Por Evangelina Burcari.

“Quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de recibir el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña”, advirtió hace unos días el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El anuncio fue inmediatamente cuestionado por diferentes sectores de la política, los gremios docentes y organizaciones sociales.

Muchas son las razones que explican los obstáculos para cumplir con este nuevo requisito del 85 % de asistencia escolar. De hecho, la condición impuesta por el Ejecutivo porteño puede acabar por desconocer la propia situación que ese programa de asistencia vino a abordar. Las personas consultadas para esta nota hablan del peso cotidiano que sobre la trayectoria educativa de las niñas, niños y adolescentes tienen la falta de vacantes en escuelas de cercanía, el ineficiente acceso a la salud y el endurecimiento de las condiciones de vida en los barrios populares.

“¿Sabés lo que implica tener tres hijos en tres escuelas distintas? Encima les dicen que tienen que conformarse con tener vacante”, lamenta Carina.

En las familias, la posibilidad de quedarse sin esta ayuda social genera mucho estrés y temor. Entrevistadas mujeres que son jefas de hogar de la Ciudad y beneficiaras del programa, con el objetivo de conocer sus historias y entender cuál puede ser el impacto real de la decisión tomada por Rodríguez Larreta.

“Es una medida electoralista o para la tribuna”, sostiene Carmen Villafañe, vecina del Barrio 31, convencida de que “si la preocupación es realmente por los chicos que no van a la escuela, es ahí donde el gobierno de la Ciudad tendría que ver por qué, porque le pueden estar pasando un montón de cosas a ellos o a sus padres”.

Carmen es pensionada, tiene 52 años y cinco hijas e hijos en edad escolar que viven con ella. Son gemelos de 10 años, una hija de 14, uno de 15 y otro que está en el último año del secundario. Para ella, no cobrar este beneficio implicaría “dejar de comprar carne, yogur y queso”, así como un montón de restricciones más: “Deberíamos vivir solo de mi pensión”, explica.

Si bien todos están escolarizados, su miedo radica en que no sabe si podrá cumplir con la asistencia impuesta, no porque no quiera hacerlo –todo lo contrario– sino porque a veces el contexto puede ser adverso: desde no conseguir un certificado o el alta médica por enfermedad hasta la dificultad en el traslado a los colegios. “Tuve la suerte de que los nenes míos van a la escuela que pertenece al barrio, pero una de mis hijas más grandes tiene cuatro chicos repartidos en tres escuelas. ‘¿Mami, cómo hago?’, me decía, porque el horario de salida es el mismo para todos”, detalla Carmen. 

«Al tener otro apellido no los ponen juntos en la misma escuela como hermanos. No conseguí en toda la primaria que a uno de mis hijos le cambien la vacante adonde estaban los otros. ¡Para la escuela no eran hermanos!”.

Carina Corvalán es la encargada del centro comunitario de la Fundación el Pobre Asís. lugar de encuentro de vecinas y vecinos de “la 31”, que van allí en busca de viandas y acompañamiento. Cuenta que cuando comenzó a circular la noticia de los cambios en el subsidio porteño, la conversación en los grupos de mujeres del barrio hizo visible otras cuestiones de fondo, cómo cuál es el real acceso a la educación y a la salud: “Desde qué pasa con los turnos en los CeSAC hasta cuál es la alimentación que se da en la escuela y el grave problema de las vacantes”, señala Carina. Y entiende bien el alivio de Carmen de que sus hijas e hijos vayan a la escuela cerca: “¿Sabés lo que implica tener tres hijos en tres escuelas distintas? Encima les dicen que tienen que conformarse con tener vacante”, lamenta Carina.

Susana Arroyo es cocinera en otro comedor comunitario de la zona. Sabe de primera mano lo que implica perder este beneficio social y cómo impacta en la calidad de vida de su familia. “En febrero me lo quitaron, no sé por qué, pero estuve cuatro meses sin cobrarlo, y fue muy complicado”, cuenta la mujer, para quien tener este ingreso desde 2010 le permitió salir de una situación muy difícil, ya que era víctima de violencia de género. “El papá de mis hijos casi me degolló y cobrar la Ciudadanía Porteña me ayudó como mujer a sacar adelante a mis hijos, a poder alimentarlos, a que tengan la panza llena”, relata. Cuando este año dejó de percibir el dinero, su angustia fue enorme: “Implicó quedarme sin comida para los chicos y volver a hacer fila en los comedores para conseguir un plato”. Agradece que pudo reiniciar los trámites y volver a cobrarlo con el plus por sus tres hijos menores, pero ahora le preocupa volver a perderlo o que le puedan llegar a sacar una parte.

 “Si el nene se enferma, primero tenés que poder conseguir que lo atiendan, y dos, que le den el alta”, explica Susana, y detalla el periplo que eso supone: “Para eso tenés que ir a hacer fila muy temprano porque dan solo cinco números en el CeSAC. Terminás recorriendo un montón de centros de salud y nada, después vas al hospital y no te dan el alta porque el chico no se atendió ahí. Así va a ser muy difícil justificar una falta”.

También hace referencia a la problemática que implica tener hijos en diferentes escuelas y lejos de su casa. “Ayer, por cuatro minutos, perdimos el micro y mi nene tuvo que faltar”, ejemplifica Susana. “Nos pasan cosas como que al tener otro apellido no los ponen juntos en la misma escuela como hermanos. No conseguí en toda la primaria que a uno de mis hijos le cambien la vacante adonde estaban los otros. ¡Para la escuela no eran hermanos!”, cuenta, todavía sin poder creerlo. “Por ahí, todas estas dificultades no se tienen en cuenta cuando se anuncian este tipo de medidas”, resume.

«Los días de lluvia, al no haber colectivos que recorran los laberínticos pasillos con calles de tierra, los chicos llegan empapados y embarrados a la escuela, por lo que a veces sus familias deciden no mandarlos»

Maestra villa 21-24

Carina, Carmen y Susana son parte del grupo «Mujeres al frente», un espacio que se armó en el comedor El Pobre de Asís, donde se reúnen desde hace algunos años para abordar principalmente el tema de la violencia de género, pero donde además comparten todas estas inquietudes.

“No porque el gobierno ahora nos lo venga a exigir significa que vamos a mandar más a los chicos a la escuela. Es nuestra responsabilidad como madres que vayan sin que nadie nos lo imponga, porque es su derecho. Es el derecho de todos los niños”, explica Carmen, y todas asienten.También aclara que no le parece mal que se pida la escolaridad y que ella “obviamente” va a presentar todos los papeles, pero reclama del Gobierno porteño “hacer el control de otras cosas que son importantes” y menciona “tener mejores alimentos en las escuelas, que los chicos desayunen bien, que tengan buen acceso a la salud, que haya vacantes, que tengan docentes suplentes, todas herramientas básicas que necesitan nuestros hijos para tener una buena educación”.

Por todo esto y por la forma en que se anunció la medida es que Carina considera que “es una estigmatización de la pobreza nuevamente”, y agrega: “Todo dirigido a un sector de la sociedad que por supuesto tiene proyección de voto para Larreta el día de mañana y no se piensa en el impacto real”.

Otros barrios, la misma situación

La situación de incertidumbre que narran estas mujeres se replica en otros barrios. Stella Maris Ferreira (64 años) vive en la zona urbanizada del Barrio 21-24, de Barracas, y describe como “imprescindible” recibir la Ciudadanía Porteña completa, porque es la única ayuda social que tiene su familia. Junto a su marido, crían a dos nietos, uno de ellos de 6 años y con problemas de salud que está escolarizado.

Stella Maris es voluntaria del comedor “Amigos del Padre Pepe”, uno de los pocos que prepara comida saludable para personas con enfermedades crónicas. Allí, a cambio de su trabajo, le dan viandas aptas para ella y su marido, que son hipertensos y diabéticos, y para su nieto que tiene anemia severa y bajo peso.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?

El programa Ciudadanía Porteña brinda un subsidio mensual a hogares de la Ciudad de Buenos Aires en situación de pobreza o indigencia, con un monto adicional por cada niño, niña y adolescente de la casa en edad escolar. Funciona desde 2005 y solo puede usarse para adquirir alimentos, útiles escolares y productos de limpieza e higiene personal, de la misma manera que la tarjeta “Alimentar” de la Nación.
Llega a 41.669 hogares e impacta en más de 100.000 personas, con un universo de 23.686 niños y niñas involucrados.
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo, que ya cuenta entre sus requisitos la escolarización de niños y niñas para percibir la totalidad del beneficio, un aspecto que debe ser acreditado en forma anual, el Gobierno porteño decidió modificar las condiciones de alumno regular: pasó a ser bimensual, con un mínimo de 85% de asistencia.

En semanas donde la palabra “planero” –y la estigmatización que conlleva– volvió a replicarse en los medios de comunicación y el discurso político, Stella Maris insiste en repetir que su familia recibe esa única ayuda y que no cobran otros planes. Además, advierte que “a la mayoría de la gente que tiene alguna asistencia no le alcanza”.

Más allá de saber que ella va a cumplir con la normativa porque sus nietos van “siempre” a la escuela, confiesa que la “asusta mucho escuchar este tipo de planteos” porque “hay muchas familias que la están pasando mal” y es mucha la incertidumbre de perder lo poco que reciben. En su caso, esa plata la destina, casi por completo, para comprar leches fortificadas con hierro para su nieto y yogures. “Compro unas diez leches de un litro por semana”, detalla.

La escuela del más chico de la familia queda a unas 20 cuadras y al no conseguir cupo en el micro que ofrece el gobierno porteño tienen que pagar uno. “No nos queda otra. A la mañana hay que salir muy temprano, los colectivos vienen llenos y no paran, se termina haciendo muy tarde para llegar al colegio y mi marido y yo ya estamos grandes”, explica Stella Maris.

Isa también es vecina de Barracas, tiene 43 años y tres hijos, dos en edad escolar. Vive hace 14 años en el barrio y desde hace más seis percibe la Ciudadanía Porteña. Su marido se quedó sin trabajo y hoy pueden comer gracias a esta tarjeta. “La uso exclusivamente para comprar mercadería. Si me sacan un mes tengo que salir a buscar comida a los comedores”, resume. Cuenta que sus hijos no faltan nunca a la escuela, “salvo si tienen tos o les duele mucho la cabeza”. De todas formas, se preocupa por lo que escucha. Hasta ahora no le avisaron nada ni le pidieron papeles relacionados con la asistencia a clases.

Los docentes de los barrios populares también advierten que la problemática es mucho más compleja que la estadística de faltas, aunque señalan que la inasistencia es alta, y remarcan que las familias en situación de mayor vulnerabilidad se enfrentan a realidades que hay que contemplar.

Una maestra de la 21-24 –quien prefirió preservar su identidad– puso dos ejemplos cotidianos: los días de lluvia, al no haber colectivos que recorran los laberínticos pasillos con calles de tierra, los chicos llegan empapados y embarrados a la escuela, por lo que a veces sus familias deciden no mandarlos; y como muchos tienen asma o problemas respiratorios por la gran humedad de las casas, cuando hay que ir al hospital las mamás no tienen con quién dejar a los otros hijos, entonces se llevan a todos con ellas y entonces esos días tampoco van a clases.

Con matices, las historias muestran un eje en común: estas familias quieren que sus hijos e hijas vayan todos los días a la escuela y por eso, justamente, necesitan ayudas como la Ciudadanía Porteña. También hay un mismo reclamo generalizado: no se pueden cambiar las condiciones de un beneficio ya adquirido mientras se profundizan las desigualdades y el acceso a derechos básicos como la salud y la educación en la ciudad más rica de la Argentina.