Judiciales ⚖️
La Corte aceptó las designaciones de Doñate y Reyes en el Consejo de la Magistratura
Con la acordada 11/2022 se formalizó el ingreso de los dos representantes políticos, cuyas designaciones fueron cuestionadas judicialmente por el senador Luis Juez y el presidente del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez.
La Corte Suprema de Justicia aceptó este martes la designación de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura en representación del Congreso, Martín Doñate y Roxana Reyes.
Con la firma de los cuatro ministros de la Corte, la acordada 11/2022 formalizó el ingreso de los dos representantes políticos, cuyas designaciones fueron cuestionadas judicialmente por el senador Luis Juez y el presidente del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez.
Los nuevos representantes jurarán este jueves a las 12 en el salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Justicia, según se informó.
El 20 de abril pasado juraron como consejeras las nuevas representantes Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Carina Pamela Tolosa y María Fernanda Vázquez, en representación de los jueces, abogados y el sector académico.
En el caso de Doñate y Reyes, hubo una demora significativa de la Corte para convocar a su jura, en función del conflicto político-judicial que se generó en el Congreso por la definición de estas dos vacantes.
Doñate y Reyes fueron oficializados por las autoridades de ambas cámaras legislativas hace casi un mes, el 20 de abril, y recién hoy, cuando la judicialización parece definida en favor de la validez de estos actos político-administrativos, los jueces de la Corte firmaron la acordada que los acepta como miembros plenos en el organismo constitucional.
En los últimos días, la Justicia federal en lo Contencioso Administrativo rechazó los recursos presentados tanto por Juez como por Martínez para que se anularan las designaciones y si bien queda un pedido de “per saltum” en la Corte presentado por el senador cordobés, la acordada de hoy resuelve por anticipado esa pretensión y deja firme la decisión de sumar a los consejeros.
El argumento de Juez ante la Justicia era que la división del bloque oficialista implicó una maniobra ilícita para arrebatarle el lugar para el que había sido designado por el bloque PRO, mientras que Martínez consideró que la designación de la diputada radical Reyes fue tomada de manera inconsulta por el presidente de la cámara baja, Sergio Massa.
En ambos casos, la Justicia estimó que no eran temas pasibles de intervención judicial porque pertenecen a la dinámica propia del Poder Legislativo y que no se daban las condiciones objetivas para conceder los recursos que se solicitaban.
Con la jura de estos dos miembros, el Consejo quedará integrado como definió la Corte en su fallo de diciembre pasado, que declaró inconstitucional la integración del organismo por un desbalance entre el sector técnico de jueces, abogados y académicos y el político, integrado por legisladores y el representante del Poder Ejecutivo.
En la composición anterior, el Consejo contaba con trece miembros: tres jueces, seis legisladores, dos abogados, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico.
Esta integración fue sancionada por una ley del Congreso en 2006 pero un planteo de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires terminó siendo aceptado por la Corte, que definió instar al Congreso a sancionar una nueva ley con paridad de representación técnica o política.
Para esta adecuación constitucional, la Corte fijo un plazo de 120 días, hasta el 18 de abril; caso contrario se volvería a la composición anterior de veinte miembros, con la presidencia a cargo del titular del alto tribunal, en esas circunstancias, Horacio Rosatti.
Si bien el Senado dio media sanción a una nueva ley para el Consejo, el balance de fuerza entre oficialismo y oposición en Diputados paralizó la sanción de la norma, mientras que en paralelo se elegían los nuevos miembros para la eventualidad de volver a la composición anterior.
El 18 de abril, Rosatti asumió la conducción del organismo incorporado en la reforma constitucional de 1994, aun cuando no habían asumido los seis miembros que faltaban.
«Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional», señaló la Corte al poner en marcha el Consejo aumentado.
El mismo Rosatti se pronunció hoy, en un encuentro convocado por el grupo Clarín, sobre la composición del Consejo y sus circunstancias políticas y jurídicas.
«Más allá de los debates, que desde el punto de vista jurídico está saldado, celebro que se haya acatado del fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, cuando muchas voces agoreras decían que no se iba a acatar», dijo Rosatti.
Luego amplió la definición y dijo que «hay que acatar los fallos de la Corte porque es la última instancia y es en la que confía la gente, que sus derechos van a estar protegidos. Esto también sirve para equilibrar a los tres poderes».
Judiciales ⚖️
Marra le exigió a Milei por carta la renuncia de Adorni por ocultar 500.000 dólares: «el contrato con la sociedad se está poniendo en duda»
Adorni permanece en funciones con el respaldo del gobierno, mientras la causa judicial avanza porque admitió en TV haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas, en contradicción directa con sus propias declaraciones ante el Congreso.
El cofundador de La Libertad Avanza y ex legislador porteño publicó este jueves una carta abierta al presidente en la que, sin nombrar al jefe de Gabinete, reclamó una decisión que «duele» para preservar la palabra del Gobierno. La ruptura se produce en el pico de la crisis desatada por la admisión pública de Adorni de haber ocultado medio millón de dólares en sus declaraciones juradas.
Las fracturas dentro del universo libertario se aceleraron este jueves cuando Ramiro Marra, uno de los fundadores históricos de La Libertad Avanza y ex legislador porteño del espacio, publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que le exigió, sin mencionar su nombre, la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La misiva, agrega una voz del propio riñón libertario al coro de voces que desde distintos sectores de la política argentina reclaman la salida del funcionario más comprometido judicialmente del Gobierno.
«El contrato está en duda»
En el texto, Marra construyó su argumento sobre la idea de un pacto incumplido entre el Gobierno y la ciudadanía. Señaló que existe una situación de desgaste que «ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es «la palabra». Sin nombrar a Adorni en ningún momento, la referencia resultó inequívoca para quienes siguen el escándalo patrimonial que tiene al jefe de Gabinete bajo investigación judicial del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
«Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda», escribió el ex bróker de bolsa en uno de los pasajes más contundentes de la carta.
El proyecto «no le pertenece a una familia»
En otro tramo que apuntó directamente a las lealtades personales que sostienen a Adorni dentro del Gobierno, Marra le advirtió al presidente los límites de su propio poder y la responsabilidad que implica: «Con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos». Y añadió que cuidar el rumbo del país «muchas veces significa tomar decisiones que duelen».
El exdirigente también apeló a su propia experiencia de haber sido expulsado del partido a comienzos de 2025 por vía de un tuit, sin preaviso y sin explicaciones de fondo, para trazar una diferencia de conducta: «Me dolió, claro que me dolió. Pero supe callar. No salí a romper nada, no le hice daño al proyecto y no me convertí en bandera de la oposición. Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando». El cierre de la carta fue un pedido directo: que Milei «tome la decisión que corresponde» para proteger la supuesta credibilidad de su Gobierno.
La confesión que desató la tormenta
La carta de Marra llega en el peor momento para Adorni desde que la causa judicial se instaló en la agenda pública. El 10 de junio pasado, el jefe de Gabinete admitió en una entrevista con el canal LN+ que él y su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron al menos 500.000 dólares fuera de sus declaraciones juradas patrimoniales, cuyo origen atribuyó a ahorros acumulados durante 25 años y a ganancias obtenidas con inversiones en bitcoin. La frase que más repercusión generó fue su propia justificación del ocultamiento: «Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos».
La confesión televisiva contradijo de manera directa lo que el propio Adorni había declarado ante el Congreso apenas semanas antes, cuando aseguró que «nunca existió ocultación alguna» y que en su declaración pública «se encuentra el detalle de todos los bienes que componen mi patrimonio». Al día siguiente de la entrevista, el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas rectificativas de 2023 y 2024, junto con la de 2025, que registran su patrimonio neto total en más de 627 millones de pesos. Los bienes totales declarados pasaron de 662,6 millones a 944,5 millones de pesos entre el inicio y el cierre de 2025, según consignó el propio documento presentado ante la OA.
La presión crece desde adentro y desde afuera
El reclamo de Marra no es aislado ni pertenece solo a la oposición. La diputada Marcela Pagano, que impulsó la investigación y solicitó la detención de Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, publicó días atrás una respuesta pública en la que enumeró las contradicciones del funcionario: señaló que Adorni mintió sobre el estado dominial del inmueble en el country Indio Cuá, que su relato sobre las criptomonedas resultó inverosímil y que reconoció haber contactado al contratista Matías Tabar antes de su declaración judicial, lo cual, advirtió, constituye entorpecimiento de la investigación. «Lo que él llama errores son inmoralidades», sostuvo la legisladora.
Desde el sector del PRO, la diputada nacional y titular del partido en Santa Fe, Gisela Scaglia, también reclamó la salida del funcionario: «Nos toma el pelo. Mintió y seguirá mintiendo porque no tiene cómo explicar su patrimonio. Decir que acomodó sus cuentas porque encontró un pendrive es el modo más burdo de reírse en la cara de la gente». En la misma línea se pronunció el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. La presión ya desbordó los límites del kirchnerismo y de la oposición tradicional para instalarse en el corazón mismo del espacio que llevó a Milei al poder.
La investigación judicial no cede
Mientras la tormenta política arrecia, la causa judicial avanza sin pausas. El juez Lijo y el fiscal Pollicita investigan un esquema patrimonial que, según el informe especial elaborado por este medio, ya supera los 840.000 dólares en bienes e inversiones que Adorni no logra justificar en su totalidad, entre los que se incluyen las refacciones del country Indio Cuá, pagadas con 245.000 dólares en efectivo y sin factura según declaró el contratista Tabar, y la compra del departamento en el barrio de Caballito con una modalidad de deuda con las propias vendedoras, dos jubiladas. A eso se suma el uso del avión presidencial para el traslado de Angeletti a Nueva York, la investigación sobre contratos en la Televisión Pública vinculados a la productora de un amigo íntimo de Adorni y las ramificaciones que conectan la causa con el escándalo de la Causa $Libra.
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