El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó hoy un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial, que desató protestas que derivaron en una violenta represión policial.

Según el Gobierno, se trata de una acción declarativa -en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- ante la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña al considerar que «vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT».

«Presentamos ante la CSJ una acción declarativa de inconstitucionalidad contra varios artículos incorporados por Morales en la Constitución de Jujuy», sostuvo el ministro de Justicia en cuenta de Twitter tras haber entregado el escrito y señaló que «el candidato a vicepresidente de (la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Horacio Rodríguez) Larreta pretende hacer campaña llevándose puestos los derechos de los jujeños, como lo demostró con la brutal represión con la que estrenó la reforma y con las arbitrarias medidas tomadas contra Milagro Sala».

La presentación, que fue fue realizada esta mañana, fue elaborada por los equipos técnicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia; la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y además recoge los aportes realizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En un comunicado, el Gobierno informó que el escrito plantea la «gravedad institucional» generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Morales, ya que «está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan».

La presentación destaca, asimismo, que organismos Internacionales de derechos humanos, «con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma».

De esta manera, aludieron a una comunicación oficial del 20 de junio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que urgió al Estado argentino a «respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social» y también a la comunicación que el Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) envió al mandatario provincial expresando que lo dispuesto en Jujuy «no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos».

La demanda gubernamental afirma que «la manda del inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», al indicar que dicho inciso sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo -por parte del gobierno de turno- que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El escrito también solicita que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna jujeña, al considerar que durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial «se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa».

Según el Ministerio de Gobierno, la maniobra de Morales fue denunciada por las propias comunidades indígenas por no cumplir con «los parámetros de la interculturalidad exigida por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, Ley 24.071», por lo cual el Gobierno nacional afirmó que «no hubo instancias de diálogo extendido durante un tiempo» y que la consulta es «una obligación del Estado en cualquiera de sus niveles».

«Los artículos referidos al régimen de agua y tierras fiscales debieron ser objeto de consulta, en virtud de que se encuentran directamente vinculados al territorio y no contemplan el uso tradicional de las comunidades indígenas», afirmó el documento presentado ante la CSJ y sostuvo que «el Estado debe tener en cuenta la importancia especial que tiene para los pueblos indígenas su relación con los territorios y con los recursos naturales allí existentes».

En declaraciones que realizó esta mañana a radio 10, el ministro Soria indicó que «hay artículos que son totalmente violatorios de los derechos y las garantías consagradas en la Constitución en esta reforma exprés de Morales. Tiene partes que directamente chocan con la Constitución y el sistema interamericano de Derechos Humanos porque en realidad se pretende criminalizar la protesta».

El ministro sostuvo que, con la reforma, se busca «crear el marco jurídico para reprimir y perseguir a quienes no estén de acuerdo con las ideas económicas» y añadió: «Esta película ya la vimos: ajuste hambre miseria y represión contra el pueblo. Es la Alianza del 2001 y Cambiemos en 2016».

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, manifestó ayer que el presidente Alberto Fernández «sigue muy de cerca la situación en Jujuy» y recordó que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, «viajó a Jujuy y está permanentemente en contacto».

Y, remarcó: «Hemos denunciado la represión en Jujuy y el Presidente mismo se ha expresado exigiéndole al gobernador Morales que cese con la represión y al ministro de Justicia que se presente para plantear si existe inconstitucionalidad en los artículos cuestionados de la Constitución Nacional», como ocurrió hoy.

Anoche, tras el anuncio de esta presentación de acción declarativa, Morales expresó en Twitter que «se confirma el intento de desestabilización en Jujuy» y agregó: «Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución».

«Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo», advirtió.

También salió en su defensa su compañero en la fórmula presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, quien indicó que «la nueva Constitución de Jujuy es de todos los jujeños» y expresó su «solidaridad con ellos y con Gerardo Morales ante otro intento del kirchnerismo por avanzar sobre la autonomía de las provincias».

La reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calle y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada el 20 de junio, en medio de graves incidentes en la ciudad capital.

La diputada nacional por Jujuy del Frente de Todos, Carolina Moisés, aseguró a Télam que detrás de esta reforma se encuentran en juego las tierras fiscales y la gestión de los recursos naturales, al igual que el uso del agua y los derechos de las 340 comunidades aborígenes de la provincia.

La Carta Magna jujeña, que no había sido reformada desde 1986, causó una ola de rechazos entre los sectores de los trabajadores, organizaciones sociales, desocupados y comunidades de pueblos indígenas que ven con preocupación la quita de derechos conquistados en democracia.