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Gremiales

Conductores Navales advierten sobre despidos masivos por la desregulación del transporte fluvial

El sindicato del sector marítimo rechaza el proyecto del gobierno y denuncia que abrir el cabotaje a banderas extranjeras pone en riesgo miles de empleos.

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Lo que tenés que saber:

  • SICONARA denuncia que el gobierno busca eliminar la Ley de Cabotaje de forma encubierta.
  • Advierten que la desregulación facilitaría despidos masivos y precarización laboral.
  • Mariano Vilar alertó que no fueron convocados al diálogo pese a reiterados pedidos.
  • El gremio anunció un amparo judicial y anticipa medidas de fuerza, incluso en la pesca.
  • Se cuestiona que la normativa propuesta beneficia a empresas extranjeras en perjuicio de los trabajadores argentinos.

SICONARA rechaza la desregulación del transporte marítimo

El Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) expresó su firme oposición a la iniciativa del gobierno que busca desregular el transporte por agua. Según el gremio, el proyecto implica un intento encubierto de eliminar la Ley de Cabotaje y favorecer la presencia de flotas extranjeras en detrimento de la industria nacional.

«Rechazamos tajantemente el proyecto de decreto que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado», declaró Mariano Vilar, secretario general de SICONARA, quien remarcó que la medida pone en riesgo el empleo en el sector.

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Riesgo de despidos y precarización laboral

Desde el sindicato señalan que, en lugar de equilibrar las diferencias en los costos operativos entre los buques de bandera nacional y sus competidores regionales, el gobierno impulsa «un régimen de excepción que significa, lisa y llanamente, la desaparición del cabotaje marítimo y fluvial nacional».

Vilar cuestionó que el Ejecutivo nunca convocó al gremio para discutir el tema y denunció la falta de diálogo. «Sin vocación democrática, el gobierno rehúye al diálogo y, de espalda a los trabajadores, pretende entregar nuestra soberanía nacional bajando el pabellón argentino de los buques mercantes, abriendo el cabotaje a banderas extranjeras y derogando todos los convenios colectivos de trabajo que nos rigen actualmente».

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Un marco legal que facilita el despido

El dirigente sindical advirtió sobre el impacto negativo que la desregulación tendría en la legislación laboral vigente. «La desregulación violenta a la legislación argentina y favorece a las empresas al otorgarles todas las facilidades para echar gente, como es el caso del pago de indemnizaciones equivalentes a 10 días de salario básico o, incluso, llegar al absurdo de otorgar licencias sin goce de sueldo por 10 años. Básicamente, te echan gratis».

Además, alertó sobre una posible ola de despidos. «Esto no se puede pasar por alto y es nuestra obligación oponernos rotundamente. La medida afecta directamente a las fuentes de empleo y supone la pérdida masiva de puestos de trabajo, ya que, de mínima, perderán el trabajo aquellos trabajadores que están gozando de sus francos. Además, el decreto procura cercenar el derecho a huelga».

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Posibles medidas de fuerza y amparo judicial

Ante este escenario, SICONARA anticipó una serie de acciones legales y gremiales para frenar la normativa impulsada por el Ejecutivo. Vilar llamó a la unidad de los trabajadores del sector y sostuvo que la organización está lista para tomar medidas drásticas.

«La avanzada del gobierno sobre nuestros derechos exige que nos mantengamos más unidos que nunca. No sólo vienen por nuestros derechos, sino que también vienen por nuestras fuentes de empleo y nuestros recursos naturales. Ya estamos trabajando en un amparo judicial y también tenemos el mandato de Asamblea para paralizar todas las actividades, incluida la pesca, y apelar a cualquier medida de fuerza que consideremos necesaria para la defensa de nuestras fuentes de trabajo, de la soberanía nacional y la independencia económica de nuestro país», concluyó.

Gremiales

Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros

Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.

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La Corte abrió la puerta a la entrega de tierras y la calle responde con contundencia.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.

La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.

Una decisión que habilita la extranjerización

El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.

«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».

La oposición busca quórum para derogar el DNU

El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.

La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.

Bregman apunta al corazón político del fallo

La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.

La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.

Lo que tenés que saber:

  • La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
  • El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
  • Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
  • La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
  • La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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