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Educación

Amnistía pide a Acuña las investigaciones en las que se basó para prohibir el lenguaje inclusivo

«Si bien la ministra de Educación, Soledad Acuña, informó que se tomó esta decisión ante el bajo rendimiento de las y los estudiantes en pruebas educativas, la organización requiere acceder a la información científica y/o teórica que establece la supuesta correlación entre los resultados de dichas pruebas y el uso del lenguaje inclusivo», señaló la organización en un comunicado.

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Amnistía Internacional pidió al Ministerio de Educación porteño que indique en qué investigaciones se basó para fundamentar la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y advirtió que la medida «va a contramano del derecho de identidad de género».

«Si bien la ministra de Educación, Soledad Acuña, informó que se tomó esta decisión ante el bajo rendimiento de las y los estudiantes en pruebas educativas, la organización requiere acceder a la información científica y/o teórica que establece la supuesta correlación entre los resultados de dichas pruebas y el uso del lenguaje inclusivo», señaló la organización en un comunicado.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que «la restricción del uso del @, x, y la e traería aparejada la invisibilización de diversas identidades que se reconocen y se encuentran nombradas en el uso del lenguaje inclusivo».

«Esta limitación va a contramano del derecho a la identidad de género», dijo, y añadió que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires «debería revertir esta medida» porque «todas las personas tenemos derecho a ser nombradas de acuerdo a nuestra identidad».

La organización indicó que la limitación del lenguaje inclusivo «entraría en colisión con la ley de identidad de género que establece que ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá restringir el ejercicio» de ese derecho.

Por esta razón, solicitó a la cartera educativa que indique qué investigaciones realizó para fundamentar que el uso del lenguaje no binario por parte de docentes generó un «retroceso en el aprendizaje de les niñes y adolescentes en los resultados de las evaluaciones de 2020 y 2021».

Además, Amnistía «ve con preocupación que la ministra haya manifestado que quienes hagan uso de los recursos lingüísticos propios del lenguaje inclusivo serán pasibles de medidas disciplinarias».

Ante ello, también solicitaron detalles sobre cuál sería el proceso administrativo disciplinario que se aplicaría, informaron.

En el mes de Orgullo, Amnistía Internacional recordó «que las políticas inclusivas son vitales para que niños, niñas y adolescentes puedan vivir y disfrutar de sus identidades libremente».

En ese sentido, precisó que «en el ámbito educativo el 13% de las y los directivos del nivel primario y el 36% de los directivos de nivel secundario manifiestan que la escuela ha intervenido en al menos una de las siguientes situaciones: discriminación por orientación sexual, discriminación por identidad de género y/o situaciones de violencia hacia las mujeres, conforme surge de las evaluaciones Aprender del Ministerio de Educación de Nación».

Educación

La UBA tomó Plaza de Mayo contra el ajuste y las causas por corrupción del Gobierno de Milei

La Asociación Gremial Docente reclamó en la plaza central del país la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno lleva 169 días incumpliendo pese a haber sido votada por el Congreso y avalada por la Justicia. Los salarios docentes perdieron un 35% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

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El Argentino Diario-Docentes de la UBA, clase pública en Plaza de Mayo.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) llevó este viernes sus clases al corazón del país: con una feria de ciencias en Plaza de Mayo y clases públicas frente a la Casa Rosada, los docentes universitarios reclamaron al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada el 21 de octubre de 2025 y que el Ejecutivo lleva 169 días incumpliendo.

Ilegalidad con fallo judicial incluido

La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, resumió la situación con dureza: «Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la ley, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula más de 160 días de incumplimiento. La docencia trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo», declaró la dirigente a la agencia Noticias Argentinas.

La norma, que ordena un aumento salarial del 50% equivalente a la brecha entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023, fue votada al menos cuatro veces por el Congreso Nacional, incluyendo dos instancias para ratificar el rechazo al veto presidencial. La Cámara Contencioso Administrativo Federal también falló a favor de su aplicación.

De la casa de Adorni a Casa Rosada

La convocatoria de AGD-UBA definió el recorrido con una consigna que resume el estado del conflicto: de la casa del vocero presidencial Manuel Adorni a la Casa Rosada. Las actividades se extendieron entre las 10 y las 17 e incluyeron clases abiertas de diversas disciplinas y una feria de ciencias junto a docentes e investigadores de ATE Conicet.

En paralelo, los docentes mantienen cese de actividades en cada unidad académica durante toda la semana, con foco especial en el Ciclo Básico Común (CBC).

Una ley resistida desde el principio

El conflicto por el financiamiento universitario lleva más de un año de disputa institucional. Milei vetó la ley el 10 de septiembre de 2025 mediante el Decreto 651/2025. El Congreso respondió con contundencia: Diputados rechazó el veto el 17 de septiembre con 174 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones; el Senado hizo lo propio el 2 de octubre con los dos tercios necesarios para revertirlo, lo que obligaba al Ejecutivo a promulgar la norma.

A pesar de ese respaldo parlamentario y judicial, el Gobierno de La Libertad Avanza mantiene su negativa a aplicarla, en lo que los propios docentes califican como desobediencia institucional.

Puntos clave

  • AGD-UBA realizó clases públicas y feria de ciencias en Plaza de Mayo el viernes 10 de abril
  • El Gobierno acumula 169 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
  • Los salarios docentes perdieron un 35% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023
  • La ley fue votada al menos cuatro veces por el Congreso y avalada por la Justicia federal
  • Los docentes mantienen cese de actividades en todas las unidades académicas, con foco en el CBC

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