CABA
Histórica marcha por la Educación: «No estamos dispuestos a resignar nuestro futuro»
Así lo dijo dijo la titular de la FUA. También hablaron Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.
Este martes una multitud compuesta por estudiantes, docentes, trabajadores y algunos dirigentes políticos, participaron de la impresionante Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo para defender la universidad pública. Esta protestas que movilizó unas 800 mil personas fue una respuesta al vaciamiento presupuestario que afecta a la mayoría de las instituciones de educación superior, ejecutado por el régimen de Milei.
La convocatoria convocó a una verdadera multitud, que llenaron las áreas del Congreso y la Plaza Houssay durante todo el día. Desde estos lugares, partieron las principales columnas de estudiantes.
Aunque la movilización principal se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, hubo protestas similares en todo el país, ya que las instituciones de diferentes regiones también sufrieron recortes presupuestarios.
Después de una marcha que pasó por el Congreso y luego llegó a las cercanías de la Casa Rosada (donde el presidente Javier Milei no estaba presente), Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), cerró el día de protesta leyendo un documento de consenso entre las universidades y organizaciones adherentes.
“No estamos dispuestos a resignar nuestro futuro”, enfatizó la líder universitaria, señalando que los proyectos en las instituciones de educación superior “están paralizados y sin certezas sobre su continuidad”.
EL TEXTO COMPLETO
“Rechazamos la política de ajuste y de disciplinamiento”, declaró la presidenta de la FUA al finalizar el acto frente a la Casa Rosada, y advirtió: “Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022”.
El gobierno anunció un giro de fondos para las universidades antes de la marcha, pero se consideró “insuficiente”. “El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente, en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo”, lamentó.
“Más del 90% de lo que el Estado destina a la Educación Superior está dirigido a salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación”, se detalló en el documento.
Además, se quejaron de que el Gobierno “hasta ahora malversa su participación, imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral, de esta manera se cancela de hecho la negociación colectiva”.

“La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar despidos masivos”, se advirtió en otro párrafo.
Y agregó: “No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Argentina; somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso. Por eso, lucharemos, en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos”.
“La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla. !Viva la educación pública¡”, concluyó la líder universitaria, dando inicio a la dispersión de la marcha.
Antes de la lectura del documento, hablaron Taty Almeida, referente de Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; y los sindicalistas de gremios docentes Sonia Alesso (CTERA), Sergio Romero (UDA) y Daniel Ricci (FEDUN), entre otros.
Entre los manifestantes se encontraban el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ex ministro de Economía Sergio Massa; los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano; el presidente de la UCR, Martín Lousteau, y otros diputados nacionales como Germán Martínez, Margarita Stolbizer y Facundo Manes, entre otros.
CABA
Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once
Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.
Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once
★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.
Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.
Una organización que nació de la resistencia
La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.





«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.
El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».
El patrón: más fuerza, menos derechos
El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.
Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.
Una «Ley Beatriz» que nunca llegó
El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.
El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.
Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?
Puntos clave
- Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
- La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
- El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
- El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
- La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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