Gremiales
La CGT rechaza la reforma laboral y convoca a diputados sindicales para coordinar la resistencia
El triunvirato de la central obrera se reúne este martes con legisladores de Unión por la Patria para coordinar estrategias. Cristian Jerónimo advirtió que no permitirán «avasallar derechos adquiridos» y reclamó discutir el reparto de ganancias.
★ La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este martes a las 16 horas a un grupo de diputados nacionales de extracción sindical en su sede de Azopardo, en el barrio porteño de San Telmo. El objetivo del encuentro es debatir y unificar posturas frente al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.
La central obrera ya adelantó su rechazo categórico. «Lo vamos a rechazar de plano», advirtió Cristian Jerónimo, secretario general del Sindicato del Vidrio y uno de los tres máximos dirigentes de la CGT, en declaraciones a Radio Splendid AM 990. El sindicalista enfatizó: «No vamos a permitir que se avasallen los derechos adquiridos», y destacó especialmente la defensa de los convenios colectivos de trabajo.
Sin propuesta formal, pero con alertas encendidas
Jerónimo reconoció que hasta el momento no existe una propuesta oficial del Gobierno sobre la reforma laboral. «Hasta ahora son todos trascendidos», admitió el dirigente, pero señaló que los trascendidos que circulan «salen del lado del Gobierno», lo que genera preocupación en el ámbito sindical sobre las intenciones del Ejecutivo.
El líder de la CGT advirtió que si el gobierno concreta propuestas como las que mencionan los medios de comunicación, la central obrera las rechazará sin contemplaciones. La reforma laboral que promueve el Ejecutivo incluiría modificaciones en aspectos centrales de la legislación vigente, lo que genera preocupación en el movimiento obrero organizado respecto de posibles afectaciones a derechos conquistados.
Reclamo de diálogo tripartito y propuesta alternativa
El secretario general de la CGT reclamó la creación de un «ámbito de diálogo tripartito» con el Gobierno, que «hasta ahora no ha existido». En ese marco, Jerónimo planteó una propuesta alternativa a la lógica de recorte de derechos: «Si quieren discutir, discutamos todo, una negociación laboral con más derechos, no con menos derechos, discutamos el reparto de ganancias».
Para el sindicalista, el problema de fondo no pasa por la legislación laboral. «Para la Argentina el problema no es la reforma laboral, sino que la actividad económica está totalmente en recesión, totalmente parada», afirmó, y explicó que debido a ello «el mercado interno no está generando consumo».
Según trascendió, los dirigentes gremiales plantearon que el gobierno debería ordenar sus prioridades y concentrarse primero en una reforma tributaria, antes que en modificar la legislación laboral vigente. Esta posición será uno de los ejes centrales del encuentro con los legisladores sindicales.
Críticas a la política económica y salarial
Jerónimo cuestionó duramente la política salarial implementada por el gobierno nacional. «Si pisás las paritarias al 1% y el costo de vida aumenta el 2,4%, 2,8% y la carne el 10%, no hay manera de recomponer la economía», señaló el dirigente, evidenciando el desacople entre los aumentos salariales autorizados y la inflación real.
El líder de la CGT denunció además la pérdida de «arriba de 230.000 puestos de trabajo» y el cierre de «10.000 Pymes» en el último año, datos que según el sindicalista reflejan el impacto de las políticas económicas en el tejido productivo del país.
Como alternativa al debate sobre la reforma laboral, Jerónimo propuso discutir una «reforma impositiva» y la «mejora de la infraestructura» para atraer empresas al interior del país. Estas propuestas apuntan a lo que el sindicalista considera los verdaderos problemas estructurales de la economía argentina.
Articulación sindical-parlamentaria
La convocatoria a los legisladores de Unión por la Patria busca coordinar una respuesta conjunta desde el sindicalismo con representación parlamentaria. Entre los diputados citados figuran aquellos que llegaron al Congreso por su trayectoria en distintos gremios, lo que les otorga conocimiento directo de las implicancias que tendría la reforma en los trabajadores.
El encuentro en Azopardo representa un intento de articular la estrategia sindical con la parlamentaria. Los diputados de origen gremial cumplen un rol clave en esta coordinación, ya que pueden trasladar las demandas de la CGT al recinto legislativo y trabajar en la construcción de mayorías para frenar o modificar proyectos que afecten al mundo del trabajo.
La reunión se produce en un marco de creciente tensión entre la CGT y el gobierno nacional. El nuevo triunvirato de la central obrera asumió su conducción en un contexto marcado por las políticas de ajuste y desregulación que impulsa la administración libertaria. La reunión de este martes será un primer paso para definir qué acciones concretas tomará la central obrera si el gobierno insiste con su proyecto de reforma.
Puntos clave:
• La CGT rechazará «de plano» cualquier reforma laboral que avasalle derechos adquiridos y convenios colectivos
• Cristian Jerónimo advirtió que no hay propuesta oficial, pero los trascendidos «salen del lado del Gobierno»
• La central obrera reclama un diálogo tripartito y propone discutir el reparto de ganancias
• El líder sindical denunció la pérdida de más de 230.000 puestos de trabajo y el cierre de 10.000 Pymes
• La CGT se reúne este martes con diputados de Unión por la Patria para coordinar estrategias
Gremiales
Marcha Federal por la Salud: trabajadores, gremios y organizaciones le dicen basta a Milei
Bajo el lema «La salud no puede esperar», la movilización central partió desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. El presupuesto del área cayó un 40% desde que asumió Javier Milei y el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3.
Remediar sin remedios, PAMI sin presupuesto: el mapa del desfinanciamiento sanitario bajo Milei
★ Miles de trabajadores de la salud, sindicatos, organizaciones sociales y colectivos de pacientes se movilizaron este miércoles en la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud bajo la consigna «La salud no puede esperar». La columna central partió a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación, en Avenida 9 de Julio y Moreno, por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La protesta se replicó de manera simultánea en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras provincias del país.
Un sistema sanitario bajo la motosierra
Los datos que motorizaron la movilización son contundentes. Según cifras difundidas por los propios convocantes y reportadas por diversos medios, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A ese retroceso acumulado se sumó, para el ejercicio 2026, un recorte adicional de más de 63.000 millones de pesos en las partidas del área sanitaria.
Las consecuencias son concretas e inmediatas. El Programa Remediar, que históricamente distribuyó 79 medicamentos gratuitos, quedó reducido a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas. El presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los 500.000 millones de pesos a prestadores, lo que se traduce en jubilados y jubiladas sin turnos ni atención. Según datos difundidos por los organizadores, más de 742.000 personas perdieron su cobertura médica y un millón de familias quedaron sin respuestas frente a un sistema que se retira.
El médico Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, describió la situación con precisión: «El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento.» Por su parte, el médico sanitarista Leonel Tesler advirtió, en la previa a la movilización, que «el sistema estatal está en una crisis sin pandemia», mientras los hospitales públicos operan con una ocupación cercana al 90% y el personal trabaja desgastado y sin refuerzos.
Los reclamos del sector
La convocatoria articulada por el Foro sintetizó una agenda de reclamos precisos:
- No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar.
- No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes en coberturas.
- No al desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones, exigiendo la provisión de vacunas para personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas.
- No al retroceso en políticas de Salud Mental.
Los organizadores también señalaron que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos. Además, advirtieron que uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que necesita.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) declaró un paro nacional en el sector para acompañar la jornada de protesta. Su secretario general, Pablo Maciel, afirmó que la jornada tendría «carácter federal» y que el gobierno de Milei «avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente.» También adhirieron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), la CICOP y numerosas agrupaciones de residentes y estudiantes.
La posición oficial y las acusaciones cruzadas
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, rechazó el encuadre de la protesta. Argumentó que «el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado» y atribuyó los ahorros a «un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios». Desde La Libertad Avanza, funcionarios y legisladores del oficialismo apuntaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a quienes acusaron de operar como «promotores activos» de la movilización a través de redes sociales. La provincia de Buenos Aires fue además la única jurisdicción que no participó de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) del lunes 18 de mayo, donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto sobre reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.
El contexto de un ajuste en cadena
La marcha federal del sector salud llega pocas semanas después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que sacudió al país en rechazo al ajuste en educación. La repetición del formato no es casual: los mismos mecanismos de desfinanciamiento que vaciaron las universidades nacionales, con recortes reales que según datos del Foro Economía y Trabajo superan el 20% desde 2023, se aplican ahora con igual o mayor intensidad sobre el sistema sanitario. El patrón es el mismo: achicamiento del Estado, transferencia de responsabilidades a las provincias sin transferir recursos, y una lógica de ajuste que recae sobre los sectores que más dependen del sistema público, aquellos que no pueden pagar una prepaga ni costear un medicamento en una farmacia.
Puntos clave:
- El presupuesto del Ministerio de Salud cayó un 40% desde diciembre de 2023.
- Un recorte adicional de 63.000 millones de pesos se aplicó para el ejercicio 2026.
- El Programa Remediar pasó de 79 medicamentos gratuitos a solo 3, afectando a más de 20 millones de personas.
- Fesintras declaró paro nacional y movilizaciones simultáneas en varias provincias.
- Un millón de familias quedaron sin cobertura médica según los convocantes.
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