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★ La Libertad Avanza buscará demorar en el Congreso Nacional el debate sobre el DNU de la reforma de la ley de inteligencia, a fin de frenar la embestida de la oposición que buscará derogar ese decreto en el mes de febrero. Los bloques opositores de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda quieren derogar el DNU 941/2025 y consideran que la ley no establece que no se puede debatir en el receso o extraordinarias, aunque es poco probable que puedan abrir el recinto de sesiones antes que comiencen el período ordinario.

El Gobierno tiene plazo hasta el 15 de enero para comunicar el dictado del DNU al Congreso y la Comisión Bicameral Permanente tiene luego diez días hábiles para emitir dictamen. Si la comisión no lo hace, se puede tratar sin despacho en el recinto de sesiones, según establece la Ley 26.122.

De acuerdo a la ley, el DNU se puede convalidar con el aval de una sola cámara, mientras que su rechazo se debe hacer con la votación de las dos cámaras del Congreso. Esta asimetría favorece al oficialismo en la disputa parlamentaria.

La estrategia opositora: abrir el recinto en febrero

Fuentes legislativas opositoras señalaron que varios especialistas en derecho constitucional consideran que se puede abrir el recinto en febrero para tratar la derogación del DNU, pero señalaron que no será «fácil» y que primero se debe garantizar los 129 diputados para tener quórum y los votos para voltear esa norma del Gobierno.

Hasta ahora, los opositores estarían reuniendo 120 legisladores, con lo cual necesitarían al menos nueve de los bloques provinciales o la UCR para alcanzar el quórum mínimo. Los opositores rechazaron con énfasis los puntos más polémicos del decreto, que incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.

Exigencia de regularización de las bicamerales

La primera reacción de Provincias Unidas fue reclamar a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem que se conformen las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los organismos de inteligencia.

En una nota firmada por Maximiliano Ferraro y otros legisladores, le piden a Villarruel y Menem que se proceda a la «regularización y designación de los integrantes de las Comisiones Bicamerales Permanentes de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de Trámite Legislativo».

«Asimismo, solicitamos que, una vez cumplidos los plazos constitucionales y los previstos en la Ley 26.122, se convoque de forma urgente e inmediata a la Comisión de Trámite Legislativo a fin de considerar la validez del DNU y sus reformas en materia de inteligencia», dice la nota.

La Comisión Bicameral Permanente debe estudiar la validez del DNU, mientras que la comisión sobre inteligencia hace una fiscalización de las tareas que realiza la SIDE. La comisión que monitorea los DNU tiene 16 miembros (8 senadores y 8 diputados) y la presidencia este año le corresponde al Senado, ya que en 2025 la titularidad la ejerció el diputado del MID, Oscar Zago.

Posiciones dispares: PRO y UCR en la indefinición

El PRO prefirió la cautela y dejó trascender que un equipo especializado se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. Señalaron que «la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».

La UCR y los bloques dialoguistas no expusieron su punto de vista sobre el DNU del Gobierno, lo cual le da margen al oficialismo para que pueda al menos convencer a esos legisladores que no den quórum cuando la oposición quiera derogar ese DNU, señalaron fuentes legislativas.

Marco legal: la Ley 26.122

La Ley 26.122 establece que el jefe de Gabinete en un plazo de diez días debe comunicar a la Comisión de Trámite Legislativo el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Fija que «en caso de que el Jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del Jefe de Gabinete».

También dispone que vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras «se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional».

Uno de los puntos que argumentan los opositores para tratarlo en febrero es que la ley establece que luego de vencido los plazos, el plenario de ambas cámaras «deben darle inmediato y expreso tratamiento».

Rechazo conjunto: Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal

Los bloques de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazaron el DNU que reforma la Ley de Inteligencia y exigieron restablecer el control parlamentario sobre las actividades de la SIDE. «El Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU», coincidieron.

Los bloques señalaron que «el decreto introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener ‘carácter encubierto’, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario».

«Extiende, además, la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta», expresaron.

Las bancadas opositoras también expresaron que «el DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias». «Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y exigimos que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad», agregaron.

Puntos clave

• La Libertad Avanza buscará demorar el debate parlamentario del DNU de inteligencia mientras la oposición planea abrir el recinto en febrero para derogarlo.

• El Gobierno tiene plazo hasta el 15 de enero para comunicar el DNU al Congreso y la bicameral tiene diez días hábiles para emitir dictamen.

• Los opositores necesitan reunir 129 diputados para tener quórum, pero hasta ahora cuentan con aproximadamente 120 legisladores.

• Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal exigieron la regularización de las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y Fiscalización de Inteligencia.

• El PRO y la UCR mantienen posiciones indefinidas, lo que le da margen al oficialismo para evitar el quórum necesario para derogar el decreto.