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¿Transparencia? Denuncian que el jefe de la DGI no declaró propiedades en Miami

Además de mantener ocultos inmuebles de su propiedad en EEUU, Andrés Vázquez está en la mira por vínculos con sociedades offshore Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, ambas radicadas en Panamá.

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El Argentino Diario-Miami.

El jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, quedó en el centro de la polémica tras ser acusado de adquirir propiedades en Miami a través de sociedades offshore que no figuran en sus declaraciones juradas. La denuncia surge de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Según los documentos publicados, Vázquez figura como titular de las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, ambas radicadas en Panamá. A través de estas firmas, adquirió tres propiedades de alto valor en la ciudad de Miami.

Las propiedades en cuestión

De acuerdo a la investigación, las compras realizadas por las sociedades offshore son:

  • El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp compró un departamento en el exclusivo edificio Icon Brickell por US$ 710.000.
  • Al día siguiente, adquirió otro inmueble en Brickell 1060, con un valor de US$ 350.000.
  • El 20 de julio de 2015, Pompeya Group Corp adquirió una suite en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, por US$ 980.000.

Tras la filtración de los Panamá Papers en 2016, Vázquez sumó a la sociedad Galanthus Capital Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, como controlante de Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. La firma Galanthus continúa siendo titular de estas sociedades, lo que mantiene su control sobre las propiedades en Miami. El valor actual de los departamentos asciende a US$ 1.690.000.

Documentación comprometedora

La investigación incluye documentación detallada que vincula a Andrés Vázquez con las sociedades offshore y las propiedades adquiridas. Entre las pruebas, se destacan los registros de la empresa Trident Trust, que categoriza al funcionario como una “Persona Políticamente Expuesta”. Además, se incluye una copia de su pasaporte y datos de contacto que coinciden con los registros oficiales.

La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a declarar la totalidad de sus bienes, tanto en el país como en el exterior. Sin embargo, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción en octubre pasado, Vázquez informó la titularidad de diez inmuebles en Argentina, pero no declaró ninguna propiedad en el exterior ni la existencia de las sociedades offshore.

El pasado de Vázquez en la AFIP

Andrés Vázquez ingresó a la AFIP en 1990 y cuenta con una extensa trayectoria en el organismo. En 2009, protagonizó un polémico operativo contra el Grupo Clarín, bajo la gestión de Ricardo Echegaray y en plena presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Posteriormente, fue desplazado de la Regional Sur Metropolitana tras acusaciones de corrupción y hostigamiento político.

El gobierno de Javier Milei lo designó en octubre pasado al frente de la Dirección General Impositiva como parte de la reestructuración de la AFIP en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Su rol era fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y mejorar la recaudación tributaria.Investigación en curso

Investigación en curso

La denuncia contra Vázquez podría derivar en nuevas investigaciones judiciales y administrativas, lo que pondrá a prueba el discurso de transparencia y eficiencia promovido por el gobierno actual. Desde sectores políticos y organizaciones civiles, comienzan a exigir respuestas oficiales y medidas concretas frente a los hallazgos de la investigación.

Combustibles ⛽

Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación

El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.

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★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.

La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.

El decreto y sus fundamentos oficiales

El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».

La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.

Combustibles e inflación: una relación estructural

El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Una estrategia de cosmética fiscal

La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.

La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.

Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.

Puntos clave:

  • El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
  • Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
  • La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
  • Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
  • El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.
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