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Gremiales

Paro de ATE-ANAC amenaza con colapsar el sistema aéreo durante el fin de semana largo

La medida de fuerza, que se extiende del 18 al 24 de marzo, pone en jaque la operatividad de más de 27 aeropuertos y expone las tensiones entre el nuevo modelo de regulación aeronáutica y los reclamos salariales de los trabajadores estatales.

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★ Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificaron medidas de fuerza que comenzarán este miércoles 18 de marzo y se extenderán hasta el martes 24, un período que coincide con el fin de semana largo por el feriado del 24 de marzo, lo que amenaza con generar demoras y cancelaciones masivas en todo el sistema aeroportuario argentino.

El conflicto salarial al rojo vivo

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, confirmó que las protestas responden a lo que denominó una «quita de salario» sufrida por los empleados en enero y febrero. Según explicó el dirigente, el Gobierno incumplió el pago de acuerdos salariales previamente convenidos con la Secretaría de Transporte anterior, los cuales figuraban en los recibos de sueldo del mes de enero pero fueron suspendidos por «una decisión arbitraria» días después.

Belelli fue categórico al señalar que «no hubo» respuesta oficial a los reclamos presentados por el sindicato, aunque aclaró que la organización mantiene su postura «abierta al diálogo». Sin embargo, admitió que «hasta el momento no hemos sido convocados» por las autoridades para negociar una salida al conflicto.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, elevó el tono de las críticas y denunció que el Gobierno incurre en una «falta grave» al no ordenar a los directores regionales y jefes de aeropuertos que comuniquen la medida de fuerza a pilotos y usuarios. Aguiar advirtió que esta conducta es «desleal y antisindical» según los términos de la Ley N° 23.551 de asociaciones sindicales, y amenazó con denuncias penales contra funcionarios por «incumplimiento a sus deberes como funcionarios públicos» si persisten en omitir la información.

El cronograma del paro y sus efectos operativos

La medida de fuerza se desarrollará en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 horas y de 16 a 20 horas, durante siete jornadas consecutivas. Durante estos períodos, la ANAC garantizará únicamente la atención de vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales, mientras que el resto de las operaciones comerciales quedará suspendida o severamente afectada.

El esquema plantea un desafío logístico particularmente complejo para las aerolíneas que operan rutas de cabotaje hacia el interior del país, donde la infraestructura de respaldo ante contingencias es considerablemente más limitada que en los nodos centrales de la región metropolitana. Según fuentes del sector consultadas por este medio, los aeródromos provinciales dependen de estructuras operativas más magras y de una presencia concentrada de personal estatal, lo que los hace especialmente vulnerables ante la reducción de servicios.

El nuevo modelo aeronáutico y sus grietas

La efectividad del paro podría resultar relativa debido a una transformación estructural reciente en la regulación aeroportuaria argentina. A través de las Resoluciones N° 54/2026 y N° 55/2026, la ANAC actualizó las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) y transfirió a los explotadores de aeródromos funciones que hasta entonces eran ejercidas por las Jefaturas de Aeródromos y Aeropuertos del organismo estatal.

Esta reforma, que entró en vigencia a principios de 2026 y que alinea al sistema argentino con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), desplazó tareas operativas críticas, como la dirección y seguridad en plataforma, la emisión de credenciales vehiculares, el servicio Follow-Me y el control de vehículos, hacia los administradores aeroportuarios privados. Bajo este nuevo esquema, los trabajadores de ATE-ANAC vieron reducidas sus funciones ejecutivas y reorientadas hacia la supervisión, fiscalización y control normativo.

Sin embargo, persiste un eslabón crítico que permanece bajo control del gremio estatal: la operación de las unidades de autobomba. Este servicio constituye el núcleo de la seguridad operativa de cualquier aeropuerto, ya que sin la presencia garantizada de equipos de extinción de incendios y salvamento, ninguna aeronave puede despegar o aterrizar bajo estándares internacionales de seguridad.

El dilema de la seguridad operativa

Fuentes del sector manifestaron a este medio una cautelosa desconfianza respecto a que el sindicato llegue a retirar el servicio de autobomba como parte de la medida de fuerza, dado que ello implicaría cruzar una frontera legal y ética de extrema gravedad que pondría en riesgo la seguridad de operaciones en curso. No obstante, advierten que incluso una demora mínima en la disponibilidad de estos equipos durante las ventanas horarias del paro podría forzar a comandantes de aeronave y jefes de aeropuerto a declarar terminales como no operativas, desencadenando un efecto dominó de cancelaciones.

Para los pasajeros que tienen previsto viajar durante esta semana, la incertidumbre es absoluta. La información oficial sobre el alcance real de las afectaciones resulta escasa, mientras que las aerolíneas intentan minimizar la disrupción mediante la nueva estructura de responsabilidades operativas.

Lo que comenzará este miércoles no es solo una semana de posibles demoras, sino un test de estrés para el nuevo modelo de aviación civil que Argentina adoptó en 2026, y una demostración de los límites de la reforma regulatoria cuando choca contra conflictos laborales no resueltos en el ámbito estatal.

Puntos clave:

  • El paro de ATE-ANAC se desarrolla del 18 al 24 de marzo en dos franjas horarias: 9 a 12 hs y 16 a 20 hs
  • Solo se garantizarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales durante los horarios de protesta
  • El conflicto se originó en el incumplimiento del Gobierno al no pagar aumentos salariales acordados previamente
  • La reforma de la RAAC Parte 153/2026 transfirió funciones operativas a explotadores privados, limitando el impacto potencial del paro
  • Las unidades de autobomba permanecen bajo control del gremio, representando el punto crítico de la seguridad operativa

Economía 💲

Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda

Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.

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Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.

Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.

El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».

40,5% de caída real del salario en dos años y medio

El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.

La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.

Del banco a la fintech: el circuito de la usura

La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.

Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».

El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.

Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados

El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.

La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.

El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.

Las exigencias del gremio

Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».

  • El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
  • La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
  • El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
  • Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
  • Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.

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