Por Néstor Llidó

Desde el pasado mes de marzo cuando la Sala I de la Cámara de Casación en lo Nacional y Correccional ordenó que se tiene que hacer un segundo juicio en un caso denunciado como de gatillo fácil, la defensa de la agente de la Policía de la Ciudad que resultó absuelta intentó aplazarlo recurriendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entonces, ahora los camaristas se pronunciaron para que “se aceleren los tiempos” para que se desarrolle el nuevo debate, al entender que la dilación en el pronunciamiento de los miembros de la Corte significa una situación de “prolongación indefinida”.

Por lo tanto, se ordenó al Tribunal Oral Criminal Nro. 10 que disponga de los preparativos para el segundo juicio contra la policía Carla Daniela Céspedes (de 28 años) reafirmando que no actuó adecuadamente, en aquel episodio en el que mató al joven Ariel Martín Santos, cuando escapaba junto a un cómplice tras un intento de robo a un supermercado de la zona porteña de Parque Centenario.

En ese hecho, ocurrido en diciembre de 2016, la controvertida intervención de Céspedes fue defendida por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien luego felicitó a la agente de la Policía de la Ciudad, en un encuentro en la Casa Rosada junto al presidente Mauricio Macri.

Ya en noviembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal Nro. 14 decidió absolverla, pese a que se había solicitado su condena a perpetua por parte de la querella y de cuatro años por “exceso en el cumplimiento del deber” en el alegato de la Fiscalía. Ese polémico fallo fue revertido en Casación, ante la “errónea valoración de la prueba” y dejando establecido que “la fuga no justifica el uso de armas, cuando no representa un peligro de muerte para el personal policial o terceros”.

Las imágenes de las cámaras de seguridad demostraron que la agente Céspedes logró evitar el asalto al supermercado de las calles Ramos Mejía y Estivao, que los ladrones escaparon y mientras uno de ellos logró hacerlo (Héctor Corroncini que por el caso fue condenado a tres años de prisión en suspenso), a Santos no le arrancó su moto. En esas circunstancias, fue ejecutado por la espalda por la policía porteña, cuando no portaba arma de fuego y por lo tanto, no se justificó el uso de la fuerza letal.

De todas maneras, el segundo juicio por este caso de gatillo fácil sigue demorado, ya que la defensa de la imputada interpuso un recurso ante la Corte Suprema para que quede firme el fallo de primera instancia, pero nunca fue tratado por los ministros del Máximo Tribunal. Y esto derivó en que los camaristas ordenaran que se aceleren los preparativos, al entender que de esta manera se está prolongando una situación de indefinición.