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Cristina pidió habilitar la lista de Quintela pese a las irregularidades

La Junta Electoral del PJ deberá verificar en 24 horas si la lista cumple con los requisitos reglamentarios. Habían denunciado avales falsificados, candidatos sin identificación y no afiliados.

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El-Argentino-Cristina Fernández de Kirchner.

En el marco de las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) programadas para el próximo 17 de noviembre, el espacio político Primero la Patria, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, solicitó a la Junta Electoral del PJ que habilite la lista de Ricardo Quintela, a pesar de detectar incumplimientos al reglamento electoral.

El comunicado emitido este martes por el sector kirchnerista expresó: «A pesar de los numerosos incumplimientos al reglamento detectados, Primero la Patria solicita a la Junta Electoral del Partido Justicialista que habilite la lista de Ricardo Quintela para participar de las elecciones internas».

El pedido cobra relevancia en medio de la disputa por el liderazgo del PJ, donde Quintela se postula a la presidencia del partido con el respaldo del espacio «Federales, un grito de corazón». No obstante, los apoderados de Cristina Fernández plantearon serias objeciones sobre el cumplimiento de las normativas por parte de esta lista.

Las irregularidades de la lista de Quintela

El documento presentado ante la Junta Electoral, firmado por Teresa García, Anabel Fernández Sagasti y Gustavo Arrieta, representantes legales de Primero la Patria, enumeró una serie de observaciones. Entre las más destacadas se encuentra la ausencia de dos candidatos por provincia, el incumplimiento del cupo mínimo de 15 candidatos por las ramas sindical y juvenil, y la presentación de candidatos sin especificar la provincia a la que pertenecen ni su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, el escrito señaló la inclusión de dos candidatos que no estaban afiliados al partido, lo que vulnera las normas básicas del reglamento interno. Asimismo, los apoderados denunciaron la existencia de avales falsificados y firmas duplicadas, lo que profundiza las dudas sobre la validez de la candidatura de Quintela. Ante esta situación, solicitaron a la Junta Electoral que verifique en un plazo de 24 horas el cumplimiento de todos los requisitos.

Contexto político y la postura de Cristina

El comunicado de Primero la Patria también advirtió que el contexto político actual no debería impedir la realización de las elecciones internas. «Hace varios meses el candidato de Federales, un grito de corazón, viene recorriendo el país y constituyendo las juntas promotoras de su espacio interno», afirmaron los apoderados, destacando que la contienda electoral debe continuar a pesar de las dificultades planteadas.

La solicitud de Cristina Fernández de Kirchner de habilitar la lista de Quintela resulta, al mismo tiempo, un llamado a respetar la institucionalidad del PJ y un desafío a la Junta Electoral para que controle de manera exhaustiva las irregularidades mencionadas. Con esta movida, la expresidenta marca su estrategia de consolidar su espacio político y, eventualmente, sostener un liderazgo fuerte dentro del peronismo, más allá de los conflictos internos.

Judiciales ⚖️

Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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