Gremiales
ATE reclama que reducción de la jornada laboral también se aplique en el Estado
Rodolfo Aguiar, quien aseveró que en el sector público «es posible reducir la jornada laboral o concentrar la actividad en cuatro días de la semana».
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consideró hoy que la reducción de la jornada laboral, cuyo debate retomará mañana la Cámara de Diputados, también debe aplicarse en el Estado, y sostuvo que «es posible hacerlo o hasta concentrar toda la actividad en cuatro días de la semana, aumentando a la vez la eficiencia de las prestaciones».
Así señaló hoy el secretario nacional adjunto del gremio y electo nuevo titular de la ATE a partir de noviembre próximo, Rodolfo Aguiar, quien aseveró que en el sector público «es posible reducir la jornada laboral o concentrar la actividad en cuatro días de la semana».
«El debate en Diputados sobre la reducción de la jornada laboral en el ámbito privado es oportuno. La Argentina es uno de los países de la región con más horas y una tradición oxidada de 110 años. Ese cambio debe discutirse también en el Estado», argumentó.
Aguiar afirmó que esa decisión permitirá comenzar a enfrentar «uno de los mayores males existentes en todos los niveles del Estado, la precarización laboral», y añadió que «si se trabaja menos horas sin reducir salarios o en cambio incrementándolos ello repercutirá de forma positiva en áreas con elevados niveles de autoexplotación».
El sindicalista enumeró entre esas áreas a las de salud, educación y centros de contención a franjas sociales vulnerables y a dependencias municipales, en las que para garantizar ingresos dignos hay que «duplicar o triplicar la jornada con guardias o extras».
Aguiar reseñó que en los últimos años «se verificó en el sector público un considerable aumento de las licencias por enfermedad, y se destacaron los tratamientos psicológicos».
«Jornadas laborales más cortas permitirán mejorar la salud física y mental de los trabajadores y construir ambientes sanos y libres de violencia. También aumentar la cantidad y calidad de las prestaciones o servicios estatales», aseguró el gremialista.
Muchos países ya decidieron jornadas laborales menores y, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los de mayor índice de productividad a partir de esa medida son Holanda, Australia, Noruega, Dinamarca y México, dijo Aguiar, quien aseveró que ello también impactará de manera positiva en los hogares por las tareas de cuidado.
Islandia fue uno de los primeros países en reducir horas laborales en el sector público, en 2015, y «los resultados fueron muy favorables a nivel de productividad», concluyó Aguiar.
La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja retomará desde mañana el debate sobre los proyectos de reducción de la jornada laboral.
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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