Energía
Petrogas en crisis: despidos ilegales, juicios millonarios y tensión en el sector petrolero de Neuquén
La petrolera neuquina enfrenta una ola de demandas laborales tras despedir a trabajadores con licencia médica. El conflicto sacudió a sindicatos, empresarios y al gobierno provincial, en un contexto de incertidumbre para la economía regional.
Despidos polémicos y juicios millonarios: el conflicto que sacude a Petrogas
La empresa Petrogas, referente en la industria del petróleo y gas natural de Neuquén, despidió a ocho empleados que se encontraban bajo licencia médica, lo que desató una crisis interna y una serie de juicios laborales que podrían costarle más de mil millones de pesos. Según abogados de los trabajadores, la decisión se debió a un “mal asesoramiento jurídico”, atribuido al abogado Cristian Perotti, actual presidente del Ente Autárquico Intermunicipal Cutral-Có Plaza Huincul (ENIM).
El conflicto no solo generó preocupación en el ámbito sindical, sino que también encendió alarmas en sectores políticos y empresariales, dada la importancia estratégica de Petrogas para la economía provincial. La empresa, fundada en 1992 por extrabajadores de YPF tras la ola de privatizaciones del menemismo, siempre se caracterizó por su solidez y su cartera de clientes de peso. Sin embargo, la seguidilla de despidos injustificados y las demandas en los Juzgados Civiles 1 y 2 de Cutral-Có pusieron en jaque su estabilidad financiera.
Impacto económico y social: ¿puede Petrogas afrontar la crisis?
De acuerdo a fuentes gremiales, el monto total de indemnizaciones, intereses y costas judiciales supera los mil millones de pesos, una cifra que obligaría a la empresa a utilizar fondos de reserva y a realizar previsiones extraordinarias en su balance. “Petrogas es sólida, pero tendrá que previsionar en balance una suma grande para pagar esos juicios y nos preocupa”, advirtió un dirigente del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, en diálogo con Página 12.
El caso más emblemático es el de un trabajador cuya indemnización alcanzaría los 80 millones de pesos, a lo que se sumarían intereses acumulados por la demora en el pago. Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, los conflictos laborales en el sector petrolero neuquino aumentaron un 18% en el último año, en un contexto de inflación y ajuste que golpeó a la industria energética.
La situación de Petrogas se da en un momento delicado para la economía provincial. Neuquén depende en gran medida de la actividad hidrocarburífera: según el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, el 45% de los ingresos fiscales de la provincia provienen de regalías petroleras y gasíferas. Un traspié financiero de una empresa clave como Petrogas podría tener efectos en cadena sobre proveedores, contratistas y la recaudación estatal.
Repercusiones políticas y gremiales: el rol de Cristian Perotti y la respuesta oficial
El escándalo también salpicó al ámbito político. Cristian Perotti, señalado como responsable de la “mala maniobra” jurídica que derivó en los despidos, ocupa actualmente la presidencia del ENIM, un ente clave para el desarrollo regional. Sectores opositores pidieron explicaciones y reclamaron mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos y en la relación entre empresas y organismos estatales.
Por su parte, el gobierno neuquino evitó pronunciarse públicamente sobre el conflicto, aunque fuentes del Ministerio de Producción y Energía reconocieron “preocupación” por el impacto potencial en la economía local. El sindicato de petroleros, en tanto, advirtió que “no descarta medidas de fuerza” si la empresa no reincorpora a los trabajadores despedidos o no cumple con las indemnizaciones correspondientes.
Contexto y antecedentes: una industria bajo presión
El conflicto en Petrogas se inscribe en un escenario más amplio de tensiones laborales en la industria petrolera argentina. En los últimos años, la combinación de inflación, devaluación y caída de la inversión extranjera puso en jaque a varias empresas del sector. Según un informe de la consultora Ecolatina, entre 2022 y 2024 se registraron más de 2.500 despidos y suspensiones en la industria hidrocarburífera, con epicentro en la cuenca neuquina.
La situación de Petrogas, sin embargo, resulta paradigmática por el perfil de la empresa y por el trasfondo político de los despidos. Mientras los juicios avanzan hacia la etapa de sentencia, el futuro de la compañía y de sus trabajadores permanece envuelto en incertidumbre.
Puntos clave:
- Petrogas despidió a ocho trabajadores con licencia médica, lo que derivó en juicios laborales millonarios.
- La empresa podría tener que pagar más de mil millones de pesos en indemnizaciones, intereses y costas.
- El conflicto generó preocupación en sindicatos, empresarios y el gobierno neuquino, por el impacto en la economía provincial.
- El abogado Cristian Perotti, actual presidente del ENIM, fue señalado como responsable de la “mala maniobra” jurídica.
- El sector petrolero de Neuquén atraviesa un contexto de tensión laboral y presión económica.
Desregulación
El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica
La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.
La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.
Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.
Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales
Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.
Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.
La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.
Los socios del poder detrás del consorcio ganador
La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.
Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.
El marco legal y la lógica del desguace
El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
La obra que se canceló y el proyecto que no llegó
Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
- Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
- El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
- Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
- No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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