DDHH
Dictadura: remueven al general retirado que reivindicó a genocidas
Así lo ordenó el ministro de Defensa, Jorge Taiana. El General retirado Rodrigo Soloaga había mostrado solidaridad con terroristas de Estado condenados por la justicia.
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, ordenó hoy la remoción del General retirado Rodrigo Soloaga en su cargo de presidente de la Comisión de retirados de Caballería, quien en un acto que se hizo el pasado 25 de abril reivindicó el terrorismo de Estado y a sus responsables.
Así lo informó el Ministerio Defensa en un comunicado en el que sostuvo que los dichos de Soloaga configuran «un discurso contrario a todos los principios democráticos de un estado de derecho».
En un acto por el Día del arma de Caballería, Soloaga formuló una reivindicación de sus camaradas presos por delitos de lesa humanidad.
«Es para recordar a todos los camaradas de Caballería que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país y expresarles nuestro permanente y renovado acompañamiento en estas circunstancias que les toca enfrentar y que llevan con estoicismo», dijo Soloaga durante una conmemoración que se hizo en el Campo de Polo.
Según el expediente iniciado por Taiana y el director de Derechos Humanos del ministerio de Defensa, Eduardo Jozami, «los dichos de Soloaga referidos contrarían no sólo un amplísimo consenso nacional que sostiene las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado Nacional viene llevando a cabo desde el año 2003», sino también «las decisiones adoptadas en reiteradas oportunidades por el Poder Legislativo y las altas autoridades de la Justicia Nacional».
Además sostiene que Soloaga también violó el artículo 1° del Código de Disciplina Militar, indicó el comunicado del ministerio.
Ese artículo, recordó, señala que «todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las demás leyes de la República, así como la observancia cabal de las leyes y reglamentos militares, el respeto a las órdenes del mando, la subordinación al régimen jerárquico y el cumplimiento de todas las obligaciones que surgen del estado militar».
Taiana manifestó que «a 40 años de democracia, es inaceptable y no toleraremos bajo ninguna circunstancia este tipo de manifestaciones» y advirtió que «les cabrá la sanción disciplinaria correspondiente a quienes tengan estos pronunciamientos que atentan contra la democracia y las políticas de memoria, verdad y justicia».
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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Miguel
29.04.2023 at 08:49
No se entiende que alcance quieren decir con la palabra «Remoción», dado que estamos hablando de un Militar Retirado, o sea fuera de todo servicio. Existe solo dos alternativas a aplicar, la Baja de la Fuerza y la apertura de un expediente judicial por Apologia del Delito, Todo lo demás, significa operar con blandura, lo que la experiencia nos indica que se paga muy caro……
Zulu Mirtha
30.04.2023 at 19:59
En el video en ningún momento se reivindicó a nadie. Se replicó los argumentos de Taiana pero casi ningún medio vio el video. Es bastante grave porque replican «la historia oficial».