CABA
Diputados: las campañas con el recinto de rehén
El FdT quiere avanzar en agosto con proyectos económicos y JxC con la estéril ley de alquileres.
El Frente de Todos (FdT) buscará avanzar en la Cámara de Diputados en la primera quincena de agosto con el tratamiento de un paquete de proyectos sociales y económicos, entre los que figuran iniciativas sobre cuidados parentales, de protección de datos personales, el Plan de Ciencia 2030 y dos iniciativas energéticas; mientras que Juntos por el Cambio (JxC) aspira a tratar un proyecto de reforma de la ley de alquileres.
A esto se suma que la bancada del FdT -que conduce German Martínez- seguirá priorizando la investigación en la Comisión de Juicio Político la conducta de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño en sus funciones.

La Comisión de Juicio Político -presidida por Carolina Gaillard- volverá a reunirse el 1 de agosto para tomar testimonios al exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y a Silvio Robles, estrecho colaborador de Rosatti, para que expongan sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
Fuentes parlamentarias sostienen que una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires, que habían sido redistribuidos por el Gobierno de Alberto Fernández, benefició a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, tras supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración porteña a través de Robles.

Pero además, esa misma semana el oficialismo quiere avanzar con reuniones informativas y, tras las elecciones PASO del 13 de agosto, emitir los respectivos dictámenes para tratar de sancionar sus iniciativas en la última quincena de ese mes.
Si bien será difícil reunir quórum antes de las PASO para firmar los despachos, se podrán realizar las reuniones informativas y de asesores para acordar los textos de los proyectos que luego tratarán los legisladores.

La oposición quiere instalar su agenda y por eso JxC pidió, junto a los bloques de Provincias Unidas y el Interbloque Federal, una sesión para el 23 de agosto a fin de debatir una reforma de la ley de alquileres.
JxC quiso tratar sobre tablas una derogación de la ley de alquileres en la sesión del 5 de julio, pero ese pedido fue rechazado por el FdT, por lo cual el jefe de la bancada radical Mario Negri presentó una nota pidiendo la sesión para el 23.
Pero para eso, JxC debe primero acordar una postura única porque existen diferencias entre los bloques de la coalición opositora: la UCR y el PRO proponen la derogación de la ley aprobada en el 2020, y la Coalición Cívica y Encuentro Federal quieren sólo reformar los dos puntos centrales de esa norma, que son reducir los contratos a dos años y establecer actualizaciones semestrales en un lugar de anuales.

El Interbloque Federal y Provincias Unidas pretenden una reforma y no están de acuerdo con derogar una ley, ya que sostienen que hay puntos que se deben mantener.
El oficialismo no quiere cambiar la ley y propone cambios impositivos, pero quiere instalar una agenda con temas menos conflictivos y que se puedan acordar con la mayoría de las bancadas.

Uno de los proyectos que tiene amplio consenso es la reforma de las licencias parentales que se discute en las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, donde se está trabajando en un dictamen consensuado en base a la treintena de iniciativas propuestas por diversas bancadas y por el Poder Ejecutivo.
También se buscará avanzar en un plenario de Comisiones de Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda -conducidas por Facundo Manes (JxC) y Carlos Heller (FdT)- en el tratamiento del Plan de Ciencia 2030, sobre el cual ya expusieron el ministro del área, Daniel Filmus, y empresarios del sector.

El programa expresa «diez desafíos nacionales» con foco en temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico.
Los objetivos del plan son erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria.
También el oficialismo quiere comenzar a debatir en reuniones informativas el proyecto de protección de datos personales con el objeto de garantizar «el ejercicio del derecho fundamental de las personas humanas a la protección de sus datos personales y su privacidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero, de la Constitución».

Esta ley establece las reglas para el debido tratamiento de los datos personales y la autodeterminación informativa, así como los derechos de las personas humanas y los deberes de quienes realizan su tratamiento.
En la primera quincena de agosto, el oficialismo quiere emitir dictamen favorable al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) con el objeto de dar un marco promocional a las inversiones de capital intensivo que se requieren para aprovechar y monetizar el potencial que tiene Vaca Muerta, en un mercado global de alta demanda energética.

Las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto realizaron ya dos reuniones donde expusieron el presidente de YPF, Pablo González, y la secretaria de Energía, Flavia Royon.
La sanción de esta iniciativa -que el Gobierno envió al Congreso el 29 de mayo- es sustancial para el Poder Ejecutivo, de manera de dar el marco adecuado para avanzar, en el acuerdo firmado en septiembre de 2022 por YPF con la empresa malaya Petronas.
También quiere comenzar con el debate del proyecto de Promoción del Hidrógeno de Bajas Emisiones de Carbono y otros Gases de Efecto Invernadero, para la se utilizarán «definiciones y tipologías por colores -verde, azul y rosado-, consistentes con las nomenclaturas conocidas internacionalmente respecto a la fuente de energía utilizada para su obtención».
CABA
Multas de tránsito en CABA: cuánto cuesta cada infracción y cómo consultar si siguen vigentes
El valor de las sanciones porteñas continúa actualizado según la Unidad Fija vigente. Existen penalidades que rondan el millón de pesos y otras que pueden multiplicar esa cifra en los casos considerados de mayor gravedad.
Puntos clave
- La Unidad Fija (UF) en CABA tiene un valor de $949,99.
- Los importes vigentes se mantendrán hasta el 2 de septiembre de 2026.
- Las multas más graves pueden superar los $3,7 millones.
- No usar cinturón de seguridad cuesta $94.999.
- Utilizar el celular al volante también implica una sanción de $94.999.
- Cruzar un semáforo en rojo puede generar multas de hasta $1.424.985.
- Exceder ampliamente la velocidad máxima puede costar hasta $3.799.960.
- Las faltas leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco.
- La consulta de infracciones puede realizarse online con DNI o patente.
Cuáles son los nuevos valores de las multas en CABA
La Ciudad de Buenos Aires mantiene vigente el esquema de sanciones económicas calculadas a partir de la Unidad Fija (UF), cuyo valor actual asciende a $949,99.
Cada infracción posee una cantidad determinada de UF y el importe final surge de multiplicar ese valor por la cantidad asignada a la falta cometida. Según el cronograma vigente, este monto permanecerá sin modificaciones hasta el 2 de septiembre de 2026.

Las infracciones más comunes y cuánto cuestan
Entre las faltas más habituales que registran los controles de tránsito figuran situaciones vinculadas a documentación, seguridad y uso indebido de dispositivos mientras se conduce.
Las sanciones vigentes son las siguientes:
- Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50
- No respetar la velocidad mínima (70 UF): $66.499,30
- No usar cinturón de seguridad (100 UF): $94.999
- Circular con la VTV vencida (100 UF): $94.999
- Utilizar el teléfono celular mientras se conduce (100 UF): $94.999
- Manejar con auriculares (100 UF): $94.999
- Enviar mensajes de texto al volante (200 UF): $189.998
- Permitir que un menor conduzca (200 UF): $189.998
Alcoholemia positiva: una de las sanciones más elevadas
Las multas por conducir bajo los efectos del alcohol se encuentran entre las más severas del sistema porteño.

Los montos varían según el nivel detectado durante el control:
- Alcoholemia positiva leve (150 a 300 UF): entre $142.498,50 y $284.997
- Alcoholemia positiva grave (300 a 1.000 UF): entre $284.997 y $949.990
Las multas más caras que existen en la Ciudad
Las conductas consideradas de mayor riesgo para la seguridad vial reciben sanciones significativamente más altas.
Entre ellas aparecen:
- Cruzar un semáforo en rojo (300 a 1.500 UF): entre $284.997 y $1.424.985
- Estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad (300 UF): $284.997
- Exceder la velocidad máxima en más de 140 km/h (400 a 4.000 UF): entre $379.996 y $3.799.960
Cómo consultar si tenés multas en CABA
El Gobierno porteño dispone de un sistema digital para verificar infracciones de tránsito utilizando la patente del vehículo o el DNI del titular.

Para realizar la consulta es necesario:
- Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad.
- Seleccionar la opción de búsqueda por patente o DNI.
- Completar la validación de seguridad.
- Revisar el detalle de las infracciones y el estado de deuda.
La plataforma también permite acceder al historial vial y consultar el puntaje disponible dentro del sistema de scoring.
Cuándo prescriben las multas de tránsito
Las sanciones no permanecen vigentes de manera indefinida y los plazos dependen del tipo de infracción.
Faltas leves
Las infracciones leves prescriben a los dos años desde la fecha en que fueron cometidas, siempre que no exista una notificación válida o una acción administrativa relacionada con la deuda.
Faltas graves
Las infracciones graves prescriben a los cinco años. Dentro de esta categoría se encuentran conductas como cruzar semáforos en rojo, circular sin seguro o negarse a presentar documentación obligatoria durante un control.
Qué ocurre si una multa sigue figurando después del plazo
La prescripción no se aplica de manera automática. Si una infracción continúa registrada una vez cumplido el plazo legal, el conductor deberá iniciar el trámite correspondiente ante la Dirección General de Administración de Infracciones para solicitar su eliminación.
Además, el plazo puede reiniciarse cuando se registra una nueva infracción grave o cuando la administración inicia actuaciones formales para reclamar el pago.
Mientras las multas permanezcan activas, pueden generar impedimentos para realizar trámites como la renovación de la licencia de conducir o la transferencia de un vehículo.
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