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Gremiales

Conductores Navales advierten sobre despidos masivos por la desregulación del transporte fluvial

El sindicato del sector marítimo rechaza el proyecto del gobierno y denuncia que abrir el cabotaje a banderas extranjeras pone en riesgo miles de empleos.

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Lo que tenés que saber:

  • SICONARA denuncia que el gobierno busca eliminar la Ley de Cabotaje de forma encubierta.
  • Advierten que la desregulación facilitaría despidos masivos y precarización laboral.
  • Mariano Vilar alertó que no fueron convocados al diálogo pese a reiterados pedidos.
  • El gremio anunció un amparo judicial y anticipa medidas de fuerza, incluso en la pesca.
  • Se cuestiona que la normativa propuesta beneficia a empresas extranjeras en perjuicio de los trabajadores argentinos.

SICONARA rechaza la desregulación del transporte marítimo

El Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) expresó su firme oposición a la iniciativa del gobierno que busca desregular el transporte por agua. Según el gremio, el proyecto implica un intento encubierto de eliminar la Ley de Cabotaje y favorecer la presencia de flotas extranjeras en detrimento de la industria nacional.

«Rechazamos tajantemente el proyecto de decreto que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado», declaró Mariano Vilar, secretario general de SICONARA, quien remarcó que la medida pone en riesgo el empleo en el sector.

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Riesgo de despidos y precarización laboral

Desde el sindicato señalan que, en lugar de equilibrar las diferencias en los costos operativos entre los buques de bandera nacional y sus competidores regionales, el gobierno impulsa «un régimen de excepción que significa, lisa y llanamente, la desaparición del cabotaje marítimo y fluvial nacional».

Vilar cuestionó que el Ejecutivo nunca convocó al gremio para discutir el tema y denunció la falta de diálogo. «Sin vocación democrática, el gobierno rehúye al diálogo y, de espalda a los trabajadores, pretende entregar nuestra soberanía nacional bajando el pabellón argentino de los buques mercantes, abriendo el cabotaje a banderas extranjeras y derogando todos los convenios colectivos de trabajo que nos rigen actualmente».

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Un marco legal que facilita el despido

El dirigente sindical advirtió sobre el impacto negativo que la desregulación tendría en la legislación laboral vigente. «La desregulación violenta a la legislación argentina y favorece a las empresas al otorgarles todas las facilidades para echar gente, como es el caso del pago de indemnizaciones equivalentes a 10 días de salario básico o, incluso, llegar al absurdo de otorgar licencias sin goce de sueldo por 10 años. Básicamente, te echan gratis».

Además, alertó sobre una posible ola de despidos. «Esto no se puede pasar por alto y es nuestra obligación oponernos rotundamente. La medida afecta directamente a las fuentes de empleo y supone la pérdida masiva de puestos de trabajo, ya que, de mínima, perderán el trabajo aquellos trabajadores que están gozando de sus francos. Además, el decreto procura cercenar el derecho a huelga».

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Posibles medidas de fuerza y amparo judicial

Ante este escenario, SICONARA anticipó una serie de acciones legales y gremiales para frenar la normativa impulsada por el Ejecutivo. Vilar llamó a la unidad de los trabajadores del sector y sostuvo que la organización está lista para tomar medidas drásticas.

«La avanzada del gobierno sobre nuestros derechos exige que nos mantengamos más unidos que nunca. No sólo vienen por nuestros derechos, sino que también vienen por nuestras fuentes de empleo y nuestros recursos naturales. Ya estamos trabajando en un amparo judicial y también tenemos el mandato de Asamblea para paralizar todas las actividades, incluida la pesca, y apelar a cualquier medida de fuerza que consideremos necesaria para la defensa de nuestras fuentes de trabajo, de la soberanía nacional y la independencia económica de nuestro país», concluyó.

Gremiales

El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento

El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.

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Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei

Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.

El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.

Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.

El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.

«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle

Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.

En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.

A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.

El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones

El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.

Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.

El Congreso presiona al Ejecutivo

La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.

Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.

El ajuste sobre los jubilados, en números

El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.

Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.

Puntos clave

  • Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
  • Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
  • El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
  • La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
  • La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.

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