Buenos Aires
Bianco, sin filtro: Milei y Adorni “están más sucios que una papa” y la Justicia debe actuar
El ministro de Gobierno bonaerense pidió a la Justicia que avance sobre el presidente y el jefe de Gabinete por el caso $Libra, el viaje de Angeletti en el ARG-01 y el vuelo privado a Punta del Este. Calificó la defensa de Milei sobre el «costo marginal» como un argumento «casi infantil» y técnicamente erróneo.
★ El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, salió este lunes con una batería de críticas contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni en su conferencia de prensa semanal. «Le queremos pedir a la Justicia que avance sobre Milei y Adorni», declaró, y sostuvo que «hay un montón de pruebas, casi irrefutables» de que ambos funcionarios «están involucrados en delitos a cielo abierto». La frase más contundente de la jornada fue también la más directa: «Están más sucios que una papa».
Tres frentes simultáneos: $Libra, el ARG-01 y Punta del Este
Bianco articuló su ofensiva en torno a tres ejes que, como informó este medio en detalle a lo largo de la última semana y media, confluyen sobre el Gobierno en simultáneo.
El primero es la criptoestafa $Libra. El ministro bonaerense señaló la existencia de «nuevas pruebas» que involucrarían a Milei en el caso: «comunicaciones directas, al menos ocho», entre el Presidente y el lobista Mauricio Novelli, uno de los imputados en el lanzamiento de la criptomoneda.
Bianco también mencionó «un borrador de un supuesto contrato confidencial entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis», otro de los imputados en la estafa, y «un documento hallado en un celular de Mauricio Novelli de un acuerdo por 5 millones de dólares para que Milei promocione esa cripto estafa». Todas estas afirmaciones provienen de las declaraciones públicas de Bianco y aún no fueron acreditadas judicialmente de manera independiente al cierre de esta edición; deben ser tratadas como versiones en proceso de investigación.
El segundo eje fue el viaje de Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG-01 hacia Nueva York, escándalo que este medio cubrió desde el domingo 9 de marzo. Bianco recordó la frase de Adorni sobre que fue «a deslomarse» y la calificó de «muy poco afortunada, porque deslomarse es otra cosa». Y agregó: «Cuando yo viajo por trabajo no voy con mi familia».
Además, descartó el argumento que el propio presidente Milei esgrimió en redes para defender a Adorni, el concepto de «costo marginal»: «Es un aspecto casi infantil de la microeconomía. Milei cree que subir una persona más a un avión no tiene costo. Miente y no sabe, es un burro; los aviones gastan combustible de acuerdo al peso que tienen. Así que el costo no es cero», sostuvo.
El tercer frente fue el viaje de Adorni a Punta del Este durante el Carnaval, que el propio jefe de Gabinete mencionó el sábado en su entrevista con Forbes Argentina al referirse a un video guardado durante un mes. Bianco estimó que ese traslado «tiene un costo de entre 10.000 y 20.000 dólares» y recordó que Adorni fue «denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos», agregando que el funcionario deberá explicar ante la Justicia «si lo pagó con dinero negro o plata de la corrupción, o lo pagó con plata del Estado como dijo su amigo». Los detalles sobre ese viaje, incluyendo quién financió el traslado en jet privado, aún no fueron confirmados de manera oficial y constituyen una línea de investigación abierta.
La «reserva moral» que se derrumba
Bianco conectó los tres escándalos con el discurso del presidente en la apertura de sesiones legislativas. «En el último discurso de apertura de sesiones con una violencia inusitada atacó a los legisladores de nuestra fuerza política y centró su discurso en los aspectos morales de su Gobierno, con el argumento de que él y sus funcionarios son la reserva moral de este país. Pero por lo que vemos está muy lejos de lo que prometió a los argentinos», afirmó.
La observación tiene un anclaje factual preciso: el mismo Gobierno que construyó su identidad sobre el discurso anticasta enfrenta hoy una denuncia judicial presentada por una legisladora de su propio bloque, la diputada Marcela Pagano, que apunta a los contratos de la consultora +BE de Angeletti con empresas vinculadas al Estado, en el Juzgado Federal N°11 a cargo del juez Ariel Lijo, y que establece una comparación explícita con las causas Hotesur y Los Sauces, emblemas del discurso anticorrupción libertario.
El contraste con la condena a Cristina Kirchner
Bianco cerró su conferencia con una comparación que tiene peso político directo. «Miren qué distinto lo que hicieron (en la Justicia) con Cristina (Kirchner), condenada en la causa vialidad por obras públicas que no las ejecutó el Gobierno nacional sino el provincial, aprobadas por unanimidad en el Congreso, y que fueron fehacientemente ejecutadas», sostuvo.
La referencia apunta a la selectividad con que, según el ministro bonaerense, opera la Justicia federal frente a funcionarios de distinto signo político: la misma Justicia que condenó a la expresidenta por obras ejecutadas y aprobadas legislativamente debería, en su lectura, actuar con igual o mayor celeridad ante lo que el funcionario calificó como «delitos a cielo abierto».
Todas las afirmaciones de Bianco sobre la existencia de pruebas en la causa $Libra, los montos del viaje a Punta del Este y las denuncias por enriquecimiento ilícito de Adorni provienen de sus declaraciones públicas y deben ser tratadas como versiones políticas hasta que la Justicia las acredite o descarte de manera independiente.
Puntos clave:
- El ministro bonaerense Bianco pidió a la Justicia que investigue a Milei y Adorni por el caso $Libra, el vuelo de Angeletti en el ARG-01 y el viaje de Adorni a Punta del Este en jet privado.
- Bianco señaló la existencia de al menos ocho comunicaciones directas entre Milei y Novelli, un borrador de contrato con Hayden Davis y un documento de acuerdo por 5 millones de dólares; ninguna de esas afirmaciones fue acreditada judicialmente de manera independiente al cierre de esta edición.
- Refutó el argumento presidencial del «costo marginal» con un argumento técnico: los aviones consumen combustible en función del peso, por lo que el costo del traslado de Angeletti no sería cero.
- Recordó que Adorni fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito y que el viaje a Punta del Este tendría un costo de entre 10.000 y 20.000 dólares, según su estimación.
- Estableció un contraste con la condena a Cristina Kirchner en la causa vialidad para señalar una presunta selectividad judicial frente a funcionarios de distinto signo político.
Avellaneda
Tensión en el Puente Pueyrredón: fuerzas federales reprimieron el corte con gas pimienta e hidrantes
Organizaciones sociales que reclaman la continuidad del programa Volver al Trabajo intentaron cortar el acceso al puente que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal y la Prefectura respondieron con gas pimienta y camiones hidrantes en el marco del protocolo antipiquetes del Gobierno nacional.
Una extensa movilización de organizaciones sociales y políticas protagonizó una jornada de tensión en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en repudio a la decisión del Ministerio de Capital Humano de eliminar el programa Volver al Trabajo, sucesor del histórico Potenciar Trabajo. La protesta, que comenzó pasadas las 10 de la mañana sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, reunió a miles de manifestantes de diversas organizaciones y fue respondida con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad federales que impidió el corte total del viaducto.
El programa que el Gobierno quiso liquidar
El eje del conflicto es la decisión oficial de dar de baja el programa Volver al Trabajo, que funcionaba como continuidad del anterior Potenciar Trabajo y por el cual casi 950.000 beneficiarios percibían una asignación mensual de $78.000 a cambio de realizar tareas comunitarias en municipios y cooperativas: trabajo en comedores y merenderos, limpieza de calles y plazas, producción textil, reciclado y agricultura familiar. La medida no pudo concretarse de manera inmediata porque un fallo judicial la frenó temporalmente, obligando al Ejecutivo a garantizar el pago del mes correspondiente. Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad del programa en los meses siguientes fue el detonante de la convocatoria.
La movilización fue convocada por el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur y la Organización Comunista Revolucionaria, entre otras organizaciones. La protesta tuvo alcance metropolitano: además de Avellaneda, se registraron cortes en el Puente Saavedra (Vicente López), el Puente La Noria (Lomas de Zamora), la intersección de Ruta 3 y General Paz (La Matanza) y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers.
Gas pimienta e hidrantes: la respuesta del Estado
En el Puente Pueyrredón, la Policía Federal y la Prefectura Naval formaron un cordón y aplicaron el protocolo antipiquetes con rigor. Cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la avenida Mitre, los efectivos respondieron con gas pimienta y empujaron a la columna para impedir que la protesta llegara al ingreso de la Ciudad de Buenos Aires. También se desplegó un camión hidrante. En paralelo, bomberos apagaron neumáticos que los manifestantes habían encendido sobre la calzada.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su decisión de no aplicar el protocolo antipiquetes en territorio bonaerense. «Sin reglas claras no hay orden», escribió en su cuenta de X, y agregó: «Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio. La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno.» El comunicado ministerial finalizó con una ratificación del uso del protocolo en jurisdicción federal: «Nuestras Fuerzas Federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA.»
La voz de la base: hambre y ajuste
Entre la tensión y el gas pimienta, la voz de quienes integran la base social de la movilización fue contundente. Natalia, una de las manifestantes identificada como integrante de un comedor en Avellaneda, explicó que utilizaba el plan para pagar impuestos y que sin esa asistencia sus ingresos no alcanzaban para llegar a fin de mes. El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cruzó al Ejecutivo al señalar que el Gobierno actuó «como si ingresar a la Capital fuera un delito» y alertó sobre el impacto concreto del recorte: «Cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre.»
Belliboni también destacó que la continuidad del programa quedó momentáneamente asegurada por una resolución judicial y recordó las palabras del magistrado: «Un juez de San Martín dijo que es una barbaridad que se sacara este programa de trabajo que perciben personas que trabajan en todo el país en comedores y asistencia social en los barrios más castigados.»
Una protesta federal, un plan de lucha progresivo
La jornada no se circunscribió al área metropolitana. Se confirmaron cortes y movilizaciones en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino, entre otras ciudades. Los manifestantes advirtieron que el plan de lucha es de carácter progresivo y que no se detendrá hasta que el Estado garantice la continuidad de la asistencia. El reclamo central no es solo la restitución del programa: las organizaciones denuncian que el pago de $78.000 se encuentra congelado desde diciembre de 2023, mientras la inflación acumulada en ese período licuó por completo su poder de compra, dejando a cientos de miles de familias sin la única fuente de ingreso garantizado.
Puntos clave
- El Gobierno nacional eliminó el programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a casi 950.000 personas con una asignación mensual de $78.000 por tareas comunitarias.
- Un fallo judicial frenó la baja del programa y obligó al Ejecutivo a garantizar el pago, pero la incertidumbre sobre los meses siguientes desencadenó la movilización.
- Las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes con gas pimienta y camión hidrante en el Puente Pueyrredón para impedir el corte total del acceso.
- La protesta tuvo alcance federal con cortes confirmados en al menos cinco ciudades del interior del país.
- Los beneficiarios denuncian que la asignación de $78.000 está congelada desde diciembre de 2023, sin actualizaciones frente a la inflación acumulada.
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