Presidencia
Cerro Negro: nueva audiencia clave por los despidos en Olavarría
El Ministerio de Trabajo provincial convocó a otra reunión para negociar el futuro de los empleados. Mientras tanto, la empresa sigue firme en su decisión.
Lo que tenés que saber:
- Cerro Negro busca despedir a 96 trabajadores de su planta en Olavarría.
- El Gobierno dictó conciliación obligatoria por 15 días para frenar las cesantías.
- La empresa argumenta que la crisis en la construcción afecta su producción.
- El sindicato ceramista exige alternativas para preservar los puestos de trabajo.
- La Iglesia expresó su preocupación y pidió priorizar el bienestar social.
Nueva audiencia para intentar destrabar el conflicto en Cerro Negro
La disputa laboral en la empresa ceramista Cerro Negro sigue sin solución y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a una nueva audiencia el próximo lunes. El objetivo es encontrar una salida a la intención de la compañía de despedir a 96 empleados de su planta en Olavarría, medida que mantiene en alerta al sector gremial y a la comunidad.
El gremio SOECO (Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría) insiste en la necesidad de negociar para evitar las desvinculaciones. Sin embargo, la empresa sostiene que la baja en la demanda de materiales obliga a reducir personal para mantener su estructura operativa.
Postura de la empresa y reacción sindical
Cerro Negro argumenta que la caída de la actividad en la construcción impactó en sus ventas y que no puede sostener la actual plantilla de empleados. Por ello, tomó la decisión de cerrar una línea de producción de pisos, lo que derivó en los despidos anunciados.
Desde el sindicato, en cambio, sostienen que la compañía debió evaluar otras medidas antes de tomar esta decisión drástica. “Estamos buscando una solución que no implique la pérdida de tantos puestos de trabajo, pero la empresa sigue firme en su postura”, indicaron fuentes gremiales.
El rol del Gobierno y la conciliación obligatoria
El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, lo que detuvo momentáneamente tanto los despidos como cualquier medida de fuerza por parte del gremio. Esta instancia de 15 días es la última oportunidad para llegar a un acuerdo, pero hasta ahora la empresa no mostró señales de modificar su postura.
La preocupación de la Iglesia
Ante la incertidumbre, la Pastoral Social de Azul emitió un comunicado en el que manifestó su “honda preocupación” por la situación de los trabajadores. En el mensaje, la institución advirtió que “el privilegio de lo económico sobre lo humano tiene consecuencias que desdichadamente ya conocemos” y señaló que el desarrollo económico no debe darse “en detrimento del crecimiento humano, social y laboral”.
Además, la Iglesia enfatizó que el impacto no se limita solo a los empleados despedidos, sino que afecta a sus familias y a toda la comunidad de Olavarría. Por ello, pidió que las negociaciones logren preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.
Un panorama incierto de cara a la audiencia del lunes
El conflicto de Cerro Negro refleja la crisis que atraviesa la industria de la construcción en Argentina. La paralización de la obra pública y la caída de la actividad golpearon a varias empresas del sector, generando despidos y recortes.
La audiencia del lunes será clave para definir el futuro de los trabajadores. El sindicato mantiene la esperanza de abrir una nueva instancia de diálogo, pero la postura de la empresa sigue sin cambios.
Coparticipación
El ajuste de Milei deja a La Rioja sin Juegos Evita: sin fondos, sin deportistas
La Rioja no podrá enviar delegación a la final de los Juegos Nacionales Evita 2026 en Mar del Plata. El gobierno de Quintela reconoció la imposibilidad económica mientras la Nación acumula una deuda de más de 1.300 millones de dólares con la provincia y la Corte Suprema ya intervino para intentar conciliar el conflicto.
Mientras el gobierno de Javier Milei recortó los fondos extracoparticipables a las provincias opositoras desde su primer día de gestión, La Rioja paga el costo con la exclusión de sus deportistas de los Juegos Nacionales Evita 2026, cuya final se disputará en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. El anuncio, formalizado el 1 de octubre por el secretario de Deportes, Recreación e Inclusión provincial, Jorge Córdoba, sorprendió a entrenadores que todavía analizaban cómo conformar sus equipos.
El secretario Córdoba reconoció la imposibilidad económica de afrontar los costos de traslado y manutención de la delegación. Lo que el contexto provincial vuelve inevitable es que esa imposibilidad tiene nombre y apellido: la sistemática retención de fondos coparticipables y transferencias no automáticas que el gobierno nacional lleva adelante hacia las provincias gobernadas por la oposición. La Rioja es, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la provincia donde más cayeron las transferencias no automáticas desde Nación, con una reducción interanual del 96% acumulada en el primer semestre de 2024.
Una deuda que la Corte tuvo que intervenir para visibilizar
El reclamo de la provincia no es nuevo ni menor. El gobernador Ricardo Quintela lleva años denunciando que la Nación acumula una deuda histórica con La Rioja por un punto de coparticipación del que fue despojada en 1988. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese porcentaje equivale a 621.000 millones de pesos que no fueron contemplados en el Presupuesto 2026. El total de la deuda acumulada, según el gobierno riojano, supera los 1.300 millones de dólares.
La disputa escaló a la justicia: la Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre representantes del gobierno de Quintela y del gobierno de Milei para abordar el litigio. El abogado de La Rioja ante el máximo tribunal es el exsenador Jorge Yoma, quien también se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos para discutir los 320 millones de dólares que la Nación reconoció como deuda con la provincia.
La situación llegó a su punto más crítico cuando La Rioja no pudo afrontar vencimientos de su deuda en dólares por 26,2 millones, una obligación que su propio ministerio de Hacienda atribuyó a las limitaciones generadas por la contracción de la economía argentina, la alta inflación, la devaluación de diciembre de 2023 y, fundamentalmente, el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación. Quintela fue explícito al señalar que Milei tomó a La Rioja y a la provincia de Buenos Aires como enemigos, en un escenario donde la paralización de la obra pública resultó fenomenal.
Los deportistas: el daño colateral del ajuste político
En ese marco de asfixia presupuestaria, la baja de La Rioja de los Juegos Evita 2026 no es un hecho aislado ni una falla de gestión provincial. Es la consecuencia directa y previsible de una política de castigo económico a las provincias opositoras que el gobierno libertario viene aplicando desde diciembre de 2023. El secretario Córdoba reconoció que los entrenadores de futsal masculino y femenino todavía no habían sido informados cuando él ya sabía que la provincia no iba a participar, una situación que da cuenta del golpe abrupto que significó la decisión.
La exclusión de La Rioja se suma a una tendencia más amplia. En la edición 2025 de los Juegos Evita, siete provincias, entre ellas Buenos Aires y varias patagónicas, amenazaron con no participar porque el gobierno nacional ofreció cubrir solo el 20% de los gastos de traslado, alojamiento y comida, cuando la ley 26.462 garantizaba históricamente el financiamiento pleno de las delegaciones provinciales. El diputado provincial Gustavo Pulti calculó que, para sostener los juegos con la misma inversión que en 2023 actualizada por inflación, la Nación debería destinar 779 millones de pesos, una cifra que el gobierno de Milei simplemente decidió no garantizar.
Mientras tanto, provincias aliadas al gobierno nacional, como Santa Fe, que se consagró bicampeona en los Juegos Evita 2025 con 327 deportistas, pudieron mantener sus delegaciones sin las restricciones que enfrentan los distritos opositores. La brecha entre las provincias que reciben el respaldo de Nación y las que son tratadas como adversarios políticos se traduce, en el deporte, en chicos y chicas que no pueden competir.
Atacalar suspendido: el ajuste regional también golpea
La baja de los Juegos Evita no fue el único golpe deportivo de la semana para La Rioja. El secretario Córdoba también informó la suspensión de los Juegos Atacalar, el certamen regional que reúne a representaciones de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y la provincia chilena de Atacama. La organización estaba a cargo de Catamarca, y desde ese distrito llegó la comunicación de la cancelación por razones económicas. El cuadro es el mismo en toda la región: el ajuste de la administración libertaria no reconoce fronteras provinciales cuando los fondos dejan de llegar.
La provincia procura mantener la participación en los Juegos Urbanos Argentinos y en los Juegos HAGAR Junior, señalados como alternativas para deportistas en proyección. Pero la escala y el alcance de los Juegos Evita no tienen equivalente: la edición 2025 reunió a más de 8.600 participantes de todo el país en 40 disciplinas. Para los jóvenes deportistas riojanos que venían preparándose, la baja no es un trámite administrativo; es la clausura de una oportunidad que no se repite.
Quintela, marginado de las reuniones que la Casa Rosada extendió a los gobernadores más alineados con el gobierno nacional, sigue la misma estrategia que Axel Kicillof en Buenos Aires: denunciar la discriminación presupuestaria y pelear en los tribunales lo que no se obtiene en la mesa de negociación. Pero mientras los pleitos judiciales avanzan a ritmo de expediente, son los deportistas los que pierden su lugar en la largada.
Lo que tenés que saber:
- La Rioja no participará de los Juegos Nacionales Evita 2026 por falta de recursos para costear el traslado y la manutención de la delegación.
- La Nación acumula una deuda con La Rioja que el gobierno de Quintela estima en más de 1.300 millones de dólares, incluyendo fondos de coparticipación retenidos desde 1988.
- La Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre la provincia y el Estado nacional por el litigio del punto de coparticipación despojado en 1988.
- Los Juegos Atacalar, certamen regional del Norte Grande, también fueron suspendidos por problemas económicos.
- En 2025, siete provincias opositoras amenazaron con no participar en los Juegos Evita porque el gobierno nacional solo ofreció cubrir el 20% de los gastos de las delegaciones.
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