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Legislativo

Diputados de UxP presentaron un proyecto contra la privatización de empresas estatales

La declaración firmada por Sergio Palazzo, Julia Strada, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Mario Manrique, Pablo Yedlin, Pablo Carro y Hugo Yasky cuestiona «la privatización por la privatización misma, sin otro matiz ideológico que la destrucción del Estado para favorecer al poder económico concentrado del sector privado».

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Diputados de Unión por la Patria (UxP) presentaron este lunes en el Congreso un proyecto de declaración para «rechazar las privatizaciones de empresas del Estado» que propone el proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», enviada por el Gobierno.

«No podemos permitir que se concrete este masivo e injustificado plan de privatización de empresas y sociedades del Estado y venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)», afirmaron los legisladores.

Al respecto, advirtieron que «dicho plan del proyecto tendría un carácter irreversible y produciría nefastas consecuencias sobre la estructura económica argentina y los derechos de usuarios y consumidores».

Además, propusieron que a la Cámara baja que «manifieste su rechazo sobre la privatización de empresas y sociedades de propiedad total, mayoritaria o minoritaria y la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad», que propone el «alarmante contenido» de la llamada ley ómnibus», enviada por el presidente Javier Milei para privatizar 41 empresas estatales.

Los diputados de UxP afirmaron que «robustecer la eficiencia del sector público y de las empresas y sociedades es un desafío, pero rechazamos rotundamente que la forma de resolver presuntas ineficiencias consista en la entrega del patrimonio público».

Alertaron en que «la nueva propuesta de privatizaciones masivas solo empeoraría el estado de situación, quitando herramientas valiosas para que el Estado resguarde derechos fundamentales de los sectores vulnerables».

La declaración que firmaron Sergio Palazzo, Julia Strada, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Mario Manrique, Pablo Yedlin, Pablo Carro y Hugo Yasky explicó que «el procedimiento privatizador» comenzó con el «inconstitucional» Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Ejecutivo que modificó la ley 23.696 de Reforma del Estado.

Consideraron «alarmante» además que el proyecto de ley «Bases» «contenga privatizaciones que sean propuestas en general, sin detalle de cada situación, sin participación del Congreso, ni de trabajadores y trabajadoras ni sectores afectados».

Destacaron la contradicción de la ley que «propone la privatización directa de 41 empresas y sociedades sin análisis previo de viabilidad ni eficiencia de ningún tipo», lo que calificaron de «procedimiento privatizador absolutamente dogmático».

«La privatización por la privatización misma, sin otro matiz ideológico que la destrucción del Estado para favorecer al poder económico concentrado del sector privado», enfatizaron.

Según afirmaron, «gran parte de estas empresas registran superávit y están ubicadas en sectores estratégicos de la economía», por lo cual deducen que «su venta habilitaría grandes negocios para el sector privado».

El «nuevo gobierno no tiene apego por las formas ni pautas jurídicas» e intenta que «el Congreso otorgue un permiso genérico al Ejecutivo para que venda el patrimonio estatal», consideraron.

Los diputados calificaron a la propuesta privatizadora como «absurda y peligrosa» y dijeron que «el remate de estas empresas y sociedades vulneraría derechos de usuarios y consumidores y de provincias interesadas conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional».

Entre las empresas superavitarias y estratégicas destacaron al Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Nucleoeléctrica, Dioxitek, y IEASA, AySA y Trenes Argentinos como «prestación de servicios esenciales».

Legislativo

Discapacidad: el Senado sancionó con 71 votos la ley que reemplaza la emergencia

El Senado aprobó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, el régimen permanente que sustituye a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. La ley fija plazos para saldar deudas con prestadores, pero la discusión sobre los fondos quedó abierta.

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El Argentino Diario-Discapacidad.

A poco más de un mes del vencimiento de la Emergencia en Discapacidad, el Senado sancionó con 71 votos afirmativos una ley que la reemplaza por un régimen permanente, aunque la discusión sobre cómo se va a financiar quedó abierta.

La Cámara alta convirtió en ley, tras un debate de nueve horas, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que Diputados había aprobado en octubre con más de dos tercios (237 votos afirmativos y 9 negativos). El Senado había firmado el dictamen sin cambios respecto del texto de la Cámara baja, lo que permitió la sanción definitiva.

Qué establece la nueva ley

La norma mantiene los ejes principales de la emergencia vigente, pero elimina su carácter transitorio y establece un régimen permanente. También explicita la forma de financiamiento, el motivo por el cual el oficialismo acompañó el proyecto.

Entre los puntos centrales, la ley garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la actualización de las prestaciones. Además, permite cobrar una pensión no contributiva y tener un empleo registrado, siempre que el sueldo no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles. A los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad les reconoce el derecho a un programa médico que garantice las prestaciones básicas de la Ley 24.901.

Otro capítulo sensible es el de las deudas con los prestadores: la norma obliga a notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde su entrada en vigencia y a prever el pago total dentro de los 90 días corridos para quienes completaron el trámite administrativo.

Un recorrido que empezó con un veto

La emergencia que ahora se reemplaza es la Ley 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno. El presidente Javier Milei la vetó por completo el 4 de agosto de 2025 y el Senado rechazó el veto el 4 de septiembre de ese año, con 63 votos a favor y 7 en contra. Fue la primera vez desde 2003 que el Congreso rechazaba un veto total. Esa ley declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El nuevo texto replica casi todo el esquema de aquella norma, pero le quita la fecha de vencimiento. El colectivo de Discapacidad recibió el proyecto con cautela, y en Diputados ocho de los nueve votos negativos fueron de Córdoba, donde organizaciones del sector reclamaron que no fueron consultadas.

La pregunta por los fondos

La senadora radical Mariana Juri advirtió que el Presupuesto 2027 debería tener previstos los fondos para la ley, aunque recordó que ese proyecto fue emitido antes de su sanción. Por eso pidió que la Cámara de Diputados incluya los recursos en el Presupuesto 2027. «No nos conformemos con sancionar esta ley», sostuvo la legisladora.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), había anticipado que esperaban que Diputados incluyera los fondos en el presupuesto antes de enviarlo al Senado. El proyecto dispone que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del ejercicio anterior. Sin esos recursos asegurados en el Presupuesto, la letra de la ley corre el riesgo de quedar en una promesa.

Lo que tenés que saber

  • El Senado sancionó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, la ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
  • La norma reemplaza a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre, y establece un régimen permanente.
  • Garantiza la continuidad del CUD y la actualización de las prestaciones, y permite combinar una pensión no contributiva con un empleo registrado hasta dos salarios mínimos.
  • Fija 30 días corridos para notificar un cronograma de pagos a los prestadores y 90 días corridos para el pago total a quienes completaron el trámite.
  • La senadora Mariana Juri pidió que Diputados incluya los fondos en el Presupuesto 2027.
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