★ La polémica en torno a Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, escaló este lunes al terreno judicial con un nuevo frente que ya no tiene que ver con el viaje en el avión presidencial ARG-01 sino con los negocios de su consultora. La diputada nacional Marcela Pagano, del bloque de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, que plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y la conformación de un supuesto circuito de relaciones comerciales entre empresas privadas y organismos estatales bajo la órbita del funcionario.

El triángulo YPF, National Shipping y la consultora +BE

El eje central de la denuncia apunta a lo que Pagano denomina un «circuito triangular de flujos económicos» entre tres actores: la petrolera estatal YPF, la naviera National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti y dedicada al coaching ejecutivo.

Según el escrito judicial, YPF mantiene desde hace décadas contratos con National Shipping, empresa controlada por la familia Virasoro y dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos. La consultora +BE, a su vez, habría brindado capacitaciones a gerentes y jefes de esa naviera en tres oportunidades: el 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, por un monto total de 6.370.000 pesos. Para Pagano, ese vínculo comercial podría configurar un circuito indirecto de retorno de fondos al entorno familiar de Adorni, dado que el funcionario integra el directorio de YPF como representante del Estado.

La defensa de la naviera fue inmediata: desde National Shipping señalaron que los contratos con YPF existen desde hace 28 años y remarcaron que Adorni fue designado director de la petrolera en enero de 2026, es decir, con posterioridad a las tres capacitaciones mencionadas en la denuncia. Esa aclaración es relevante y debe consignarse: la cronología debilita, aunque no descarta, la hipótesis de una vinculación directa entre la designación de Adorni y los contratos de su esposa con la naviera, dado que las fechas señaladas son anteriores a su incorporación al directorio de YPF. La Justicia deberá determinar si el vínculo preexistente configura o no una irregularidad.

Tecnópolis, DirecTV y el Grupo Foggia

La denuncia incorpora un segundo capítulo que involucra la concesión del predio de Tecnópolis, una licitación estimada en 183.000 millones de pesos para una explotación de 25 años, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende directamente de la Jefatura de Gabinete, es decir, de la cartera de Adorni.

Entre las empresas preseleccionadas para esa concesión figura DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio. Según la presentación judicial, ese grupo sería cliente de la consultora +BE, lo que para Pagano configurara otro posible conflicto de intereses: la esposa del funcionario que controla el organismo que licita Tecnópolis presta servicios a una empresa que compite por esa misma licitación.

El expediente también menciona a Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei, y pareja de Dionisio. Gorini fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y, según la denuncia, continuaría vinculada a la empresa como apoderada. Esa conexión amplía el radio del presunto conflicto hacia el núcleo más cercano a la conducción del Ejecutivo.

El Grupo Datco y los organismos del Estado

La presentación judicial señala además que +BE habría tenido como cliente al Grupo Datco, empresa tecnológica y de telecomunicaciones que presta servicios a distintos organismos estatales. Entre los entes mencionados figuran ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos. Para Pagano, esa red de clientes corporativos con contratos vigentes con el Estado reforzaría la hipótesis de una trama de relaciones comerciales entre el entorno familiar de Adorni y proveedores del sector público.

Licitaciones de comunicaciones y simulación de competencia

Otro capítulo del escrito apunta a presuntas irregularidades en licitaciones para el envío de SMS y correos electrónicos oficiales del Gobierno, impulsadas cuando Adorni se desempeñaba como secretario de Comunicación. La denuncia menciona una adjudicación superior a 3.650 millones de pesos en la que participaron las empresas ATX SA y Area Tech SA.

Según la presentación, ambas firmas estarían vinculadas entre sí: Pablo Javier Casal, presidente de Area Tech, habría trabajado previamente para Rubén Santiago Ward, titular de ATX. Además, las compañías tendrían conexiones con Lugalu SA y compartirían domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.

También se mencionan posibles vínculos entre Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, empresas que, según la denuncia, estarían controladas por la misma familia, lo que podría configurar un esquema de «simulación de competencia» en procesos licitatorios. Todos estos señalamientos provienen de la denuncia judicial y aún no fueron confirmados por la Justicia ni acreditados de manera independiente.

Patrimonio en expansión y deudas con familiares

El escrito judicial solicita también que se investigue la evolución patrimonial de Adorni, ante la aparente divergencia entre su salario como funcionario, que se mantendría en valores de 2023, y un incremento patrimonial registrado en el mismo período. La presentación menciona además la existencia de deudas con cuatro acreedores privados, entre los que figurarían familiares del funcionario.

Ese punto no es nuevo para este medio: como informamos en detalle la semana pasada, los datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) revelaron que el stock de deuda financiera de Adorni en enero de 2026 superó los 9.350.000 pesos, casi el triple de su salario mensual de aproximadamente 3.500.000 pesos. El saldo adeudado de Angeletti con el Banco Galicia superó los 8.000.000 de pesos en el mismo período.

La comparación con Hotesur y Los Sauces

Pagano planteó en su denuncia que el esquema descripto podría guardar similitudes con las causas «Hotesur» y «Los Sauces», en las que se investigó el uso de estructuras empresariales familiares para canalizar pagos de empresas contratistas del Estado hacia el entorno de Cristina Fernández de Kirchner.

La comparación tiene un peso político evidente: el oficialismo libertario utilizó esas causas durante años como emblema de la corrupción kirchnerista. Que sea una legisladora del propio bloque oficialista quien establezca ese paralelo respecto del entorno del jefe de Gabinete marca el grado de fractura interna que atraviesa La Libertad Avanza.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo. La Justicia federal deberá determinar si los vínculos comerciales señalados constituyen actividades privadas legítimas o si configuran conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas privadas y el Estado. Ninguna de las conductas descritas en la denuncia fue probada judicialmente al cierre de esta edición.

Puntos clave:

• La diputada Marcela Pagano (LLA) denunció penalmente a Adorni ante el Juzgado Federal N°11 de Ariel Lijo por los contratos de la consultora +BE, de su esposa Angeletti, con empresas vinculadas al Estado.
• La denuncia plantea un «circuito triangular» entre YPF, la naviera National Shipping y la consultora +BE; la naviera aclaró que los contratos con la petrolera son anteriores en 28 años a la designación de Adorni en el directorio de YPF.
• La concesión de Tecnópolis, licitación de 183.000 millones de pesos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, involucra al Grupo Foggia, señalado como cliente de +BE y vinculado a una asesora de la Secretaría General de Presidencia.
• El escrito también apunta a licitaciones de comunicaciones del Estado por más de 3.650 millones de pesos impulsadas cuando Adorni era secretario de Comunicación, con presuntos esquemas de simulación de competencia.
• Pagano estableció una comparación explícita con las causas Hotesur y Los Sauces, herramientas del discurso anticorrupción libertario aplicadas ahora al entorno del propio jefe de Gabinete.