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La PBA irá al Congreso para restituir los subsidios al transporte

Así lo confirmó el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio. Buscarán con sus legisladores «restituir de manera definitiva el fondo compensador al transporte y lo mismo se está trabajando con el fondo educativo, que es una barbaridad».

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El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, afirmó este sábado que acudirá a través de los legisladores al Congreso de la Nación «con un proyecto de ley para restituir de manera definitiva el Fondo Compensador al Transporte Público» y remarcó que «lo mismo se está trabajando con el Fondo Educativo».

«Vamos a ir al Congreso con un proyecto de ley para restituir de manera definitiva el fondo compensador al transporte y lo mismo se está trabajando con el fondo educativo, que es una barbaridad», sostuvo D’Onofrio en declaraciones a Radio Splendid.

En este sentido, el funcionario bonaerense sostuvo: «Estamos buscando que el Gobierno nacional entienda que las medidas que está tomando no son en contra de un gobernador o de una administración, sino que lo paga la gente y el que menos tiene«.

Asimismo, contempló que «todas las provincias están avanzando en el reclamo judicial» en torno al reclamo por los fondos, y -enfatizó- «la provincia de Buenos Aires también».

«Ya hubo un fallo a favor que lo presentó la provincia de Neuquén, así que esperemos que en los próximos días podamos tener por lo menos una buena noticia retrotrayendo esta medida«, dijo.

D’Onofrio advirtió que el recorte del Fondo Compensador al Transporte Público puede provocar no sólo que sea «inalcanzable» para una persona viajar en colectivo, sino también la «desaparición del transporte público de pasajeros porque las empresas no podrían prestar el servicio, lo cual implica tanto la pérdida de puestos de trabajo directos como indirectos, es decir, de la gente que no puede llegar mediante un transporte público a trabajar o estudiar o lo que tenga que hacer».

No obstante, el ministro de Transporte bonaerense aseguró que «no se dejará de subsidiar el transporte en el interior» de la provincia, a la vez que «va a seguir cumpliendo con sus obligaciones y tratando de que los fondos que se han camoteado en este intento de extorsión sean reintegrados».

«Todo lo que ha retirado hasta ahora el Gobierno nacional equivale al 24% de los recursos totales de los bonaerenses, incidiendo esto en educación, salud, seguridad, obras públicas», apuntó.

Por último, D’Onofrio consideró que el objetivo del Gobierno nacional de alcanzar un déficit cero «está muy bien», pero -pidió- «que no sea a costa de la gente».

«Las políticas de motosierra, licuadora, que está implementando el Gobierno nacional primero destrozaron el mercado interno, pero además se licuaron los ingresos de los trabajadores e hizo caer la actividad comercial, con lo cual empieza a haber menos trabajo», concluyó.

Gremiales

Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.

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920 puestos de trabajo, siete meses de resistencia y un fallo que el sindicato llama "disparate jurídico".

Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.

«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.

El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.

Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal

El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.

El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.

La CGT y el reclamo de paro general activo

El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.

El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.

Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.

Lo que tenés que saber

  • La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
  • El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
  • 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
  • El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
  • Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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