Política 📢
La “reserva moral” se niega a hablar de la causa $Libra: Milei anticipó que no irá al Congreso
El Gobierno confirmó que el presidente no concurrirá a la comisión investigadora de Diputados ni enviará representantes. La decisión llegó tras conocerse un contrato hallado en un dispositivo de Novelli que mencionaría a Milei y a Davis, obtenido por peritos del Ministerio Público Fiscal.
★ El presidente Javier Milei no irá al Congreso a dar explicaciones por el escándalo de la causa $Libra y tampoco enviará representantes del Ejecutivo. Así lo confirmaron fuentes del entorno presidencial consultadas por medios nacionales, en una decisión que se adoptó luego de que el presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, solicitara formalmente la presencia del mandatario para que explicara su vínculo con el empresario estadounidense Hayden Davis y la promoción de la criptomoneda. «No va a ir nadie», señalaron desde el círculo cercano de Milei, donde consideran que la comisión busca instalar el tema en la agenda política más que esclarecer los hechos.
El contrato que encendió la nueva polémica
La decisión de no concurrir al Congreso se produjo en simultáneo con la difusión de un hallazgo judicial de peso. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), área especializada en evidencia digital del Ministerio Público Fiscal de la Nación, encontraron en un dispositivo (teléfono o computadora) de Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en la causa, un contrato millonario que mencionaría directamente a Milei y al empresario Hayden Davis.
El documento se sumó a una serie de conversaciones que la Justicia también revisa, entre las que figuran intercambios del 14 de febrero de 2025, fecha en que la criptomoneda $Libra se derrumbó y dejó a miles de inversores con pérdidas que en algunos casos fueron millonarias. El contenido preciso del contrato y de esas comunicaciones aún no fue confirmado de manera oficial por el Poder Judicial, por lo que deben ser tratados como elementos bajo investigación hasta que la autoridad competente los acredite o descarte.
La estrategia del Gobierno: atacar el procedimiento, no el contenido
Frente a la gravedad del hallazgo, la respuesta del Ejecutivo no apuntó a explicar ni refutar el contenido del material. En cambio, fuentes oficiales pusieron el foco en el procedimiento judicial: señalaron que la causa está «ultra viciada» porque, según sostienen, no se respetó la cadena de custodia de las pruebas. Con ese argumento, el Gobierno intenta restarle validez jurídica tanto al contrato como a los mensajes que investiga la Justicia.
La maniobra es conocida en el derecho procesal: cuestionar la forma de obtención de la prueba para neutralizar su contenido, sin necesidad de responder sobre el fondo. Sin embargo, la evaluación sobre si efectivamente se violó la cadena de custodia y si eso invalida el material corresponde exclusivamente a la Justicia, no al Ejecutivo. Esa determinación aún no se confirmó judicialmente al cierre de esta edición.
El faltazo al Congreso y su lectura política
La negativa de Milei a comparecer ante la comisión investigadora de Diputados tiene una dimensión institucional que excede la causa $Libra. Como informó este medio, la comisión fue creada tras un proceso que, según el diputado socialista Esteban Paulón, enfrentó «un fuerte bloqueo del oficialismo» para su aprobación. Ahora, una vez constituida, el Ejecutivo elige el silencio institucional como respuesta.
El contraste con el discurso presidencial es elocuente. En la apertura de sesiones legislativas, Milei centró su alocución en los aspectos morales de su gestión y presentó a su Gobierno como la «reserva moral» del país, según señaló este lunes el ministro bonaerense Carlos Bianco en su conferencia de prensa semanal. Ese mismo día, Bianco también denunció la existencia de «comunicaciones directas, al menos ocho» entre Milei y Novelli, un «borrador de contrato confidencial» entre el Presidente y Davis, y un documento hallado en el celular de Novelli que registraría un «acuerdo por 5 millones de dólares» para que Milei promocionara la criptomoneda. Todas esas afirmaciones provienen de declaraciones del funcionario bonaerense y aún no fueron acreditadas de manera independiente por la Justicia.
El escándalo Adorni como telón de fondo
La negativa a concurrir al Congreso se produjo en el marco de una semana en que el Gobierno acumuló frentes simultáneos de enorme desgaste político. Como informó este medio en detalle desde el domingo 9 de marzo, el caso Adorni escaló durante diez días consecutivos: el viaje de Bettina Angeletti en el ARG-01, las versiones contradictorias del jefe de Gabinete sobre quién tomó la decisión, los datos del BCRA que mostraron deudas financieras incompatibles con su salario declarado, la denuncia de la diputada Marcela Pagano por los contratos de la consultora +BE con empresas vinculadas al Estado, y el vuelo en jet privado a Punta del Este cuyos costos y financiamiento aún no se confirmaron oficialmente.
El Gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia, austeridad y combate a la casta cierra esta semana con su presidente negándose a dar explicaciones ante el órgano de representación popular, mientras la Justicia federal analiza un contrato hallado en el dispositivo de uno de sus socios en la promoción de una criptomoneda que dejó damnificados en todo el país.
Puntos clave:
- El Gobierno confirmó que Milei no concurrirá a la comisión investigadora de Diputados por el caso $Libra ni enviará representantes; desde su entorno señalaron que «no va a ir nadie».
- Peritos del DATIP del Ministerio Público Fiscal hallaron en un dispositivo de Novelli un contrato que mencionaría directamente a Milei y a Davis; el contenido exacto aún no fue confirmado oficialmente por el Poder Judicial.
- El Ejecutivo tachó la causa de «ultra viciada» por presunta violación de la cadena de custodia; esa determinación corresponde a la Justicia y no fue confirmada judicialmente al cierre de esta edición.
- Entre el material bajo análisis figuran intercambios del 14 de febrero de 2025, el mismo día en que $Libra se derrumbó y generó pérdidas millonarias a inversores.
- La negativa a concurrir al Congreso se produce mientras el caso Adorni acumula una denuncia judicial por conflicto de intereses presentada por una legisladora del propio bloque oficialista.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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