Amnistía Internacional pidió al Ministerio de Educación porteño que indique en qué investigaciones se basó para fundamentar la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y advirtió que la medida «va a contramano del derecho de identidad de género».

«Si bien la ministra de Educación, Soledad Acuña, informó que se tomó esta decisión ante el bajo rendimiento de las y los estudiantes en pruebas educativas, la organización requiere acceder a la información científica y/o teórica que establece la supuesta correlación entre los resultados de dichas pruebas y el uso del lenguaje inclusivo», señaló la organización en un comunicado.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que «la restricción del uso del @, x, y la e traería aparejada la invisibilización de diversas identidades que se reconocen y se encuentran nombradas en el uso del lenguaje inclusivo».

«Esta limitación va a contramano del derecho a la identidad de género», dijo, y añadió que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires «debería revertir esta medida» porque «todas las personas tenemos derecho a ser nombradas de acuerdo a nuestra identidad».

La organización indicó que la limitación del lenguaje inclusivo «entraría en colisión con la ley de identidad de género que establece que ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá restringir el ejercicio» de ese derecho.

Por esta razón, solicitó a la cartera educativa que indique qué investigaciones realizó para fundamentar que el uso del lenguaje no binario por parte de docentes generó un «retroceso en el aprendizaje de les niñes y adolescentes en los resultados de las evaluaciones de 2020 y 2021».

Además, Amnistía «ve con preocupación que la ministra haya manifestado que quienes hagan uso de los recursos lingüísticos propios del lenguaje inclusivo serán pasibles de medidas disciplinarias».

Ante ello, también solicitaron detalles sobre cuál sería el proceso administrativo disciplinario que se aplicaría, informaron.

En el mes de Orgullo, Amnistía Internacional recordó «que las políticas inclusivas son vitales para que niños, niñas y adolescentes puedan vivir y disfrutar de sus identidades libremente».

En ese sentido, precisó que «en el ámbito educativo el 13% de las y los directivos del nivel primario y el 36% de los directivos de nivel secundario manifiestan que la escuela ha intervenido en al menos una de las siguientes situaciones: discriminación por orientación sexual, discriminación por identidad de género y/o situaciones de violencia hacia las mujeres, conforme surge de las evaluaciones Aprender del Ministerio de Educación de Nación».