★ La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este domingo que el Gobierno estudia una serie de medidas para endurecer los controles en las manifestaciones sociales, que van desde la revisión de mochilas hasta la prohibición de banderas, utilizando como justificación los incidentes del miércoles pasado que fueron provocados por infiltrados policiales durante la marcha contra la reforma laboral.

«Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas, llámese el protocolo antipiquete (dispositivo de seguridad declarado inconstitucional y prohibido por la Justicia)…la cantidad de elementos que tenemos en cuenta», advirtió la funcionaria que sucedió en el cargo a Patricia Bullrich.

Las medidas en carpeta

En diálogo con «Pan y Circo», el ciclo que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Monteoliva adelantó que están en carpeta medidas como la revisión de mochilas y hasta la prohibición de banderas por su utilización como «flechas» para atacar a fuerzas de seguridad.

«No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas…Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos», indicó la ministra.

Monteoliva señaló que desde su cartera se va a «mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie».

La contradicción: usar la violencia propia como excusa

Las declaraciones de la ministra resultan particularmente contradictorias si se considera que los incidentes del miércoles pasado fueron provocados por agentes de civil vestidos como manifestantes, según pudo documentar este medio a través de cronistas propios que cubrieron la movilización.

Como se publicó en esta edición, los infiltrados policiales fueron vistos conversando con uniformados en la zona del Congreso antes de los incidentes y posteriormente se mezclaron entre los manifestantes para, de manera coordinada y organizada, arrojar piedras, bombas Molotov, fuegos artificiales y maderas contra las fuerzas de seguridad.

La operación de provocación desencadenó la represión con balas de goma, gases lacrimógenos, carros hidrantes y palos contra quienes estaban protestando genuinamente de manera pacífica en rechazo a la reforma laboral.

El protocolo antipiquete inconstitucional

La referencia de Monteoliva al «protocolo antipiquete» resulta especialmente llamativa, considerando que este dispositivo fue declarado inconstitucional y prohibido por la Justicia por vulnerar el derecho constitucional a la protesta.

El miércoles pasado, en paralelo a la sesión en el Senado donde se discutía la reforma laboral, se registraron enfrentamientos entre efectivos de la Policía y la Gendarmería con supuestos manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras como proyectiles y bombas molotov.

Según denuncias en redes sociales, medios de comunicación e influencers, estos elementos violentos eran infiltrados policiales que las fuerzas de seguridad no detuvieron ni reprimieron, para luego terminar reprimiendo únicamente a los manifestantes pacíficos.

La escalada autoritaria

Las medidas anunciadas por Monteoliva se inscriben en la estrategia de criminalización de la protesta social que el Gobierno desplegó tras los incidentes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado una denuncia por terrorismo contra manifestantes, mientras que este sábado fue detenido Milton Tolomeo, acusado de arrojar bombas molotov, aunque su nombre no figuraba en las listas iniciales de sospechosos.

La movilización del miércoles fue convocada por la CGT y las dos CTA con un cese de actividades desde las 13 horas para rechazar un proyecto que modifica las condiciones de contratación y despido, amplía el período de prueba, reduce indemnizaciones y flexibiliza los convenios colectivos.

Puntos clave:

• Monteoliva anunció que el Gobierno estudia endurecer controles en manifestaciones, incluyendo revisión de mochilas y prohibición de banderas

• La ministra usa como excusa los incidentes del miércoles que fueron provocados por infiltrados policiales documentados

• Hizo referencia al protocolo antipiquete, declarado inconstitucional y prohibido por la Justicia

• Las fuerzas de seguridad no detuvieron a los infiltrados que generaron violencia, pero reprimieron a manifestantes pacíficos

• Las medidas se inscriben en la estrategia de criminalización de la protesta social que incluye denuncias por terrorismo ★