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La Corte aceptó las designaciones de Doñate y Reyes en el Consejo de la Magistratura

Con la acordada 11/2022 se formalizó el ingreso de los dos representantes políticos, cuyas designaciones fueron cuestionadas judicialmente por el senador Luis Juez y el presidente del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez.

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El-Argentino-Doñate y Reyes

La Corte Suprema de Justicia aceptó este martes la designación de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura en representación del Congreso, Martín Doñate y Roxana Reyes.

Con la firma de los cuatro ministros de la Corte, la acordada 11/2022 formalizó el ingreso de los dos representantes políticos, cuyas designaciones fueron cuestionadas judicialmente por el senador Luis Juez y el presidente del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez.

Los nuevos representantes jurarán este jueves a las 12 en el salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Justicia, según se informó.

El 20 de abril pasado juraron como consejeras las nuevas representantes Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Carina Pamela Tolosa y María Fernanda Vázquez, en representación de los jueces, abogados y el sector académico.

En el caso de Doñate y Reyes, hubo una demora significativa de la Corte para convocar a su jura, en función del conflicto político-judicial que se generó en el Congreso por la definición de estas dos vacantes.

Doñate y Reyes fueron oficializados por las autoridades de ambas cámaras legislativas hace casi un mes, el 20 de abril, y recién hoy, cuando la judicialización parece definida en favor de la validez de estos actos político-administrativos, los jueces de la Corte firmaron la acordada que los acepta como miembros plenos en el organismo constitucional.

En los últimos días, la Justicia federal en lo Contencioso Administrativo rechazó los recursos presentados tanto por Juez como por Martínez para que se anularan las designaciones y si bien queda un pedido de “per saltum” en la Corte presentado por el senador cordobés, la acordada de hoy resuelve por anticipado esa pretensión y deja firme la decisión de sumar a los consejeros.

El argumento de Juez ante la Justicia era que la división del bloque oficialista implicó una maniobra ilícita para arrebatarle el lugar para el que había sido designado por el bloque PRO, mientras que Martínez consideró que la designación de la diputada radical Reyes fue tomada de manera inconsulta por el presidente de la cámara baja, Sergio Massa.

En ambos casos, la Justicia estimó que no eran temas pasibles de intervención judicial porque pertenecen a la dinámica propia del Poder Legislativo y que no se daban las condiciones objetivas para conceder los recursos que se solicitaban.

Con la jura de estos dos miembros, el Consejo quedará integrado como definió la Corte en su fallo de diciembre pasado, que declaró inconstitucional la integración del organismo por un desbalance entre el sector técnico de jueces, abogados y académicos y el político, integrado por legisladores y el representante del Poder Ejecutivo.

En la composición anterior, el Consejo contaba con trece miembros: tres jueces, seis legisladores, dos abogados, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico.

Esta integración fue sancionada por una ley del Congreso en 2006 pero un planteo de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires terminó siendo aceptado por la Corte, que definió instar al Congreso a sancionar una nueva ley con paridad de representación técnica o política.

Para esta adecuación constitucional, la Corte fijo un plazo de 120 días, hasta el 18 de abril; caso contrario se volvería a la composición anterior de veinte miembros, con la presidencia a cargo del titular del alto tribunal, en esas circunstancias, Horacio Rosatti.

Si bien el Senado dio media sanción a una nueva ley para el Consejo, el balance de fuerza entre oficialismo y oposición en Diputados paralizó la sanción de la norma, mientras que en paralelo se elegían los nuevos miembros para la eventualidad de volver a la composición anterior.

El 18 de abril, Rosatti asumió la conducción del organismo incorporado en la reforma constitucional de 1994, aun cuando no habían asumido los seis miembros que faltaban.

«Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional», señaló la Corte al poner en marcha el Consejo aumentado.

El mismo Rosatti se pronunció hoy, en un encuentro convocado por el grupo Clarín, sobre la composición del Consejo y sus circunstancias políticas y jurídicas.

«Más allá de los debates, que desde el punto de vista jurídico está saldado, celebro que se haya acatado del fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, cuando muchas voces agoreras decían que no se iba a acatar», dijo Rosatti.

Luego amplió la definición y dijo que «hay que acatar los fallos de la Corte porque es la última instancia y es en la que confía la gente, que sus derechos van a estar protegidos. Esto también sirve para equilibrar a los tres poderes».

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“Los únicos que evadimos somos Manuel y yo”: el contratista quiso defender a Adorni y lo hundió más

El empresario Matías Tabar reconoció ante Radio Rivadavia que los pagos fueron en efectivo y sin facturas, pero intentó relativizar la responsabilidad del Jefe de Gabinete. La causa por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Ariel Lijo suma nuevas aristas en una semana cargada de revelaciones judiciales.

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“Acá parece que los únicos que evadimos somos Manuel y yo”: el contratista de Adorni quiso apagar fuego con nafta

★ El empresario de la construcción Matías Tabar volvió a ocupar el centro de la escena judicial y mediática este jueves al brindar declaraciones ante Radio Rivadavia donde, mientras intentaba minimizar su rol en el presunto esquema de evasión que rodea al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, terminó por confirmar los elementos centrales que sostienen la investigación: pagos íntegramente en efectivo, ausencia de facturas y una obra de refacciones millonaria que el funcionario no puede justificar con sus ingresos declarados.

«Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo«, lanzó Tabar en el inicio de la entrevista, en un intento de contextualizar la práctica dentro de lo que describió como una normalidad sectorial. «Hay muchas cosas de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura«, añadió, antes de adentrarse en una defensa de la informalidad estructural del rubro.

La «normalidad» de la evasión como argumento de defensa

La estrategia discursiva de Tabar resulta, cuanto menos, llamativa: ante la evidencia de haber recibido y abonado en efectivo sumas millonarias sin respaldo documental, el contratista apeló a un argumento de equivalencia sectorial. Según sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia, «ninguna persona» en Argentina que esté construyendo una casa puede solventar la obra «si tiene que declarar todo«.

«Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco te dé«, explicó. Y añadió que Adorni no le propuso trabajar en negro ni le exigió facturas, aunque reconoció que los pagos siempre fueron en efectivo. También aclaró que sí existieron facturas durante el proceso de obra y que las presentará ante la Justicia.

La aclaración no disipa, sin embargo, el núcleo del problema judicial: la causa que tramita ante el juzgado federal del juez Ariel Lijo, con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, investiga si los fondos utilizados por Adorni en las refacciones tienen origen lícito y si fueron debidamente declarados. Que Tabar haya facturado «algo» no equivale a que el funcionario pueda justificar el origen del efectivo que entregó.

Un patrimonio de más de 840.000 dólares bajo la lupa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni se construyó sobre la base de un patrimonio que, según la investigación judicial, supera los 840.000 dólares y que el funcionario no logra justificar con sus ingresos declarados. El eje del expediente arrancó con la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio de Caballito, escriturado por 230.000 dólares, donde Adorni declaró haber aportado apenas 30.000 dólares iniciales, dejando el saldo como deuda con las vendedoras, dos jubiladas identificadas como Claudia Sbabo y Alicia Viegas. El vínculo adquirió otra dimensión cuando se comprobó que los hijos de ambas mujeres, Leandro Miano y Pablo Feijoo, son socios en una desarrolladora inmobiliaria, y que Feijoo reconoció ante la Justicia un pago adicional de 65.000 dólares «de palabra», fuera de escritura.

A eso se sumaron los 14 millones de pesos que el propio Tabar reveló haber cobrado por la renovación del mobiliario de ese departamento.

Pero el capítulo más costoso de la investigación es el que tiene como escenario el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Allí, según declaró Tabar ante la Justicia, las refacciones ascendieron a 245.000 dólares, abonados íntegramente en efectivo y sin factura, e incluyeron una pileta con cascada en el jardín, un quincho de alta gama con una parrilla valuada en 15.000 dólares, y trabajos de revestimiento, cocina y baños de lujo con jacuzzi.

Sin alternativa, pero con afecto

Con la causa ya encuadrada, Tabar admitió en la entrevista radial que sabía «a lo que se exponía» al presentarse a declarar ante la Justicia. «Tampoco me quedaba mucha alternativa», señaló. Pese a ello, no ocultó el vínculo personal con el funcionario investigado: «Lo adoro. A él, a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar, y entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar. Es una persona con la cual conviví casi un año y medio». Y cerró con una frase que resume el clima que rodea a toda la investigación: «Es una cagada tener que transitar todo esto«.

La trama se amplía: hermano imputado, abogado compartido con $LIBRA y avión presidencial

La semana resultó especialmente activa en el expediente Adorni. El hermano del jefe de Gabinete fue imputado por presunto «enriquecimiento ilícito y lavado de dinero» en una causa iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien también solicitó la detención del propio Adorni por presunto entorpecimiento de la Justicia, alegando que el funcionario intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones.

Se conoció además que el abogado defensor de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito, Matías Ledesma, también representa a la familia de Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino, quien habría recibido fondos vinculados a la causa $LIBRA. La superposición de representaciones legales en causas conexas amplía el mapa de relaciones que la Justicia mantiene bajo la lupa.

La investigación abarca además el presunto uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York; los posibles vínculos de Angeletti con triangulaciones a través de contratos en YPF y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y los contratos que habría obtenido la productora ImHouse, del periodista Marcelo Grandio, amigo íntimo de Adorni, en la Televisión Pública. El juez Lijo ya ordenó el peritaje de los teléfonos de Grandio y el secuestro de documentación vinculada.

Puntos clave:

  • Tabar admitió pagos en efectivo y sin facturas por obras en el country Indio Cuá de Adorni, valuadas en 245.000 dólares.
  • El contratista reconoció la evasión como práctica «normal» en el sector, pero sostuvo que Adorni no le propuso trabajar en negro.
  • El patrimonio investigado del Jefe de Gabinete supera los 840.000 dólares sin justificación acreditada.
  • El hermano de Adorni fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa conexa.
  • El abogado defensor de Adorni también representa a la familia de un receptor de fondos de la causa $LIBRA.

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