Gremiales
S.O.S. Hospital Garrahan: alerta por la renuncia de 200 profesionales y por el vaciamiento sin control
Una nueva protesta redobla el esfuerzo por visibilizar la grave crisis que atraviesa uno de los centros de salud infantil más importantes de América Latina. Situación por la que responsabilizan al Gobierno nacional y al de la Ciudad por el ajuste presupuestario que, advierten, pone en riesgo la continuidad de la atención.
“Salvemos la salud de las y los chicos”
Una multitud de trabajadores del Hospital Garrahan rodeó este lunes el edificio ubicado en Parque Patricios para realizar un abrazo simbólico. La medida, encabezada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), buscó visibilizar lo que calificaron como “una crisis sin precedentes” en la historia del hospital pediátrico de referencia nacional e internacional.
“Ya renunciaron 200 profesionales de planta por los salarios de miseria. Si esto sigue así, el hospital va a cerrar por goteo”, alertaron desde el gremio. La protesta incluyó un cese de tareas sin afectar las urgencias ni la atención de pacientes internados y finalizó con una concentración sobre la calle Combate de los Pozos.
La consigna fue clara: “S.O.S. Garrahan. Salvemos la salud de las y los chicos. El hospital está siendo destruido por una motosierra presupuestaria”.
Renuncias masivas y desmantelamiento
Según explicó Norma Lezana, secretaria general de APyT, la situación laboral es “insostenible”. Un médico de guardia cobra apenas 7 mil pesos por hora, mientras que otros profesionales altamente capacitados perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. Esta situación, sumada al deterioro edilicio y la falta de insumos, viene provocando una ola de renuncias que pone en riesgo la continuidad de equipos interdisciplinarios clave para garantizar la atención de alta complejidad.
“El Garrahan no es un hospital común. Acá tratamos niños con enfermedades graves y complejas. Se necesita personal calificado, estable, y en condiciones dignas de trabajo”, remarcó Lezana.
El reclamo no es nuevo. Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, las organizaciones gremiales advierten por el ajuste que afecta de forma directa al sistema de salud pública. En el caso del Garrahan, el 80% de su financiamiento depende del Gobierno Nacional, mientras que el 20% restante corresponde al Ejecutivo porteño. Ambos, señalaron desde APyT, aplican una política de recorte “que pone en riesgo la vida de miles de chicos y chicas”.
Financiamiento en caída libre
Además del desfinanciamiento directo, los trabajadores denunciaron que se redujeron los fondos para mantenimiento, equipamiento y formación continua. “El hospital está funcionando, en parte, gracias a los ingresos que genera por atención a pacientes con obras sociales o prepagas. Pero eso no alcanza para sostener un servicio de excelencia como el que brindamos”, señalaron desde el gremio.
Este modelo de autofinanciamiento parcial no reemplaza el rol del Estado. Por el contrario, evidencia el vaciamiento sistemático de una institución pública que fue, durante décadas, emblema de la salud infantil gratuita y de calidad.
En tono crítico, Lezana también apuntó contra las declaraciones del presidente Milei, quien había ironizado en un programa de streaming afín al oficialismo al decir que prefería “hacer obras de teatro con rubias voluptuosas” antes que destinar fondos públicos a instituciones como el INCAA o, implícitamente, al Garrahan. “No se trata de un show. Se trata de garantizar presupuestos y salarios dignos para quienes salvan vidas”, retrucó la dirigente sindical.
Un hospital estratégico en riesgo
Fundado en 1987, el Hospital Garrahan se convirtió en un referente regional en pediatría de alta complejidad. Atiende de forma gratuita a miles de niños y niñas de todo el país y cuenta con especialidades únicas, equipos de investigación, trasplante y cirugía pediátrica. Su eventual desmantelamiento tendría consecuencias directas no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en todas las provincias que derivan pacientes a sus instalaciones.
En los últimos meses, la caída del presupuesto real asignado al área de salud, en combinación con la inflación y la dolarización de insumos médicos, aceleró el deterioro de la infraestructura y la pérdida de recursos humanos calificados.
“No queremos ver morir a este hospital. No vamos a ser cómplices del ajuste”, concluyó una de las profesionales que participó del abrazo simbólico.
El conflicto en el Hospital Garrahan expone, una vez más, las consecuencias del ajuste en áreas sensibles como la salud pública. Las renuncias masivas, la precarización del trabajo profesional y el deterioro de la infraestructura no son hechos aislados: forman parte de una política de desfinanciamiento deliberada que pone en jaque el derecho a la salud de miles de niñas y niños en Argentina. Mientras el Gobierno insiste en su plan de motosierra fiscal, los trabajadores resisten para sostener, con esfuerzo y dignidad, lo que queda de uno de los hospitales más prestigiosos del país.
Puntos destacados:
- Más de 200 profesionales de planta permanente renunciaron por los bajos salarios.
- La protesta incluyó un abrazo simbólico al hospital y cese de tareas sin afectar urgencias.
- El Garrahan depende un 80% del presupuesto nacional y un 20% del gobierno porteño.
- Médicos de guardia cobran apenas $7.000 por hora, según el gremio APyT.
- Denuncian el vaciamiento de equipos interdisciplinarios clave para la atención de alta complejidad.
- Responsabilizan a Milei y a Jorge Macri por el ajuste que pone en riesgo la continuidad del hospital.
Gremiales
Marcha Federal por la Salud: trabajadores, gremios y organizaciones le dicen basta a Milei
Bajo el lema «La salud no puede esperar», la movilización central partió desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. El presupuesto del área cayó un 40% desde que asumió Javier Milei y el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3.
Remediar sin remedios, PAMI sin presupuesto: el mapa del desfinanciamiento sanitario bajo Milei
★ Miles de trabajadores de la salud, sindicatos, organizaciones sociales y colectivos de pacientes se movilizaron este miércoles en la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud bajo la consigna «La salud no puede esperar». La columna central partió a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación, en Avenida 9 de Julio y Moreno, por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La protesta se replicó de manera simultánea en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras provincias del país.
Un sistema sanitario bajo la motosierra
Los datos que motorizaron la movilización son contundentes. Según cifras difundidas por los propios convocantes y reportadas por diversos medios, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A ese retroceso acumulado se sumó, para el ejercicio 2026, un recorte adicional de más de 63.000 millones de pesos en las partidas del área sanitaria.
Las consecuencias son concretas e inmediatas. El Programa Remediar, que históricamente distribuyó 79 medicamentos gratuitos, quedó reducido a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas. El presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los 500.000 millones de pesos a prestadores, lo que se traduce en jubilados y jubiladas sin turnos ni atención. Según datos difundidos por los organizadores, más de 742.000 personas perdieron su cobertura médica y un millón de familias quedaron sin respuestas frente a un sistema que se retira.
El médico Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, describió la situación con precisión: «El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento.» Por su parte, el médico sanitarista Leonel Tesler advirtió, en la previa a la movilización, que «el sistema estatal está en una crisis sin pandemia», mientras los hospitales públicos operan con una ocupación cercana al 90% y el personal trabaja desgastado y sin refuerzos.
Los reclamos del sector
La convocatoria articulada por el Foro sintetizó una agenda de reclamos precisos:
- No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar.
- No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes en coberturas.
- No al desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones, exigiendo la provisión de vacunas para personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas.
- No al retroceso en políticas de Salud Mental.
Los organizadores también señalaron que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos. Además, advirtieron que uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que necesita.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) declaró un paro nacional en el sector para acompañar la jornada de protesta. Su secretario general, Pablo Maciel, afirmó que la jornada tendría «carácter federal» y que el gobierno de Milei «avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente.» También adhirieron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), la CICOP y numerosas agrupaciones de residentes y estudiantes.
La posición oficial y las acusaciones cruzadas
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, rechazó el encuadre de la protesta. Argumentó que «el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado» y atribuyó los ahorros a «un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios». Desde La Libertad Avanza, funcionarios y legisladores del oficialismo apuntaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a quienes acusaron de operar como «promotores activos» de la movilización a través de redes sociales. La provincia de Buenos Aires fue además la única jurisdicción que no participó de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) del lunes 18 de mayo, donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto sobre reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.
El contexto de un ajuste en cadena
La marcha federal del sector salud llega pocas semanas después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que sacudió al país en rechazo al ajuste en educación. La repetición del formato no es casual: los mismos mecanismos de desfinanciamiento que vaciaron las universidades nacionales, con recortes reales que según datos del Foro Economía y Trabajo superan el 20% desde 2023, se aplican ahora con igual o mayor intensidad sobre el sistema sanitario. El patrón es el mismo: achicamiento del Estado, transferencia de responsabilidades a las provincias sin transferir recursos, y una lógica de ajuste que recae sobre los sectores que más dependen del sistema público, aquellos que no pueden pagar una prepaga ni costear un medicamento en una farmacia.
Puntos clave:
- El presupuesto del Ministerio de Salud cayó un 40% desde diciembre de 2023.
- Un recorte adicional de 63.000 millones de pesos se aplicó para el ejercicio 2026.
- El Programa Remediar pasó de 79 medicamentos gratuitos a solo 3, afectando a más de 20 millones de personas.
- Fesintras declaró paro nacional y movilizaciones simultáneas en varias provincias.
- Un millón de familias quedaron sin cobertura médica según los convocantes.
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