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Educación

El Nacional y el Pellegrini en pie de lucha: el ajuste educativo que Milei no puede esconder

Por segundo día consecutivo, los alumnos de los dos colegios preuniversitarios de la UBA mantienen la toma de sus establecimientos y exigen que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, pero congelada por el Ejecutivo bajo el argumento del equilibrio fiscal.

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#Señores jueces, que Milei cumpla la ley: el Nacional y el Pellegrini en pie de lucha

Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambas instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cumplieron su segundo día consecutivo de toma este miércoles. La medida de fuerza, votada en asambleas realizadas en contraturno el martes 26, fue decidida por tiempo indeterminado y se inscribe en el conflicto más amplio que enfrenta al sistema universitario nacional con el Gobierno de Javier Milei desde 2024.

La protesta se produce apenas dos semanas después de la masiva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo y se suma a una cadena de movilizaciones, clases públicas y medidas de fuerza que ya acumulan cuatro marchas federales, sin que el Ejecutivo haya dado respuesta concreta al reclamo de aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.

«Ya casi 100 profesores dejaron el colegio desde que asumió Milei»

Ona Morenfel, vicepresidenta del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, describió desde la puerta del establecimiento tomado una situación que calificó de «muy preocupante a nivel país». La estudiante explicó que el impacto del desfinanciamiento educativo se siente con especial intensidad en ambas instituciones precisamente por su condición de colegios preuniversitarios dependientes de la UBA: el ajuste presupuestario a la universidad arrastra, inevitablemente, a sus colegios dependientes.

«Ya casi 100 profesores dejaron el colegio desde que asumió Milei», afirmó Morenfel, y agregó que muchos docentes se ven forzados a tomar varios empleos simultáneamente para sostenerse económicamente, lo que deteriora el funcionamiento cotidiano y el nivel académico de la institución. «Nos preocupa muchísimo como estudiantes y sentimos que este problema nos afecta directamente«, señaló.

Los datos aportados por los gremios docentes confirman la magnitud del desgaste: los salarios universitarios perdieron más del 52,1% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Milei, según informaron representantes del sector. El dirigente gremial Pitrola, en declaraciones a A24, precisó que «los profesores del Nacional Buenos Aires están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad«, una brecha que no tiene ninguna justificación pedagógica ni institucional y que refleja el efecto directo del ajuste sobre el sistema universitario.

Los alumnos permanecieron dentro del establecimiento durante toda la noche del martes y anunciaron que este miércoles a las 16 realizarán nuevas asambleas para definir la continuidad del plan de lucha. También adelantaron que las autoridades de los centros estudiantiles ofrecerán una conferencia de prensa frente al colegio.

La ley que existe pero no se aplica

El eje del conflicto es la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en primera instancia en septiembre de 2024 y ratificada por dos tercios de los votos de ambas cámaras luego de que el presidente Milei intentara vetarla mediante el Decreto 879/2024. Pese a la insistencia legislativa, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación efectiva de la norma argumentando que no se determinaron las fuentes de financiamiento, invocando el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera.

El Gobierno de Milei sostiene que aplicar la ley implicaría romper «el equilibrio fiscal», posición que la comunidad universitaria rechaza de plano y que los propios fallos judiciales contradicen: la Justicia emitió resoluciones de primera instancia y de Cámara que ordenaron aplicar los artículos centrales de la norma vinculados a salarios y financiamiento. El Ejecutivo apeló esas decisiones y el expediente permanece bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia, sin definición hasta el momento.

Para 2026, el oficialismo envió al Congreso un proyecto que modifica las pautas de actualización, estableciendo que los fondos universitarios solo recibirán corrección real si el Índice de Precios al Consumidor supera el 14,3% anual, un umbral que, según los especialistas, podría limitar severamente la recuperación presupuestaria en un contexto de inflación decreciente pero acumulada.

Clases públicas frente a Tribunales: «Señores jueces, que Milei cumpla la ley»

El martes bajo la consigna «señores jueces, que Milei cumpla la ley», docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades de la UBA protagonizaron una nueva jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales. La iniciativa tuvo como objetivo visibilizar el impacto del ajuste en salarios, becas, investigación y funcionamiento general de las universidades, y exigir una definición de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la suspensión de la ley. «Reclamamos una respuesta urgente», sintetizaron los manifestantes.

El reclamo universitario no es nuevo ni aislado. Desde 2024, el sistema universitario nacional viene denunciando un deterioro sistemático que abarca salarios, infraestructura, investigación y becas.

Las propias notas de este medio han documentado el recorte real acumulado en los fondos destinados a universidades: según datos del Foro Economía y Trabajo, desde el inicio de la gestión Milei las transferencias a universidades sufrieron una caída real del 20%, en el marco de un ajuste del gasto primario total que supera el 31% y un derrumbe del gasto de capital del 86%.

El propio Gobierno, en su Presupuesto 2025, previó recortes reales del 31,6% en el financiamiento universitario, cifra verificada por organismos de seguimiento presupuestario.

Un conflicto que no cede

El enfrentamiento entre el sistema universitario y el Gobierno libertario lleva ya más de dos años y no muestra señales de resolución. La comunidad educativa viene sosteniendo medidas de fuerza escalonadas, con paros semanales en las universidades nacionales, jornadas de clases públicas en distintos puntos del país y, ahora, la incorporación de los colegios preuniversitarios al mapa de la protesta.

La toma del Nacional y el Pellegrini tiene un valor simbólico particular: son instituciones de alta tradición académica, con egresados que nutren las filas de la ciencia, la cultura y la política argentina, cuya propia existencia está anclada a la suerte de la universidad pública.

Que sus estudiantes lleguen a tomar los edificios no es un dato menor ni puede leerse como un acto de rebeldía adolescente: es el termómetro de un sistema educativo que el ajuste libertario está llevando al límite.

Educación

Universidades contra Milei: llega a la Corte el petitorio de un millón de firmas

Familias, docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Salta lanzarán un petitorio nacional ante la Corte Suprema. La campaña apunta a reunir un millón de firmas para exigir la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.

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La comunidad educativa le habla a la Corte: un millón de firmas contra el bloqueo de Milei a la ley universitaria.

Familias autoconvocadas, docentes, no docentes y centros de estudiantes de los principales colegios preuniversitarios del país lanzarán este viernes un petitorio nacional dirigido a la Corte Suprema para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al recurso interpuesto por el Gobierno de Javier Milei para frenarla.

La iniciativa, que aspira a reunir un millón de firmas en todo el territorio nacional, fue impulsada por representantes de algunas de las comunidades educativas más emblemáticas del sistema universitario argentino, en un contexto en que el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas sigue sin resolverse y con la pelota en la cancha de la Corte.

El petitorio y sus impulsores

El anuncio formal se realizará en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en Avenida Callao 569, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria incluye una conferencia de prensa en formato mixto, presencial y remota.

Entre las instituciones que encabezan la presentación se encuentran representantes de familias y centros de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba, y del Jardín y Escuela Graduada Joaquín V. González de La Plata, entre otras instituciones de distintos puntos del país.

La acción busca garantizar además la recomposición del salario docente, duramente golpeado por el ajuste libertario desde diciembre de 2023.

La Corte, árbitro de una pulseada que el Gobierno quiso ganar en los tribunales

El petitorio llega en un momento de alta tensión institucional. El Gobierno de Javier Milei interpuso un recurso ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con amplio respaldo multipartidario. La medida fue calificada por las organizaciones universitarias como un avasallamiento a la voluntad legislativa.

En un comunicado conjunto, los organizadores subrayaron la gravedad institucional del momento: «De la decisión que tome la Corte Suprema dependen nuestros colegios, jardines de primera infancia, hospitales de clínicas universitarios, investigadores del CONICET y facultades en todo el país.»

Campaña federal y convocatoria abierta

La organización aclaró que el petitorio no se circunscribirá a la comunidad preuniversitaria: apunta a convertirse en una «campaña masiva de recolección de firmas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional», con mesas callejeras de votación en las 23 provincias.

«Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad, la independencia de los poderes y se aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso», expresaron desde la organización en un comunicado.

Los convocantes extendieron la invitación a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil en general para sumarse a las mesas de recolección de firmas, y llamaron a los medios de comunicación a cubrir la conferencia de prensa donde se brindarán los detalles logísticos y los pasos legales a seguir ante el máximo tribunal.

Antecedentes: un conflicto que no cierra

El conflicto universitario arrastra más de dos años de tensión desde que la gestión Milei aplicó un congelamiento presupuestario que golpeó transferencias, salarios y programas de investigación. Las universidades nacionales perdieron cerca de un 45% de poder adquisitivo en sus transferencias desde el Estado, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El sistema docente acumuló una pérdida real de más de siete salarios desde diciembre de 2023, de acuerdo a estimaciones de las federaciones gremiales del sector.

A esa sangría se sumaron los sucesivos recursos judiciales del Ejecutivo para bloquear la aplicación de la ley de financiamiento, lo que motivó cuatro marchas federales universitarias y múltiples pronunciamientos del CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la CGT y las dos CTA. La Corte Suprema tiene ahora en sus manos la definición de un conflicto que el Gobierno eligió judicializar antes que resolver por la vía del diálogo.

Puntos clave:

  • Familias, docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Salta lanzarán un petitorio nacional ante la Corte Suprema.
  • La campaña apunta a reunir un millón de firmas para exigir la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
  • El Gobierno de Milei interpuso un recurso judicial para frenar la normativa aprobada por el Congreso.
  • Los organizadores advierten que el fallo de la Corte impactará en colegios, jardines, hospitales universitarios y el CONICET.
  • Los convocantes invitan a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil a sumarse a las mesas callejeras de firma.
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