Gremiales
S.O.S. Hospital Garrahan: alerta por la renuncia de 200 profesionales y por el vaciamiento sin control
Una nueva protesta redobla el esfuerzo por visibilizar la grave crisis que atraviesa uno de los centros de salud infantil más importantes de América Latina. Situación por la que responsabilizan al Gobierno nacional y al de la Ciudad por el ajuste presupuestario que, advierten, pone en riesgo la continuidad de la atención.
“Salvemos la salud de las y los chicos”
Una multitud de trabajadores del Hospital Garrahan rodeó este lunes el edificio ubicado en Parque Patricios para realizar un abrazo simbólico. La medida, encabezada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), buscó visibilizar lo que calificaron como “una crisis sin precedentes” en la historia del hospital pediátrico de referencia nacional e internacional.
“Ya renunciaron 200 profesionales de planta por los salarios de miseria. Si esto sigue así, el hospital va a cerrar por goteo”, alertaron desde el gremio. La protesta incluyó un cese de tareas sin afectar las urgencias ni la atención de pacientes internados y finalizó con una concentración sobre la calle Combate de los Pozos.
La consigna fue clara: “S.O.S. Garrahan. Salvemos la salud de las y los chicos. El hospital está siendo destruido por una motosierra presupuestaria”.
Renuncias masivas y desmantelamiento
Según explicó Norma Lezana, secretaria general de APyT, la situación laboral es “insostenible”. Un médico de guardia cobra apenas 7 mil pesos por hora, mientras que otros profesionales altamente capacitados perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. Esta situación, sumada al deterioro edilicio y la falta de insumos, viene provocando una ola de renuncias que pone en riesgo la continuidad de equipos interdisciplinarios clave para garantizar la atención de alta complejidad.
“El Garrahan no es un hospital común. Acá tratamos niños con enfermedades graves y complejas. Se necesita personal calificado, estable, y en condiciones dignas de trabajo”, remarcó Lezana.
El reclamo no es nuevo. Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, las organizaciones gremiales advierten por el ajuste que afecta de forma directa al sistema de salud pública. En el caso del Garrahan, el 80% de su financiamiento depende del Gobierno Nacional, mientras que el 20% restante corresponde al Ejecutivo porteño. Ambos, señalaron desde APyT, aplican una política de recorte “que pone en riesgo la vida de miles de chicos y chicas”.
Financiamiento en caída libre
Además del desfinanciamiento directo, los trabajadores denunciaron que se redujeron los fondos para mantenimiento, equipamiento y formación continua. “El hospital está funcionando, en parte, gracias a los ingresos que genera por atención a pacientes con obras sociales o prepagas. Pero eso no alcanza para sostener un servicio de excelencia como el que brindamos”, señalaron desde el gremio.
Este modelo de autofinanciamiento parcial no reemplaza el rol del Estado. Por el contrario, evidencia el vaciamiento sistemático de una institución pública que fue, durante décadas, emblema de la salud infantil gratuita y de calidad.
En tono crítico, Lezana también apuntó contra las declaraciones del presidente Milei, quien había ironizado en un programa de streaming afín al oficialismo al decir que prefería “hacer obras de teatro con rubias voluptuosas” antes que destinar fondos públicos a instituciones como el INCAA o, implícitamente, al Garrahan. “No se trata de un show. Se trata de garantizar presupuestos y salarios dignos para quienes salvan vidas”, retrucó la dirigente sindical.
Un hospital estratégico en riesgo
Fundado en 1987, el Hospital Garrahan se convirtió en un referente regional en pediatría de alta complejidad. Atiende de forma gratuita a miles de niños y niñas de todo el país y cuenta con especialidades únicas, equipos de investigación, trasplante y cirugía pediátrica. Su eventual desmantelamiento tendría consecuencias directas no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en todas las provincias que derivan pacientes a sus instalaciones.
En los últimos meses, la caída del presupuesto real asignado al área de salud, en combinación con la inflación y la dolarización de insumos médicos, aceleró el deterioro de la infraestructura y la pérdida de recursos humanos calificados.
“No queremos ver morir a este hospital. No vamos a ser cómplices del ajuste”, concluyó una de las profesionales que participó del abrazo simbólico.
El conflicto en el Hospital Garrahan expone, una vez más, las consecuencias del ajuste en áreas sensibles como la salud pública. Las renuncias masivas, la precarización del trabajo profesional y el deterioro de la infraestructura no son hechos aislados: forman parte de una política de desfinanciamiento deliberada que pone en jaque el derecho a la salud de miles de niñas y niños en Argentina. Mientras el Gobierno insiste en su plan de motosierra fiscal, los trabajadores resisten para sostener, con esfuerzo y dignidad, lo que queda de uno de los hospitales más prestigiosos del país.
Puntos destacados:
- Más de 200 profesionales de planta permanente renunciaron por los bajos salarios.
- La protesta incluyó un abrazo simbólico al hospital y cese de tareas sin afectar urgencias.
- El Garrahan depende un 80% del presupuesto nacional y un 20% del gobierno porteño.
- Médicos de guardia cobran apenas $7.000 por hora, según el gremio APyT.
- Denuncian el vaciamiento de equipos interdisciplinarios clave para la atención de alta complejidad.
- Responsabilizan a Milei y a Jorge Macri por el ajuste que pone en riesgo la continuidad del hospital.
Gremiales
Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros
Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.
La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.
Una decisión que habilita la extranjerización
El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.
«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».
La oposición busca quórum para derogar el DNU
El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.
La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.
Bregman apunta al corazón político del fallo
La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.
La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
- El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
- Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
- La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
- La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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