Los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos hace 20 años, generaron un proceso legal que terminó con las condenas a reclusión perpetua del entonces comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, a cargo del operativo represivo.

La prisión para los responsables materiales de los crímenes no es suficiente para los familiares de los dirigentes asesinados, quienes siguen exigiendo el avance de las causas que involucran a los responsables políticos de la denominada «Masacre de Avellaneda».

La investigación que busca desentrañar las responsabilidades al más alto nivel está en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien delegó la investigación en la fiscal Paloma Ochoa.

La causa se inició en 2003 por iniciativa de la madre de Maximiliano Kosteki, Mabel Ruiz, quien falleció poco después de recurrir a los tribunales para pedir que se investigue a todos los responsables de la muerte de su hijo.

La investigación pretende determinar si existe responsabilidad en los crímenes del entonces presidente interino Eduardo Duhalde y sus ministros; concretamente si existió una orden de reprimir la movilización piquetera con balas de plomo.

La causa por las responsabilidades políticas se escindió de la que juzgó a Fanchiotti y Acosta en diciembre de 2004, a raíz de un recurso presentado ante la Corte Suprema por las querellas que representaban a los familiares de las víctimas.

Desde ese momento, el expediente no logró avances significativos y en mayo de 2012 el fiscal de la causa, Miguel Osorio, decidió archivarlo por inexistencia de pruebas.

Pero en 2015, a instancia de los familiares y sus representantes legales, se logró la reapertura del expediente por la presentación de nuevos elementos.

El último de ellos se incorporó a la investigación este año, a través del documental «Diciembre», del director Patricio Escobar y el periodista Alejandro Bercovich, en el que fue entrevistado el expresidente interino.

En el filme, Duhalde reconoce un temperamento represivo en la actitud del gobierno ante la marcha del 26 de junio de 2002, que además de las muertes de Santillán y Kosteki dejó 33 heridos con balas de plomo.

«Dí la orden de que no pasaran» los piqueteros, dice Duhalde en el documental y refuerza: «La gente no puede hacer lo que quiera».

La línea de investigación de la fiscalía también contempla determinar si hubo participación de fuerzas federales, como la Policía Federal o Prefectura, lo que probaría una operación coordinada desde el poder político nacional.

La justicia también reiteró pedidos a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en busca de determinar cuál era el comportamiento de la Secretaría de Inteligencia en los días previos y en la jornada de la masacre.

Según trascendió de fuentes judiciales, el día de la represión, desde un teléfono de la SIDE, se hicieron dos llamados al comisario Fanchiotti, aunque el funcionario policial no los atendió.

Desde que se reabrió la investigación judicial, prestó declaración testimonial el entonces intendente Avellaneda, Oscar Laborde, y dirigentes sociales como la miembro de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y el dirigente de «Autodeterminación y Libertad», Luis Zamora.

El excomisario Fanchiotti, quien luego de disparar sobre los manifestantes intentó instalar en los medios que las muertes habían sido provocadas por «enfrentamientos internos» del movimiento piquetero, solicitó este año que se le otorgue la libertad condicional.

La justicia de Lomas de Zamora le negó el beneficio en primera instancia, medida que esta semana ratificó la sala III de la Cámara de Apelación, con lo cual el expolicía seguirá cumpliendo su condena preso.