★ La denuncia judicial presentada por la diputada Marcela Pagano ante el Juzgado Federal N°11 del juez Ariel Lijo por los contratos de la consultora +BE, de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, puso bajo la lupa a una empresa hasta ahora ajena al debate político: National Shipping S.A., una naviera con más de dos décadas de actividad en el transporte fluvial de combustibles en la hidrovía Paraná-Paraguay y con contratos históricos con YPF, la petrolera estatal en cuyo directorio Adorni se incorporó como representante del Estado en enero de 2026.

Quiénes controlan National Shipping

El núcleo de control de la empresa está históricamente vinculado a la familia Virasoro, según surge del material de base de esta nota. Dentro de ese entramado, Cecilia Virasoro es señalada en el sector como una de las propietarias de la compañía y ocupa además la secretaría de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), entidad que nuclea a los principales armadores de la marina mercante nacional. En paralelo, Federico Virasoro aparece en diversas referencias del sector como director y figura visible de la empresa durante los años en que la compañía consolidó su presencia en el mercado del transporte fluvial de hidrocarburos.

En la estructura de FENA aparecen también otros nombres asociados directamente a National Shipping: Marisa Plaza, representante de la naviera y protesorera de la federación; Juan Albarenque, vocal; y Sergio Giatti, también vocal en la misma entidad. La presencia simultánea de varios directivos de la empresa en cargos de representación dentro del principal organismo gremial empresarial del sector refuerza el peso institucional de National Shipping dentro del negocio del transporte fluvial de combustibles y su capacidad de incidencia ante el Estado en materia regulatoria y normativa marítima.

Un actor clave en la logística energética

Durante más de dos décadas, National Shipping operó el traslado de combustibles mediante barcazas y remolcadores entre Santa Fe y Barranqueras, en la provincia de Chaco, dentro de uno de los corredores logísticos más sensibles de la hidrovía. Ese negocio conecta terminales de refinación con puntos de distribución en el litoral argentino y opera en un mercado caracterizado por un número reducido de actores y contratos de largo plazo, lo que lo convierte en un segmento de alta dependencia regulatoria del Estado.

La propia empresa reconoció, ante las consultas generadas por la denuncia de Pagano, que sus contratos con YPF tienen una antigüedad de 28 años y que Adorni se incorporó al directorio de la petrolera estatal en enero de 2026, con posterioridad a las tres capacitaciones que la consultora +BE brindó a gerentes y jefes de la naviera: el 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, por un monto total de 6.370.000 pesos. Esa cronología, que la empresa esgrimió como argumento para desestimar el conflicto de intereses, no fue aún evaluada por la Justicia, que deberá determinar si la relación preexistente entre la naviera y YPF configura o no una irregularidad en el contexto del posterior ingreso de Adorni al directorio de la petrolera.

El triángulo que plantea la denuncia

Como informó este medio al cubrir la denuncia de Pagano, el escrito judicial sostiene la existencia de un «circuito triangular de flujos económicos» entre tres actores: YPF, National Shipping y la consultora +BE. La lógica del planteo es la siguiente: una empresa que depende de contratos con la petrolera estatal contrató los servicios de coaching de la esposa del funcionario que hoy representa al Estado en el directorio de esa misma petrolera. La Justicia deberá establecer si esa cadena de vínculos configura un conflicto de intereses penalmente relevante o si se trata de relaciones comerciales legítimas y cronológicamente desvinculadas. Ninguna de las conductas descriptas en la denuncia fue probada judicialmente al cierre de esta edición.

Lo que sí es verificable es la estructura de relaciones: National Shipping tiene contratos de largo plazo con YPF; la consultora +BE prestó servicios a National Shipping antes de que Adorni ingresara al directorio de YPF; y Adorni es hoy representante del Estado en esa petrolera, organismo con el que la naviera mantiene vínculos comerciales activos. La evaluación jurídica de esa cadena está en manos del juez Ariel Lijo.

El contexto: una semana de escándalos acumulados

La aparición de National Shipping en la agenda política se produce en el marco de la semana más complicada para Adorni desde que asumió como jefe de Gabinete. Como informó este medio en detalle desde el domingo 9 de marzo, el caso se inició con el viaje de Bettina Angeletti en el ARG-01 hacia Nueva York, escalonó con versiones contradictorias del funcionario sobre quién tomó la decisión, se agravó con los datos del BCRA que mostraron deudas financieras incompatibles con su salario declarado, y derivó en una denuncia judicial por conflicto de intereses presentada por una legisladora de su propio bloque.

Este mismo lunes, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques sostuvo en LN+ que Adorni «tuvo la entereza de pedir disculpas», una afirmación que no encuentra respaldo en ninguna de las declaraciones públicas verificables del funcionario.

Puntos clave:

• National Shipping S.A. está controlada históricamente por la familia Virasoro; Cecilia Virasoro ocupa la secretaría de FENA y Federico Virasoro aparece como director de la empresa en referencias del sector.
• La naviera opera el transporte fluvial de hidrocarburos en la hidrovía Paraná-Paraguay desde hace más de dos décadas y mantiene contratos con YPF de 28 años de antigüedad.
• La consultora +BE de Angeletti brindó capacitaciones a gerentes de National Shipping en noviembre de 2024 y octubre de 2025, por 6.370.000 pesos; Adorni ingresó al directorio de YPF en enero de 2026.
• La denuncia de Pagano plantea un «circuito triangular» entre YPF, National Shipping y +BE; ninguna de esas conductas fue probada judicialmente al cierre de esta edición.
• Directivos de National Shipping ocupan cargos en FENA, lo que refuerza la influencia de la empresa ante el Estado en materia regulatoria del transporte fluvial.