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Diputados: las campañas con el recinto de rehén

El FdT quiere avanzar en agosto con proyectos económicos y JxC con la estéril ley de alquileres.

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El Frente de Todos (FdT) buscará avanzar en la Cámara de Diputados en la primera quincena de agosto con el tratamiento de un paquete de proyectos sociales y económicos, entre los que figuran iniciativas sobre cuidados parentales, de protección de datos personales, el Plan de Ciencia 2030 y dos iniciativas energéticas; mientras que Juntos por el Cambio (JxC) aspira a tratar un proyecto de reforma de la ley de alquileres.

A esto se suma que la bancada del FdT -que conduce German Martínez- seguirá priorizando la investigación en la Comisión de Juicio Político la conducta de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño en sus funciones.

La Comisión de Juicio Político -presidida por Carolina Gaillard- volverá a reunirse el 1 de agosto para tomar testimonios al exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y a Silvio Robles, estrecho colaborador de Rosatti, para que expongan sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

Fuentes parlamentarias sostienen que una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires, que habían sido redistribuidos por el Gobierno de Alberto Fernández, benefició a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, tras supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración porteña a través de Robles.

Pero además, esa misma semana el oficialismo quiere avanzar con reuniones informativas y, tras las elecciones PASO del 13 de agosto, emitir los respectivos dictámenes para tratar de sancionar sus iniciativas en la última quincena de ese mes.

Si bien será difícil reunir quórum antes de las PASO para firmar los despachos, se podrán realizar las reuniones informativas y de asesores para acordar los textos de los proyectos que luego tratarán los legisladores.

La oposición quiere instalar su agenda y por eso JxC pidió, junto a los bloques de Provincias Unidas y el Interbloque Federal, una sesión para el 23 de agosto a fin de debatir una reforma de la ley de alquileres.

JxC quiso tratar sobre tablas una derogación de la ley de alquileres en la sesión del 5 de julio, pero ese pedido fue rechazado por el FdT, por lo cual el jefe de la bancada radical Mario Negri presentó una nota pidiendo la sesión para el 23.

Pero para eso, JxC debe primero acordar una postura única porque existen diferencias entre los bloques de la coalición opositora: la UCR y el PRO proponen la derogación de la ley aprobada en el 2020, y la Coalición Cívica y Encuentro Federal quieren sólo reformar los dos puntos centrales de esa norma, que son reducir los contratos a dos años y establecer actualizaciones semestrales en un lugar de anuales.

El Interbloque Federal y Provincias Unidas pretenden una reforma y no están de acuerdo con derogar una ley, ya que sostienen que hay puntos que se deben mantener.

El oficialismo no quiere cambiar la ley y propone cambios impositivos, pero quiere instalar una agenda con temas menos conflictivos y que se puedan acordar con la mayoría de las bancadas.

Uno de los proyectos que tiene amplio consenso es la reforma de las licencias parentales que se discute en las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, donde se está trabajando en un dictamen consensuado en base a la treintena de iniciativas propuestas por diversas bancadas y por el Poder Ejecutivo.

También se buscará avanzar en un plenario de Comisiones de Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda -conducidas por Facundo Manes (JxC) y Carlos Heller (FdT)- en el tratamiento del Plan de Ciencia 2030, sobre el cual ya expusieron el ministro del área, Daniel Filmus, y empresarios del sector.

El programa expresa «diez desafíos nacionales» con foco en temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico.

Los objetivos del plan son erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria.

También el oficialismo quiere comenzar a debatir en reuniones informativas el proyecto de protección de datos personales con el objeto de garantizar «el ejercicio del derecho fundamental de las personas humanas a la protección de sus datos personales y su privacidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero, de la Constitución».

Esta ley establece las reglas para el debido tratamiento de los datos personales y la autodeterminación informativa, así como los derechos de las personas humanas y los deberes de quienes realizan su tratamiento.

En la primera quincena de agosto, el oficialismo quiere emitir dictamen favorable al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) con el objeto de dar un marco promocional a las inversiones de capital intensivo que se requieren para aprovechar y monetizar el potencial que tiene Vaca Muerta, en un mercado global de alta demanda energética.

Las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto realizaron ya dos reuniones donde expusieron el presidente de YPF, Pablo González, y la secretaria de Energía, Flavia Royon.

La sanción de esta iniciativa -que el Gobierno envió al Congreso el 29 de mayo- es sustancial para el Poder Ejecutivo, de manera de dar el marco adecuado para avanzar, en el acuerdo firmado en septiembre de 2022 por YPF con la empresa malaya Petronas.

También quiere comenzar con el debate del proyecto de Promoción del Hidrógeno de Bajas Emisiones de Carbono y otros Gases de Efecto Invernadero, para la se utilizarán «definiciones y tipologías por colores -verde, azul y rosado-, consistentes con las nomenclaturas conocidas internacionalmente respecto a la fuente de energía utilizada para su obtención».

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Ciudades inteligentes sin política laboral: el vacío que dejó el congreso de intendentes en CABA

Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes de distintas provincias se reunieron en la Usina del Arte para debatir inteligencia artificial, transformación digital y su impacto en el trabajo. Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores y reclamó que los gobiernos garanticen que la mayoría de la sociedad quede del lado de los beneficiados.

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Jorge Macri admitió que la IA creará ganadores y perdedores; nadie explicó quién protegerá a los segundos.

La primera edición de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, reunió este miércoles en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, a representantes de casi 300 municipios y a 82 intendentes de todo el país para discutir uno de los desafíos más urgentes de la gestión pública contemporánea: cómo incorporar la inteligencia artificial a los servicios del Estado sin que esa transformación profundice las desigualdades existentes en el mercado laboral y en el acceso a la educación.

El evento fue organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad, encabezada por César Torres. La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien planteó el eje político del encuentro con una frase que sintetiza la tensión de fondo: «Estamos frente a una revolución tecnológica y nuestro desafío es que la mayoría de la sociedad esté del lado de los ganadores».

La IA ya modificó el mercado laboral; la pregunta es quién paga el costo

Macri puso sobre la mesa una preocupación que los datos ya respaldan con crudeza. Un relevamiento publicado meses atrás por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableció que el 67% del empleo porteño tiene algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa, con un índice de 0,353 que supera al de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Las ocupaciones más afectadas son precisamente las más numerosas del distrito: empleados administrativos, contables, de atención al público y profesionales de TIC.

En ese contexto, el jefe de Gobierno reconoció que una parte importante de quienes integran hoy el mercado laboral se formó en un mundo analógico y debe adaptarse a herramientas que cambian a una velocidad que los sistemas educativos no pueden seguir. «La IA va a plantear ganadores y perdedores», admitió, y llamó a que los gobiernos asuman ese desafío sin naturalizarlo. El planteo, sin embargo, no vino acompañado de ninguna medida concreta de protección para los sectores laborales más vulnerables a la automatización.

La tensión entre el discurso de la oportunidad tecnológica y la ausencia de políticas activas de reconversión laboral fue la que atravesó, de manera implícita, toda la jornada. Hablar de ciudades inteligentes sin debatir quién financia la transición y quién carga con sus costos es, en el mejor de los casos, una omisión; en el peor, una decisión política.

La educación, entre el discurso y la contradicción

Macri también colocó el problema educativo en el centro del debate. «En las escuelas hay chicos estudiando para trabajos que hoy no existen», afirmó, y señaló que la formación no puede concebirse como una etapa que cierra con el egreso escolar o universitario: «Necesitamos que los ciudadanos sigamos aprendiendo a lo largo de la vida».

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, también expuso en el congreso. Su presencia tiene una lectura política específica: el gobierno de Macri incorporó el uso de inteligencia artificial como contenido obligatorio en la escuela primaria porteña, con un anexo curricular elaborado, según trascendió, con herramientas de IA generativa. La apuesta plantea preguntas abiertas sobre cómo se garantiza la equidad en el acceso a esas herramientas en un sistema educativo con brechas tecnológicas notorias entre escuelas.

Un mapa federal con lecturas cruzadas

La convocatoria tuvo un componente político que no pasó desapercibido: reunió a intendentes de distintos partidos y provincias bajo la conducción del gobierno porteño. Entre los presentes se contaron Julio Alak, intendente de La Plata; Daniel Passerini, de Córdoba; Soledad Martínez, de Vicente López; Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero; Santiago Passaglia, de San Nicolás; Leonel Chiarella, de Venado Tuerto; y varios jefes comunales de la Patagonia y Cuyo, como Carlos Koopmann (Zapala), Bruno Pogliano (El Bolsón), Lino Yonar (Campo Quijano) y Susana Laciar (San Juan).

La presencia de Alak, intendente del principal municipio bonaerense y figura del kirchnerismo, en un evento organizado por la administración macrista no es un dato menor. Sugiere que la agenda de las ciudades inteligentes, con todo lo que implica en términos de infraestructura digital, datos ciudadanos y relación con el sector privado tecnológico, empieza a configurar un espacio de disputa política que cruza las fronteras partidarias tradicionales.

Entre los expositores también estuvieron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra, ex funcionario macrista con vínculos en el ecosistema tecnológico, y el emprendedor Mateo Salvatto. La participación de empresas tecnológicas y startups completó un cuadro en el que el sector privado tuvo un lugar central en la definición de la agenda pública.

Qué significa ciudad inteligente y para quién

Durante el encuentro también se discutió qué significa en la práctica aplicar tecnología a la gestión municipal. Macri planteó que «una ciudad inteligente no es algo que se compra» y señaló que requiere también una ciudadanía y equipos preparados. La frase es razonable, pero evade la pregunta más incómoda: qué pasa con los municipios que no tienen los recursos, la conectividad ni el capital humano técnico para implementar esas transformaciones sin asistencia del Estado nacional o provincial.

La jornada había comenzado el martes 1 de septiembre con una sesión técnica destinada a los equipos de gobiernos locales y provinciales, donde se trabajó sobre herramientas concretas de gestión de datos, seguridad, salud y movilidad. La intención declarada es que las experiencias exitosas puedan replicarse en otros distritos. El desafío real es que esa replicación no reproduzca también las asimetrías de partida.

Puntos clave

  • Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes participaron del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes en la Usina del Arte.
  • Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores, sin anunciar medidas concretas de protección laboral.
  • El CESBA y la OIT establecieron que el 67% del empleo porteño tiene exposición a la IA generativa, con un índice superior al de EE.UU. y Europa.
  • El intendente kirchnerista de La Plata, Julio Alak, participó del evento organizado por la administración macrista.
  • El congreso no incluyó propuestas concretas de reconversión laboral para los sectores más vulnerables a la automatización.
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