligencia artificial.
  • Establece capacitación obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación y directivos.
  • Santa Fe fue la primera provincia en sancionar una ley específica, el 30 de julio.

Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de crisis, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida: la línea 135 es gratuita desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el (011) 5275-1135 funciona desde todo el país.

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