DDHH
Batalla parlamentaria por la SIDE: el oficialismo demora el debate y la oposición busca rechazar el DNU
LLA buscará demorar el tratamiento parlamentario para ganar tiempo, mientras la oposición exige la regularización de las bicamerales de control y planea abrir el recinto en febrero para derogar el decreto.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ La Libertad Avanza buscará demorar en el Congreso Nacional el debate sobre el DNU de la reforma de la ley de inteligencia, a fin de frenar la embestida de la oposición que buscará derogar ese decreto en el mes de febrero. Los bloques opositores de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda quieren derogar el DNU 941/2025 y consideran que la ley no establece que no se puede debatir en el receso o extraordinarias, aunque es poco probable que puedan abrir el recinto de sesiones antes que comiencen el período ordinario.
El Gobierno tiene plazo hasta el 15 de enero para comunicar el dictado del DNU al Congreso y la Comisión Bicameral Permanente tiene luego diez días hábiles para emitir dictamen. Si la comisión no lo hace, se puede tratar sin despacho en el recinto de sesiones, según establece la Ley 26.122.
De acuerdo a la ley, el DNU se puede convalidar con el aval de una sola cámara, mientras que su rechazo se debe hacer con la votación de las dos cámaras del Congreso. Esta asimetría favorece al oficialismo en la disputa parlamentaria.
La estrategia opositora: abrir el recinto en febrero
Fuentes legislativas opositoras señalaron que varios especialistas en derecho constitucional consideran que se puede abrir el recinto en febrero para tratar la derogación del DNU, pero señalaron que no será «fácil» y que primero se debe garantizar los 129 diputados para tener quórum y los votos para voltear esa norma del Gobierno.
Hasta ahora, los opositores estarían reuniendo 120 legisladores, con lo cual necesitarían al menos nueve de los bloques provinciales o la UCR para alcanzar el quórum mínimo. Los opositores rechazaron con énfasis los puntos más polémicos del decreto, que incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.
Exigencia de regularización de las bicamerales
La primera reacción de Provincias Unidas fue reclamar a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem que se conformen las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los organismos de inteligencia.
En una nota firmada por Maximiliano Ferraro y otros legisladores, le piden a Villarruel y Menem que se proceda a la «regularización y designación de los integrantes de las Comisiones Bicamerales Permanentes de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de Trámite Legislativo».
«Asimismo, solicitamos que, una vez cumplidos los plazos constitucionales y los previstos en la Ley 26.122, se convoque de forma urgente e inmediata a la Comisión de Trámite Legislativo a fin de considerar la validez del DNU y sus reformas en materia de inteligencia», dice la nota.
La Comisión Bicameral Permanente debe estudiar la validez del DNU, mientras que la comisión sobre inteligencia hace una fiscalización de las tareas que realiza la SIDE. La comisión que monitorea los DNU tiene 16 miembros (8 senadores y 8 diputados) y la presidencia este año le corresponde al Senado, ya que en 2025 la titularidad la ejerció el diputado del MID, Oscar Zago.
Posiciones dispares: PRO y UCR en la indefinición
El PRO prefirió la cautela y dejó trascender que un equipo especializado se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. Señalaron que «la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».
La UCR y los bloques dialoguistas no expusieron su punto de vista sobre el DNU del Gobierno, lo cual le da margen al oficialismo para que pueda al menos convencer a esos legisladores que no den quórum cuando la oposición quiera derogar ese DNU, señalaron fuentes legislativas.
Marco legal: la Ley 26.122
La Ley 26.122 establece que el jefe de Gabinete en un plazo de diez días debe comunicar a la Comisión de Trámite Legislativo el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Fija que «en caso de que el Jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del Jefe de Gabinete».
También dispone que vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras «se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional».
Uno de los puntos que argumentan los opositores para tratarlo en febrero es que la ley establece que luego de vencido los plazos, el plenario de ambas cámaras «deben darle inmediato y expreso tratamiento».
Rechazo conjunto: Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal
Los bloques de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazaron el DNU que reforma la Ley de Inteligencia y exigieron restablecer el control parlamentario sobre las actividades de la SIDE. «El Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU», coincidieron.
Los bloques señalaron que «el decreto introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener ‘carácter encubierto’, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario».
«Extiende, además, la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta», expresaron.
Las bancadas opositoras también expresaron que «el DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias». «Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y exigimos que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad», agregaron.
Puntos clave
• La Libertad Avanza buscará demorar el debate parlamentario del DNU de inteligencia mientras la oposición planea abrir el recinto en febrero para derogarlo.
• El Gobierno tiene plazo hasta el 15 de enero para comunicar el DNU al Congreso y la bicameral tiene diez días hábiles para emitir dictamen.
• Los opositores necesitan reunir 129 diputados para tener quórum, pero hasta ahora cuentan con aproximadamente 120 legisladores.
• Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal exigieron la regularización de las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y Fiscalización de Inteligencia.
• El PRO y la UCR mantienen posiciones indefinidas, lo que le da margen al oficialismo para evitar el quórum necesario para derogar el decreto.
CABA
Violencia institucional: liberaron a Rocío tras violenta detención por viajar en subte con su perro
La joven viajaba con su mascota a la veterinaria y terminó tirada boca abajo y esposada por la Policía de la Ciudad en la estación Castro Barros. La liberaron el sábado por la tarde, después de pasar la noche detenida por supuesto «atentado y resistencia a la autoridad».
Un tackle, una joven boca abajo contra el piso del andén y unas esposas que se aflojaron recién cuando los policías advirtieron que los pasajeros estaban filmando. Así terminó el viaje de una mujer que intentó llevar a su perra a la veterinaria en el subte porteño. Una infracción a la normativa de transporte de mascotas se convirtió en casi 24 horas de privación de la libertad.
La joven, identificada como Rocío por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), fue detenida el viernes por la tarde, cerca de las 17, por efectivos de la Policía de la Ciudad en la estación Castro Barros de la línea A, en el barrio de Almagro. La acusaron de «atentado y resistencia a la autoridad» y la detención fue ordenada por la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de Santiago Lipera. Recuperó la libertad en la tarde del sábado.
La versión oficial y lo que muestran los videos
Según el parte policial que difundió el Ministerio de Seguridad porteño, la mujer subió con un perro a una formación sin respetar la normativa vigente; personal policial y de Emova, la concesionaria del servicio, le advirtió que debía bajar, y la joven «se negó a descender, insultó y escupió a un oficial». Rocío niega haber escupido o insultado a ningún agente.
Los videos grabados por pasajeros, que circularon masivamente en redes sociales, muestran a dos policías varones forcejeando con la joven hasta tirarla al piso y esposarla, mientras una agente mujer interviene en el procedimiento. Uno de los efectivos la derribó boca abajo con un tackle, y cuando los uniformados notaron que estaban siendo filmados le aflojaron las esposas. En la grabación, un oficial identificado como González se acerca a una pasajera y sostiene que la joven lo había agredido.
Más tarde, cuando Rocío intentó sacar el teléfono para comunicarse con el veterinario, un efectivo la arrinconó contra la pared. «No soy un delincuente», se la escucha gritar. Finalmente, los tres agentes la esposaron con las manos a la espalda y la dejaron de pie en el andén. La escena expone una desproporción evidente entre la falta que se le atribuye y el despliegue de fuerza con que se la redujo.
Qué dice la norma sobre mascotas en el subte
La Ley 5.687 de la Ciudad y su Decreto Reglamentario 31/2017 permiten viajar con perros y gatos en el subte solo los sábados desde las 13, los domingos y los feriados. Cada pasajero adulto puede llevar un único animal, que debe ir dentro de una caja o bolso transportador cerrado y ventilado.
El viernes era día hábil, por lo que el traslado de la perra no estaba habilitado. Pero la normativa regula una condición de viaje, no habilita a convertir a una pasajera en sospechosa de un delito ni a reducirla en el piso de una estación. La imputación por atentado y resistencia a la autoridad se apoya íntegramente en el relato del propio agente que participó del procedimiento.
Una noche detenida y el reclamo de los organismos de DDHH
Rocío pasó la noche del viernes privada de su libertad y fue liberada en la tarde del sábado. Su perra quedó al cuidado de una amiga. Durante su detención recibió asistencia de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y de un abogado.
Antes de la liberación, el CeProDH difundió un pronunciamiento en sus redes sociales: «Exigimos libertad inmediata de Rocío, detenida ayer por la policía de Jorge Macri por estar en el subte con su perro. Sigue detenida de manera arbitraria como muchas otras personas ante la política represiva del Gobierno de la Ciudad».
La legisladora porteña Amanda Martín también cuestionó el accionar de los efectivos y sostuvo que la violencia policial se volvió parte de la vida cotidiana en la Ciudad. El caso vuelve a poner bajo la lupa la política de seguridad de la gestión de Jorge Macri, donde la respuesta a un conflicto menor en el transporte público terminó en violencia institucional, esposas, calabozo y una causa penal.
Lo que tenés que saber:
- Rocío fue detenida el viernes por la tarde en la estación Castro Barros de la línea A, cuando viajaba con su perra a la veterinaria.
- La Policía de la Ciudad la acusó de «atentado y resistencia a la autoridad»; la detención la ordenó la Unidad de Flagrancia Oeste.
- El parte oficial sostiene que insultó y escupió a un oficial; ella lo niega.
- Videos de pasajeros muestran cómo la tiraron al piso y la esposaron.
- Fue liberada el sábado por la tarde, tras el reclamo del CeProDH y con asistencia de CORREPI.
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