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Gremiales

Conductores Navales advierten sobre despidos masivos por la desregulación del transporte fluvial

El sindicato del sector marítimo rechaza el proyecto del gobierno y denuncia que abrir el cabotaje a banderas extranjeras pone en riesgo miles de empleos.

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Lo que tenés que saber:

  • SICONARA denuncia que el gobierno busca eliminar la Ley de Cabotaje de forma encubierta.
  • Advierten que la desregulación facilitaría despidos masivos y precarización laboral.
  • Mariano Vilar alertó que no fueron convocados al diálogo pese a reiterados pedidos.
  • El gremio anunció un amparo judicial y anticipa medidas de fuerza, incluso en la pesca.
  • Se cuestiona que la normativa propuesta beneficia a empresas extranjeras en perjuicio de los trabajadores argentinos.

SICONARA rechaza la desregulación del transporte marítimo

El Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) expresó su firme oposición a la iniciativa del gobierno que busca desregular el transporte por agua. Según el gremio, el proyecto implica un intento encubierto de eliminar la Ley de Cabotaje y favorecer la presencia de flotas extranjeras en detrimento de la industria nacional.

«Rechazamos tajantemente el proyecto de decreto que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado», declaró Mariano Vilar, secretario general de SICONARA, quien remarcó que la medida pone en riesgo el empleo en el sector.

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Riesgo de despidos y precarización laboral

Desde el sindicato señalan que, en lugar de equilibrar las diferencias en los costos operativos entre los buques de bandera nacional y sus competidores regionales, el gobierno impulsa «un régimen de excepción que significa, lisa y llanamente, la desaparición del cabotaje marítimo y fluvial nacional».

Vilar cuestionó que el Ejecutivo nunca convocó al gremio para discutir el tema y denunció la falta de diálogo. «Sin vocación democrática, el gobierno rehúye al diálogo y, de espalda a los trabajadores, pretende entregar nuestra soberanía nacional bajando el pabellón argentino de los buques mercantes, abriendo el cabotaje a banderas extranjeras y derogando todos los convenios colectivos de trabajo que nos rigen actualmente».

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Un marco legal que facilita el despido

El dirigente sindical advirtió sobre el impacto negativo que la desregulación tendría en la legislación laboral vigente. «La desregulación violenta a la legislación argentina y favorece a las empresas al otorgarles todas las facilidades para echar gente, como es el caso del pago de indemnizaciones equivalentes a 10 días de salario básico o, incluso, llegar al absurdo de otorgar licencias sin goce de sueldo por 10 años. Básicamente, te echan gratis».

Además, alertó sobre una posible ola de despidos. «Esto no se puede pasar por alto y es nuestra obligación oponernos rotundamente. La medida afecta directamente a las fuentes de empleo y supone la pérdida masiva de puestos de trabajo, ya que, de mínima, perderán el trabajo aquellos trabajadores que están gozando de sus francos. Además, el decreto procura cercenar el derecho a huelga».

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Posibles medidas de fuerza y amparo judicial

Ante este escenario, SICONARA anticipó una serie de acciones legales y gremiales para frenar la normativa impulsada por el Ejecutivo. Vilar llamó a la unidad de los trabajadores del sector y sostuvo que la organización está lista para tomar medidas drásticas.

«La avanzada del gobierno sobre nuestros derechos exige que nos mantengamos más unidos que nunca. No sólo vienen por nuestros derechos, sino que también vienen por nuestras fuentes de empleo y nuestros recursos naturales. Ya estamos trabajando en un amparo judicial y también tenemos el mandato de Asamblea para paralizar todas las actividades, incluida la pesca, y apelar a cualquier medida de fuerza que consideremos necesaria para la defensa de nuestras fuentes de trabajo, de la soberanía nacional y la independencia económica de nuestro país», concluyó.

Economía 💲

Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda

Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.

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Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.

Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.

El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».

40,5% de caída real del salario en dos años y medio

El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.

La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.

Del banco a la fintech: el circuito de la usura

La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.

Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».

El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.

Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados

El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.

La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.

El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.

Las exigencias del gremio

Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».

  • El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
  • La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
  • El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
  • Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
  • Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.

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