Gremiales
Masivo abrazo simbólico por los medios públicos y contra el fraude laboral
Más de mil trabajadores reclamaron frente a la TV Pública por sueldos congelados, fraude laboral y el uso indebido de bienes estatales por la gestión actual.
Lo que tenés que saber
- El abrazo simbólico fue convocado frente al edificio de la TV Pública.
- Participaron trabajadores de Radio Nacional, RTA, Contenidos Públicos y APESAU.
- Denuncian fraude laboral, congelamiento salarial y precarización.
- La protesta incluyó un cese de tareas de tres horas.
- Reclaman fortalecimiento del rol democrático de los medios estatales.
Más de mil trabajadores abrazaron la TV Pública en defensa de los medios estatales
Este jueves se llevó a cabo una masiva jornada de protesta frente al edificio de la TV Pública, donde más de mil trabajadores de distintos medios públicos realizaron un abrazo simbólico en defensa del sistema estatal de comunicación. El acto fue una respuesta directa a la situación que atraviesan los medios públicos bajo la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA).
La convocatoria se centró en tres ejes principales: recomposición salarial, condiciones laborales dignas y rechazo al uso indebido de recursos públicos.
Congelamiento salarial y denuncia de fraude laboral
Durante el evento, voceros sindicales denunciaron: “El salario de los trabajadores de los medios públicos está congelado desde hace más de nueve meses. Esto es inadmisible, no sólo por su impacto económico, sino porque afecta directamente la calidad y sostenibilidad del servicio público de comunicación”.
El reclamo también incluyó acusaciones por fraude laboral y precarización creciente desde agosto de 2024, cuando comenzó lo que los trabajadores califican como un “deterioro sostenido” de las condiciones en el sector.
Participación de todos los medios públicos y sindicatos
La jornada fue organizada de forma conjunta por trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, Contenidos Públicos, RTA, APESAU y la TV Pública. El frente sindical estuvo integrado por SiPreBA, SatSaid, APJ y Salco, que exigieron mejoras urgentes en las condiciones de empleo y políticas claras que garanticen el funcionamiento institucional de los medios estatales.
Uso irregular de recursos públicos y consignas en defensa de la comunicación democrática
Durante el abrazo simbólico se corearon consignas como “Con salarios de pobreza no hay medios públicos” y “Sin medios públicos no hay democracia”. Los manifestantes señalaron que la actual intervención estaría “utilizando bienes públicos con fines privados o partidarios”, lo que representa un riesgo para la independencia y pluralidad informativa.
Reclamos por una política activa de fortalecimiento
Desde el SiPreBA, sindicato con mayor representación en el sector, exigieron una “recomposición salarial urgente, el fin de la precarización y una política de fortalecimiento de los medios públicos que garantice su rol democrático”. La acción de protesta incluyó además un cese de tareas de tres horas, en una muestra de unidad entre los distintos sectores que integran el ecosistema estatal de comunicación.
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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