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Universidades nacionales: ¿Cuánto dura realmente una carrera?

Detectaron que mientras teóricamente rondan los cinco años, en realidad llegan a una media de nueve, coincidieron desde diferentes casas de altos estudios.

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Autoridades de universidades nacionales avanzan en el «sinceramiento» respecto de la duración de las carreras de grado y su adaptación a los «estudiantes reales», debido a que detectaron que mientras teóricamente rondan los cinco años, en realidad llegan a una media de nueve, coincidieron desde diferentes casas de altos estudios.

El «sinceramiento» se enmarca en la declaración que, en 2021, realizaron el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde definieron siete lineamientos de políticas universitarias a trabajar pospandemia, de cara a 2030. Entre ellas, la revisión de la distancia entre la duración teórica y la duración real de las carreras.

En la declaración afirmaron que hay una brecha «muy amplia» entre la duración teórica y la real y «solo el 29,6% de los estudiantes universitarios argentinos egresan en el tiempo teórico previsto», según SPU.

Con el objetivo de acortar esa brecha, universidades nacionales como la de San Martín, ubicada en provincia de Buenos Aires; la de Villa María, en Córdoba; la de Cuyo; la de Río Negro; la de Rosario, en Santa Fe; y la Universidad Tecnológica Nacional, están llevando adelante relevamientos y revisiones consultadas de forma intrainstitucional con docentes, graduados y estudiantes, con el fin de implementar innovaciones garantizando la calidad educativa, que permitan no solo sincerar, sino -en algunos casos- acortar las carreras, y adaptar los planes a los sujetos de aprendizaje actuales y reales.

A partir de la información del sistema Siu Guaraní, que registra las notas del estudiantado, la Uncuyo accedió a la duración real de las carreras en esa universidad y los datos arrojaron que «se demoran en promedio un 90% más de la duración teórica», lo que significa que para una carrera de cinco años se demoran nueve.

«Es mucho», resumió a Télam el secretario académico de Uncuyo, Julio Aguirre, y las y los secretarios académicos y rectores de otras universidades coincidieron en el diagnóstico.

Entre los factores de las demoras, la Uncuyo detectó causales exógenas al diseño curricular, referidas a itinerarios de la vida de los estudiantes; y endógenas al diseño, vinculadas a la estructura de sus carreras, planes de estudio y prácticas de enseñanza, algo que se repite en las demás universidades.

Para profundizar el análisis, la casa de estudios delineó también a los «estudiantes reales» versus «estudiantes ideales» previstos en los planes de estudio, y reafirmó que «el estudiante teórico no existe», porque «cuando se crea un plan de estudio estiman que un estudiante dispone de 40 horas semanales para cursar, estudiar, hacer prácticas», pero «los estudiantes reales: más del 50% trabaja, cerca del 20% tienen hijos a cargo, más del 50% tiene personas bajo su cuidado», precisó.

«Los estudiantes reales no pueden enfrentar este diseño curricular», afirmó Aguirre.

El desafío, entonces, «es acortar el tiempo de las carreras sin achicar contenidos, detectando repeticiones, mejorando la didáctica y la forma de evaluar», apuntó.

En el mismo sentido, la secretaria académica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Liliana Cuenca Pletsch apuntó que «en las carreras de ingeniería se plantea 4.100 horas en cinco años y un estudiante le debería dedicar 11 horas diarias seis días a la semana al estudio».

«Eso no existe -reafirmó-, menos en ingeniería, que la mayoría de los estudiantes a partir de tercer año en general trabajan».

En tanto, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, indicó que una medida importante -pero no la única- para poder revertir la brecha es «modificar la cantidad de horas», y eso fue lo que concretaron hace un mes con una normativa en la UNR que estableció el mínimo de horas exigido por el sistema universitario argentino para cada carrera será tomado como el máximo.

No obstante, remarcó que «hay que trabajar la superposición de contenidos, correlatividades y equivalencias».

La legislación vigente establece para las licenciaturas un piso de 2.600 horas y cuatro años, y para las carreras incluidas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior (como Medicina e Ingeniería) se establece un piso más alto de cantidad de horas y de años.

La Universidad Nacional de San Martín (Unsam) también indaga sobre el tiempo que les llevan a los estudiantes cumplir con las exigencias académicas en comparación con lo que piensan los docentes, y los primeros datos arrojaron que «les lleva mucho más tiempo de lo que los docentes consideran», dijo a esta agencia la secretaria general académica de Unsam, Alejandra De Gatica.

«El sinceramiento apunta a decir que en realidad la carrera no son 12 o 16 horas semanales, sino, como mínimo, 40. Hay que informar, porque si no viven una experiencia de permanente frustración al no poder cumplimentar con lo que se plantea», porque «el 80% de nuestros estudiantes trabaja tiempo completo», explicó.

Desde las seis universidades destacaron también que los estudiantes cumplen con tareas de cuidado.

Desde la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) detectaron además que las demoras se vinculaban a «rigideces innecesarias» en sus planes de estudios como la «excesiva carga de materias anuales y correlatividades», que flexibilizaron, afirmó a Télam el secretario académico de la UNVM Javier Díaz Araujo.

En tanto, la directora de la oficina de calidad de la Universidad Nacional Río Negro (UNRN), Graciela Giménez, explicó que hay dos fenómenos asociados al desempeño que «son bastante graves en cuanto a que impiden la graduación: la deserción en el primer año, algo común en todas las universidades del país, y el enlentecimiento en la permanencia».

Las seis universidades llevan adelante diferentes planes frente a esto.

En la Uncuyo el programa de sinceramiento curricular enmarca en el aprendizaje centrado en el estudiante y revisan todo el diseño curricular ese punto de vista junto a docentes, para detectar el tiempo que les demanda no solo cursar, sino leer el material, realizar los trabajos, y rendir los exámenes, precisó Aguirre.

De la misma manera, desde la Unsam, en este momento están encarando un «programa de innovación», destacó De Gatica.

En el caso de Unsam, el objetivo «no es acortar las carreras, sino analizar las propuestas académicas, tanto los planes de estudio desde el aspecto curricular como de las prácticas de enseñanza», precisó.

Con las flexibilizaciones en los planes de estudio, la UNVM «mejoró la cantidad de egresados y achicó el tiempo de egreso», al reducir casi 300 horas en todas las carreras habilitando distintas dinámicas, afirmó Díaz Araujo.

Por último, desde UTN, abordaron el cambio en la metodología de la enseñanza y una ‘adecuación curricular’ basada en contenidos mínimos y formación por competencias, concluyó su secretaria académica.

Judiciales ⚖️

El Gobierno saca la reforma laboral del fuero del Trabajo y la CGT pierde terreno en su estrategia judicial

La Cámara Contencioso Administrativa Federal apartó a la Justicia del Trabajo de la causa impulsada por la Central Obrera y cuestionó el proceder del juez laboral que resistía el traslado. El expediente regresa al Juzgado Federal N.° 12 con fallos favorables al oficialismo acumulándose.

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La Cámara Contencioso Administrativa desplazó a la Justicia del Trabajo de la causa de la CGT contra la reforma laboral

★ La batalla judicial en torno a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sumó este martes un nuevo capítulo que favorece al Ejecutivo. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para cuestionar la constitucionalidad de la Ley 27.802 debe tramitar en ese fuero y no ante la Justicia Nacional del Trabajo, según surge del fallo firmado por los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy.

La decisión ratificó la competencia del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.° 12, que había aceptado previamente la inhibitoria promovida por el Estado Nacional, representado en este trámite por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

El fuero que eligió el Gobierno

El conflicto de competencia se desató cuando el Ejecutivo promovió una inhibitoria para desplazar el expediente de la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo Federal. Mientras la jueza federal Macarena Marra Giménez había avalado ese planteo, el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo N.° 63, lo rechazó. Ojeda argumentó que la CGT no cuestiona actos administrativos ni contratos estatales, sino la constitucionalidad de una reforma integral del régimen laboral y sindical, materia reservada al fuero especializado. Para el magistrado, la mera presencia del Estado como demandado no desplaza automáticamente la competencia al fuero contencioso.

La Cámara, en cambio, sostuvo que el conflicto involucra materias federales que van más allá de las relaciones laborales comunes: entre ellas, la potestad del Congreso para asignar competencias judiciales, la organización de los tribunales y aspectos vinculados al funcionamiento estatal. Los camaristas Vicenti y Duffy argumentaron que dentro de la ley impugnada existen disposiciones vinculadas con el Fondo de Asistencia Laboral, la participación del Estado Nacional y la determinación del fuero competente cuando el Estado es parte.

La crítica al juez laboral y el «procedimiento deformado»

Uno de los pasajes más duros del fallo apuntó directamente contra el proceder del juez Ojeda. Los camaristas señalaron que el magistrado no podía apartarse del procedimiento legal previsto para los conflictos de competencia ni remitir por su cuenta las actuaciones a la Cámara Nacional del Trabajo. Para el tribunal, esa conducta configuró un «procedimiento deformado» que generó un conflicto innecesario y atentó contra la celeridad que exige un expediente de trascendencia institucional.

La resolución también rechazó uno de los argumentos centrales de la CGT: que los cambios introducidos por la Ley 27.802 sobre competencia judicial no podían operar de forma automática. La Cámara recordó que no existe un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento y que las normas sobre jurisdicción son de orden público y se aplican de inmediato, aun sobre causas en trámite, siempre que no se afecten actos procesales ya cumplidos.

La CGT pierde terreno, pero la batalla continúa

El fallo se suma a otra definición favorable que el Gobierno había obtenido días atrás, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la cautelar que suspendía más de 80 artículos de la reforma y restableció la vigencia plena de la ley mientras se sustancia la apelación. Esa decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal laboral, cuyos integrantes fueron luego recusados por la propia CGT, que denunció una presunta parcialidad hacia el Ejecutivo y solicitó la nulidad del pronunciamiento.

El cuadro judicial que enfrenta la central obrera se volvió considerablemente más adverso. Primero la reforma quedó vigente durante la tramitación del recurso; ahora también pierde el fuero ante el que pretendía discutir el fondo del asunto. El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal general Rodrigo Cuesta, había dictaminado en favor de la Justicia del Trabajo para resolver la cuestión de competencia, pero la Cámara no siguió esa postura.

Con el expediente de regreso al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 12, la pulseada judicial sigue abierta. La CGT mantiene vivas sus impugnaciones constitucionales y no descarta llegar a la Corte Suprema, donde el Gobierno ya solicitó un per saltum para acelerar definiciones. Por ahora, el Ejecutivo acumula victorias procesales mientras los trabajadores ven sus derechos en suspenso.

Puntos clave:

  • La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró competente a ese fuero para tratar la demanda de la CGT contra la reforma laboral.
  • El fallo fue firmado por los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy y ordenó al Juzgado del Trabajo N.° 63 ceder el expediente.
  • El tribunal criticó al juez laboral Raúl Ojeda por haber seguido un «procedimiento deformado» al resistir el traslado.
  • La CGT ya había perdido la cautelar que suspendía más de 80 artículos de la ley; ahora también pierde el fuero donde buscaba discutir la inconstitucionalidad.
  • El Ministerio Público Fiscal había dictaminado a favor de mantener la causa en la Justicia del Trabajo, pero la Cámara no lo siguió.

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