Gremiales
TV Pública denuncia censura del Gobierno: “El derecho a la información no se negocia”
«Nunca hubo un nivel de censura tan grotesco como en este» anunciaron las personas trabajadoras de TVP.
La Asamblea de Trabajadores de Prensa Televisión Pública (TVP) advirtió este jueves “a cada sector silenciado de la sociedad en la pantalla del canal estatal” que la política editorial implementada por las actuales autoridades en esa señal pública “no cuenta con el consentimiento de sus trabajadores y se lleva adelante en el contexto de una persecución y un intento de disciplinamiento que comenzó con el anuncio de cierre y el silenciamiento de Télam“.
A través de un comunicado, las y los trabajadores de la TVP agremiados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) expresaron: “Durante otras etapas políticas, con gestiones que respondieron a diferentes Gobiernos de turno, hemos tenido diferencias, críticas e incluso denuncias públicas, a las que se puede acceder fácilmente en internet. En ningún caso hubo un nivel de censura tan grotesco como en este”.
Y, para ejemplificar el tipo de censura que padecen en el ejercicio de sus tareas, agregaron: “En la transmisión de la apertura de sesiones (del Congreso Nacional) del primero de marzo por cadena nacional, sólo se mostraron legisladores oficialistas, en una paradoja construida en base a planos cortos para tapar el sol con la mano; ya que La Libertad Avanza cuenta con una notoria minoría en el Parlamento, que se pudo comprobar con el rechazo a la Ley Ómnibus y al DNU en el Senado”.
Incluso, señalaron los trabajadores y trabajadoras de la señal, “en la previa de la cadena nacional, cada vez que un legislador de otro signo político hablaba con la prensa fue cortado a los pocos segundos en la Televisión Pública”.
Tras apuntar por tales maniobras al nuevo gerente de noticias, Fabián Gijón; al director del canal, Juan Parodi; y al interventor de Radio y Televisión Argentina, Diego Chaer, quien también encabeza la intervención en la Agencia Pública de Noticias y Publicidad Télam, en Educar y en Contenidos Públicos, el comunicado de la Asamblea enumeró algunos de los hechos de censura que vienen implementando esos funcionarios:
- No se permite poner al aire ninguna voz que cuestione las políticas oficiales o critique al presidente Javier Milei: se impidió que salgan al aire las declaraciones de Torres, gobernador de Chubut y su ministro de Economía, durante la disputa con el gobierno nacional. En cambio sólo se permitió la voz del ministro del Interior Guillermo Francos.
- Se impidió poner la voz del gobernador bonaerense Axel Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias cuando se refirió a las políticas del gobierno nacional. Lo mismo sucedió sobre la conferencia de prensa que brindó para responderle a Milei sobre su llamado a la “rebelión fiscal”. En cambio sí se puso la respuesta del vocero presidencial Manuel Adorni al gobernador, y se sacó al aire a numerosos referentes agropecuarios para cuestionarlo.
- No permiten el envío de equipos a cubrir acontecimientos importantes en el resto del país, como las graves inundaciones que por estos días afectan las localidades entrerrianas de Gualeguay y Gualeguaychú.
- No se puede dar voz a quienes, según el gerente de noticias, forman parte de “la casta”. Cuando se le preguntó quién era la casta mencionó a Pablo Moyano, Eduardo Belliboni y Sergio Palazzo.
- Se impidió la salida al aire del abrazo al Banco Nación el 20 de febrero pasado, un hecho noticioso todos los medios nacionales cubrieron.
- Se impidió la cobertura y cualquier mención sobre el cierre de la Agencia Télam, que salió en todos los medios nacionales y que incluso fue anunciado por el propio presidente de la Nación en cadena nacional.
- Lo mismo sucedió con el acto en defensa al INCAA que se realizó en la puerta del Cine Gaumont, que contó con numerosas personalidades de la cultura y que terminó con represión, también invisibilizada.
- Tampoco se permitió cubrir la protesta por el cierre del INADI, ni se mencionó en los noticieros el cierre del Instituto de Agricultura Familiar.
- Se impidió mostrar la movilización de la UTEP y organizaciones piqueteras el lunes 18 y la posterior represión. Solo se pudo hablar de “incidentes” y de la aplicación del protocolo del Ministerio de Seguridad nacional.
- Se impidió la salida de una nota convocando a las actividades del 8M en dos noticieros. Sólo permitieron una breve mención, con un texto editado por el propio gerente Fabián Gijón, quien retiró del texto todo lo mencionado a la protesta contra el gobierno nacional por las políticas de ajuste y lo referido a la defensa de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. No permitieron que salga ninguna nota desde la masiva movilización al Congreso nacional.
- Se impidió poner la voz de los abogados defensores de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Tampoco se permitió nombrar el dictamen del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que usó la ex vicepresidenta para apelar la condena de 6 años que recibió. Barra fue designado en sus funciones por el propio Milei.
- Está cancelada cualquier nota con Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner y de otras causas de interés público.
- Bajaron la columna sobre pueblos originarios.
- Ordenaron bajar varias notas y columnas del noticiero de la web de la TV Pública.
Además de recordar la decisión del Gobierno de Javier Milei de suspender la emisión de los noticieros del fin de semana (“sugestivamente en la previa del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria”, consignó el comunicado), las y los trabajadores de la TVP denunciaron “ataques a la libertad de expresión en un medio público, cuyo rol social es la pluralidad de voces, el federalismo y la diversidad informativa”. Y recordaron: “Siempre defendimos estos principios, y denunciamos su incumplimiento en todas las gestiones, sin importar su signo político”.
“En un contexto en el que Télam se encuentra bloqueada con vallado policial en sus sedes, sus trabajadores están ‘dispensados’ de sus tareas y todo su servicio informativo y su archivo histórico está inaccesible, no podemos dejar de expresar que se trata de otro acto antidemocrático de este gobierno: un nuevo intento de silenciar a la prensa que no es afín a sus intereses”, enfatizó la Asamblea.
“Por todos estos motivos -agrega el comunicado-, el domingo 24 de marzo, además de movilizarnos junto a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa desde SiPreBA, realizaremos una transmisión especial desde la Plaza de Mayo junto nuestros compañeros de Télam, con un noticiero especial en vivo a partir de las 19, desde la puerta de la agencia, donde se sostiene el acampe en defensa de las fuentes de trabajo y del patrimonio público”.
Y cerraron su comunicado ratificando que “la libertad de expresión y el derecho a la información no se negocian”.
Gremiales
ATE confirmó el regreso de los 12 trabajadores despedidos en Olivos tras el cambio en Seguridad
La organización gremial informó que los empleados regresarán a sus funciones luego de la reorganización de la residencia presidencial. Serán destinados a la Casa Rosada y a las oficinas de Presidencia de Avenida 25 de Mayo al 600.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó este jueves la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos luego de la salida del Gobierno nacional de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y era considerada una funcionaria clave del entorno de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
El sindicato informó la novedad a través de su cuenta en la red social X. “ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos”, expresó la organización.
En el mismo comunicado, ATE sostuvo que “la organización y la lucha colectiva dieron resultado” y señaló que los trabajadores “vuelven a sus puestos de trabajo”.
Según informó ATE, los trabajadores serán distribuidos entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia ubicadas en Avenida 25 de Mayo al 600.
La redistribución forma parte del reordenamiento del esquema laboral derivado de los cambios implementados en la estructura de seguridad de la residencia presidencial.
El sindicato también planteó, a partir de este episodio, la necesidad de fortalecer la organización gremial frente a situaciones que considera injustas. “Frente a cada injusticia necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos”, expresó.
Qué cambió en la seguridad de la Quinta de Olivos
El Gobierno nacional anunció el jueves pasado una modificación en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos. La decisión estableció que Casa Militar concentre todas las tareas vinculadas con la protección de Javier Milei y su círculo.
La modificación derivó en el desplazamiento de 15 personas y en el desarme de la estructura que hasta ese momento administraba la residencia presidencial.
El proceso contempla un plazo de 60 días para completar los movimientos de personal vinculados con la nueva organización.
Casa Militar quedó a cargo de toda la seguridad presidencial en Olivos
Casa Militar depende del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Con la nueva estructura, su personal asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente de la Nación y su familia.
La institución militar ya tenía bajo su responsabilidad una parte de la seguridad del jefe de Estado. Con la modificación anunciada por el oficialismo, pasó a concentrar todas las funciones relacionadas con la protección de esos espacios.
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