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Educación

Paro docente por recomposición salarial y persecución en CABA

El gremio Ademys también programó una concentración a las 11.30 frente a la Jefatura de Gobierno porteña, en el barrio de Parque Patricios.

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El gremio docente Ademys realizaba este lunes un paro en la ciudad de Buenos Aires en reclamo de «recomposición salarial» y en rechazo a lo que considera una «política de ataque y persecución a la docencia» por parte del Gobierno porteño, en el reinicio de la actividad escolar en el distrito tras el receso invernal.

El gremio también programó una concentración a las 11.30 frente a la Jefatura de Gobierno porteña, en el barrio de Parque Patricios.

«El Gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta, junto a su ministra de Educación (Soledad) Acuña, naturalizan trabajar en dos y hasta tres cargos para que la docencia pueda llegar a fin de mes», denunció el gremio en un comunicado, al anunciar la huelga.

El sindicato sostuvo que «frente a una crisis económica que se profundiza y que sigue pulverizando nuestros sueldos, el Gobierno (porteño) nos niega una recomposición salarial real» y «desarrolla una política de ataque y persecución a la docencia».

Por su parte, Larreta había respondido que «un grupo minoritario quiere castigar a algunos estudiantes y que no puedan ir a la escuela por esta medida», por lo que afirmó que «las escuelas estarán abiertas y este grupo politizado no generará el daño que busca».

Pero desde Ademys advirtieron que los docentes cerraron la «primera mitad del año con el anuncio del bono extorsivo y antisindical que intenta vulnerar el derecho a parar y a hacer uso de cualquier licencia».

«Hoy el sueldo inicial docente está por debajo de la línea de pobreza, es $193.000, casi la mitad de la canasta básica calculada por ATE INDEC en $363.570. Esa es la verdadera ‘política partidaria’ del PRO y Juntos por el Cambio», denunció el gremio.

Economía 💲

Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis

Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.

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Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
  • El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
  • El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
  • Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
  • El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo

Un fallo judicial que obliga a pagar

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.

Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal

El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.

El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.

Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo

Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.

En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.

Universidades en alerta y posible conflicto

Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.

Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.

El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.

Un conflicto que escala en el plano político

El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.

La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.

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