Política 📢
Monteoliva quiere revisar mochilas y prohibir banderas tras la violencia desatada por agentes infiltrados
La ministra de Seguridad anunció que estudia revisar las mochilas de manifestantes y prohibir banderas en las marchas. De manera burda, la funcionaria usa como excusa los incidentes generados por sus propios agentes encubiertos para restringir el derecho a la protesta.
★ La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este domingo que el Gobierno estudia una serie de medidas para endurecer los controles en las manifestaciones sociales, que van desde la revisión de mochilas hasta la prohibición de banderas, utilizando como justificación los incidentes del miércoles pasado que fueron provocados por infiltrados policiales durante la marcha contra la reforma laboral.
«Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas, llámese el protocolo antipiquete (dispositivo de seguridad declarado inconstitucional y prohibido por la Justicia)…la cantidad de elementos que tenemos en cuenta», advirtió la funcionaria que sucedió en el cargo a Patricia Bullrich.
Las medidas en carpeta
En diálogo con «Pan y Circo», el ciclo que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Monteoliva adelantó que están en carpeta medidas como la revisión de mochilas y hasta la prohibición de banderas por su utilización como «flechas» para atacar a fuerzas de seguridad.
«No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas…Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos», indicó la ministra.
Monteoliva señaló que desde su cartera se va a «mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie».
La contradicción: usar la violencia propia como excusa
Las declaraciones de la ministra resultan particularmente contradictorias si se considera que los incidentes del miércoles pasado fueron provocados por agentes de civil vestidos como manifestantes, según pudo documentar este medio a través de cronistas propios que cubrieron la movilización.
Como se publicó en esta edición, los infiltrados policiales fueron vistos conversando con uniformados en la zona del Congreso antes de los incidentes y posteriormente se mezclaron entre los manifestantes para, de manera coordinada y organizada, arrojar piedras, bombas Molotov, fuegos artificiales y maderas contra las fuerzas de seguridad.
La operación de provocación desencadenó la represión con balas de goma, gases lacrimógenos, carros hidrantes y palos contra quienes estaban protestando genuinamente de manera pacífica en rechazo a la reforma laboral.
El protocolo antipiquete inconstitucional
La referencia de Monteoliva al «protocolo antipiquete» resulta especialmente llamativa, considerando que este dispositivo fue declarado inconstitucional y prohibido por la Justicia por vulnerar el derecho constitucional a la protesta.
El miércoles pasado, en paralelo a la sesión en el Senado donde se discutía la reforma laboral, se registraron enfrentamientos entre efectivos de la Policía y la Gendarmería con supuestos manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras como proyectiles y bombas molotov.
Según denuncias en redes sociales, medios de comunicación e influencers, estos elementos violentos eran infiltrados policiales que las fuerzas de seguridad no detuvieron ni reprimieron, para luego terminar reprimiendo únicamente a los manifestantes pacíficos.
La escalada autoritaria
Las medidas anunciadas por Monteoliva se inscriben en la estrategia de criminalización de la protesta social que el Gobierno desplegó tras los incidentes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado una denuncia por terrorismo contra manifestantes, mientras que este sábado fue detenido Milton Tolomeo, acusado de arrojar bombas molotov, aunque su nombre no figuraba en las listas iniciales de sospechosos.
La movilización del miércoles fue convocada por la CGT y las dos CTA con un cese de actividades desde las 13 horas para rechazar un proyecto que modifica las condiciones de contratación y despido, amplía el período de prueba, reduce indemnizaciones y flexibiliza los convenios colectivos.
Puntos clave:
• Monteoliva anunció que el Gobierno estudia endurecer controles en manifestaciones, incluyendo revisión de mochilas y prohibición de banderas
• La ministra usa como excusa los incidentes del miércoles que fueron provocados por infiltrados policiales documentados
• Hizo referencia al protocolo antipiquete, declarado inconstitucional y prohibido por la Justicia
• Las fuerzas de seguridad no detuvieron a los infiltrados que generaron violencia, pero reprimieron a manifestantes pacíficos
• Las medidas se inscriben en la estrategia de criminalización de la protesta social que incluye denuncias por terrorismo ★
Gremiales
Paro de subtes: el gremio rechazó la intimación de la Ciudad a garantizar el 50% del servicio
La medida comenzó el jueves a las 21 en todas las líneas y el Premetro y terminó con el cierre del servicio. Los metrodelegados la ratificaron como total por la muerte de un exoperario expuesto al asbesto.
El paro de subtes y Premetro comenzó el jueves 12 de noviembre a las 21 y se extendió hasta el cierre del servicio, pese a la intimación del Gobierno porteño a garantizar la mitad de las prestaciones. Los metrodelegados ratificaron que la medida era total en las seis líneas, A, B, C, D, E y H, y en el Premetro.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) convocó al paro por la muerte de un exoperario del taller Rancagua de la Línea B que, según el sindicato, estuvo expuesto al asbesto durante tres décadas. Emova, la concesionaria, informó que el trabajador, Oscar Pauer, se jubiló en agosto de 2024. El gremio la cuenta como la séptima muerte de un trabajador vinculada con el asbesto en la red y reclama que la vigilancia médica se extienda a los jubilados.
La intimación de la Ciudad
La Secretaría de Trabajo y Empleo porteña dictó la Resolución 1353/2026, en el marco del artículo 3 del Decreto 230/26, para intimar a los trabajadores, a los gremios, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires a garantizar “una cobertura mínima del 50 por ciento”. También convocó a una instancia urgente para procurar el cumplimiento de los servicios mínimos y “encauzar institucionalmente el conflicto”.
“Es un derecho constitucional, esa intimación está fuera de toda lógica”, respondió Claudio Della Carbonara, dirigente de AGTSyP. Emova informó que adoptaría las medidas operativas y técnicas para cumplir lo dispuesto y notificó a los trabajadores que debían prestar servicio para asegurar la continuidad.
El decreto que fija el piso del 50%
El Decreto 230/26 lo firmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el 22 de junio de 2026. Establece que, ante huelgas o reclamos colectivos, el Subte y el Premetro deben mantener una cobertura mínima del 50% en cada línea. Es el mismo marco que la Ciudad invocó el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que Macri respaldó públicamente.
Cómo terminó
El paro concluyó con el cierre del servicio del jueves. Según se informó, el servicio se reanudaría el viernes 13 en el horario habitual, salvo que se anunciaran nuevas medidas de fuerza. Hasta el último reporte disponible no se informaron sanciones ni nuevas medidas.
La Ciudad impuso por decreto un piso de servicio durante las huelgas y el gremio sostiene que ese piso vulnera un derecho constitucional. Emova y el Gobierno porteño sostienen, por su parte, que hay un plan de desasbestizado en marcha y que las más de 5.000 mediciones de calidad del aire arrojaron resultados adecuados.
Lo que tenés que saber:
- El paro de subtes y Premetro comenzó el jueves 12 a las 21 y terminó con el cierre del servicio.
- La AGTSyP lo convocó por la muerte de un exoperario expuesto al asbesto, la séptima que el gremio vincula con ese material.
- La Ciudad intimó a garantizar el 50% del servicio con la Resolución 1353/2026, en el marco del Decreto 230/26.
- Los metrodelegados rechazaron la intimación y ratificaron que el paro era total.
- Emova notificó a los trabajadores que debían prestar servicio y sostiene que las mediciones de aire son adecuadas.
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