La Fundación Vía Libre presentó un amparo contra el Gobierno porteño para que se le ordene la suspensión de la concesión otorgada a la empresa MSA para la prestación del servicio de Boleta Única Electrónica, que se implementará en las elecciones concurrentes del distrito, y pidió la «reposición de la metodología» tradicional en papel hasta tanto «esté garantizado el correcto cumplimiento del derecho al voto».

El escrito ingresó en el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 18, impulsado por María Beatriz Busaniche, presidenta de la fundación que trabaja desde hace 20 años el tema de voto electrónico, es una referencia internacional en la materia y alude al sistema electrónico por el que el Gobierno porteño optó para las elecciones de cargos locales.

«Dada la inminencia de las elecciones, solicitamos se le ordene cautelarmente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender en los próximos comicios la implementación del uso del sistema informático contratado por no contar con las garantías suficientes, y reponer las elecciones en papel», explica la presentación.

Indica, además, que el requerimiento permanecerá vigente hasta tanto «se garantice que la tecnología contratada no presenta riesgos para el cabal cumplimiento de los derechos en juego, garantizando la transparencia del proceso, la seguridad de la información y la integridad del voto, lo cual incluye la preservación del secreto».

También advierte sobre la importancia de que se le ordene al Gobierno porteño «tomar medidas adecuadas para su implementación en términos de educación y capacitación para la ciudadanía en pos de garantizar el acceso efectivo en condiciones de igualdad y realicen auditorías independientes, técnica y metodológicamente correctas, adecuadas, completas y suficientes».

El 14 de junio, el Gobierno porteño aprobó a concesión para el servicio de tecnología aplicable al proceso electoral a la empresa MSA (Magic Software de Argentina), la única que se presentó al llamado a licitación, por un monto cercano a los 26 millones de dólares en las instancias de elecciones primarias, generales y un eventual balotaje.

Según señaló la Fundación Vía Libre en un comunicado, documentaron «a lo largo de dos décadas numerosas vulnerabilidades y problemas en sistemas de votación electrónicos, incluyendo el proceso en el cual la misma empresa MSA ofreció sus servicios para la Ciudad de Buenos Aires en 2015».

«Entre la nutrida prueba presentada para acompañar la demanda se encuentra la evidencia producida por la propia Justicia de la Ciudad sobre la fragilidad de la seguridad de los sistemas de MSA, la opacidad y la falta de garantías que doten de confianza el proceso», alertaron.

Por último, señalaron que «el proceso electoral es central para el sistema democrático», por lo que «generar dudas e incertezas sobre su funcionamiento redunda en un debilitamiento de la democracia en general y de la participación ciudadana en particular, ya que pone en crisis la representatividad y las instituciones que cumplen un rol central en la organización de nuestras sociedades».

Y concluyeron en que «los sistemas de voto electrónico están en retroceso y son cuestionados en todo el mundo, incluyendo su suspensión en países que habían sido pioneros en su implementación como Holanda o Alemania».

La Boleta Única Electrónica implica la selección de los candidatos a través de una máquina con pantalla táctil para luego imprimir la boleta, que se coloca en la urna de la mesa de votación, en tanto que el sistema permite elegir una lista completa, votar por categorías, anular el voto o votar en blanco.

El sistema estuvo determinado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y contempló el llamado a elecciones concurrentes en las que más de tres millones de ciudadanos votarán en la misma jornada en una urna para los cargos nacionales a través de una boleta en papel, y en otra para las categorías locales con el sistema de Boleta Única Electrónica.