Gremiales
TV Pública denuncia censura del Gobierno: “El derecho a la información no se negocia”
«Nunca hubo un nivel de censura tan grotesco como en este» anunciaron las personas trabajadoras de TVP.
La Asamblea de Trabajadores de Prensa Televisión Pública (TVP) advirtió este jueves “a cada sector silenciado de la sociedad en la pantalla del canal estatal” que la política editorial implementada por las actuales autoridades en esa señal pública “no cuenta con el consentimiento de sus trabajadores y se lleva adelante en el contexto de una persecución y un intento de disciplinamiento que comenzó con el anuncio de cierre y el silenciamiento de Télam“.
A través de un comunicado, las y los trabajadores de la TVP agremiados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) expresaron: “Durante otras etapas políticas, con gestiones que respondieron a diferentes Gobiernos de turno, hemos tenido diferencias, críticas e incluso denuncias públicas, a las que se puede acceder fácilmente en internet. En ningún caso hubo un nivel de censura tan grotesco como en este”.
Y, para ejemplificar el tipo de censura que padecen en el ejercicio de sus tareas, agregaron: “En la transmisión de la apertura de sesiones (del Congreso Nacional) del primero de marzo por cadena nacional, sólo se mostraron legisladores oficialistas, en una paradoja construida en base a planos cortos para tapar el sol con la mano; ya que La Libertad Avanza cuenta con una notoria minoría en el Parlamento, que se pudo comprobar con el rechazo a la Ley Ómnibus y al DNU en el Senado”.
Incluso, señalaron los trabajadores y trabajadoras de la señal, “en la previa de la cadena nacional, cada vez que un legislador de otro signo político hablaba con la prensa fue cortado a los pocos segundos en la Televisión Pública”.
Tras apuntar por tales maniobras al nuevo gerente de noticias, Fabián Gijón; al director del canal, Juan Parodi; y al interventor de Radio y Televisión Argentina, Diego Chaer, quien también encabeza la intervención en la Agencia Pública de Noticias y Publicidad Télam, en Educar y en Contenidos Públicos, el comunicado de la Asamblea enumeró algunos de los hechos de censura que vienen implementando esos funcionarios:
- No se permite poner al aire ninguna voz que cuestione las políticas oficiales o critique al presidente Javier Milei: se impidió que salgan al aire las declaraciones de Torres, gobernador de Chubut y su ministro de Economía, durante la disputa con el gobierno nacional. En cambio sólo se permitió la voz del ministro del Interior Guillermo Francos.
- Se impidió poner la voz del gobernador bonaerense Axel Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias cuando se refirió a las políticas del gobierno nacional. Lo mismo sucedió sobre la conferencia de prensa que brindó para responderle a Milei sobre su llamado a la “rebelión fiscal”. En cambio sí se puso la respuesta del vocero presidencial Manuel Adorni al gobernador, y se sacó al aire a numerosos referentes agropecuarios para cuestionarlo.
- No permiten el envío de equipos a cubrir acontecimientos importantes en el resto del país, como las graves inundaciones que por estos días afectan las localidades entrerrianas de Gualeguay y Gualeguaychú.
- No se puede dar voz a quienes, según el gerente de noticias, forman parte de “la casta”. Cuando se le preguntó quién era la casta mencionó a Pablo Moyano, Eduardo Belliboni y Sergio Palazzo.
- Se impidió la salida al aire del abrazo al Banco Nación el 20 de febrero pasado, un hecho noticioso todos los medios nacionales cubrieron.
- Se impidió la cobertura y cualquier mención sobre el cierre de la Agencia Télam, que salió en todos los medios nacionales y que incluso fue anunciado por el propio presidente de la Nación en cadena nacional.
- Lo mismo sucedió con el acto en defensa al INCAA que se realizó en la puerta del Cine Gaumont, que contó con numerosas personalidades de la cultura y que terminó con represión, también invisibilizada.
- Tampoco se permitió cubrir la protesta por el cierre del INADI, ni se mencionó en los noticieros el cierre del Instituto de Agricultura Familiar.
- Se impidió mostrar la movilización de la UTEP y organizaciones piqueteras el lunes 18 y la posterior represión. Solo se pudo hablar de “incidentes” y de la aplicación del protocolo del Ministerio de Seguridad nacional.
- Se impidió la salida de una nota convocando a las actividades del 8M en dos noticieros. Sólo permitieron una breve mención, con un texto editado por el propio gerente Fabián Gijón, quien retiró del texto todo lo mencionado a la protesta contra el gobierno nacional por las políticas de ajuste y lo referido a la defensa de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. No permitieron que salga ninguna nota desde la masiva movilización al Congreso nacional.
- Se impidió poner la voz de los abogados defensores de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Tampoco se permitió nombrar el dictamen del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que usó la ex vicepresidenta para apelar la condena de 6 años que recibió. Barra fue designado en sus funciones por el propio Milei.
- Está cancelada cualquier nota con Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner y de otras causas de interés público.
- Bajaron la columna sobre pueblos originarios.
- Ordenaron bajar varias notas y columnas del noticiero de la web de la TV Pública.
Además de recordar la decisión del Gobierno de Javier Milei de suspender la emisión de los noticieros del fin de semana (“sugestivamente en la previa del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria”, consignó el comunicado), las y los trabajadores de la TVP denunciaron “ataques a la libertad de expresión en un medio público, cuyo rol social es la pluralidad de voces, el federalismo y la diversidad informativa”. Y recordaron: “Siempre defendimos estos principios, y denunciamos su incumplimiento en todas las gestiones, sin importar su signo político”.
“En un contexto en el que Télam se encuentra bloqueada con vallado policial en sus sedes, sus trabajadores están ‘dispensados’ de sus tareas y todo su servicio informativo y su archivo histórico está inaccesible, no podemos dejar de expresar que se trata de otro acto antidemocrático de este gobierno: un nuevo intento de silenciar a la prensa que no es afín a sus intereses”, enfatizó la Asamblea.
“Por todos estos motivos -agrega el comunicado-, el domingo 24 de marzo, además de movilizarnos junto a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa desde SiPreBA, realizaremos una transmisión especial desde la Plaza de Mayo junto nuestros compañeros de Télam, con un noticiero especial en vivo a partir de las 19, desde la puerta de la agencia, donde se sostiene el acampe en defensa de las fuentes de trabajo y del patrimonio público”.
Y cerraron su comunicado ratificando que “la libertad de expresión y el derecho a la información no se negocian”.
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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