Gremiales
Rechazo a presencia policial en las puertas de los medios públicos nacionales
Fuerzas de la Policía Federal, con efectivos y vehículos, se instalaron en los ingresos de las sedes de la Agencia Télam, la Televisión Pública y Radio Nacional. La situación fue calificada como «sorpresiva e inexplicable» por la presidenta del directorio de Télam, Bernarda Llorente.
Una presencia de fuerzas de la Policía Federal, con efectivos y vehículos, se instaló este lunes frente a las puertas de la sede de la agencia nacional de noticias Télam situada en la calle Bolívar al 500 de Buenos Aires, sin que se informara oficialmente sobre los motivos que derivaron en el operativo.
La presencia de las fuerzas policiales fue rechazada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) -que también informó que hubo móviles en la TV Pública y Radio Nacional- y calificada como «sorpresiva e inexplicable» por la presidenta del directorio de la agencia de noticias, Bernarda Llorente.

En un posteo en X emitido pasadas las 17.30, Llorente dijo que los policías llegaron a las puertas de la sede de Bolívar «alrededor de las 12.30» y permanecían en el lugar a la hora de la publicación de su mensaje.
Cerca de las 20, un camión tipo celular de la Policía Federal y unas cinco motos permanecían detenidos a dos metros de la puerta de entrada al edificio de la agencia.
El Sipreba difundió un comunicado bajo el título «Repudiamos presencia policial en la puerta de los medios públicos».
«Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires expresamos nuestro rechazo ante la presencia de móviles policiales en la puerta de Télam, la TV Pública y Radio Nacional en el día de la fecha», añade la entidad gremial.

Agrega que «este hecho sorpresivo, que no se corresponde con el clima en el que se debe trabajar en un medio de comunicación, se da en un contexto de ajuste económico sobre los trabajadores y trabajadoras y de discusión de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que promueve el traspaso de nuestras empresas a sociedades anónimas para su posible privatización».
«Por lo tanto, no puede dejar de leerse como una intimidación y representa una amenaza para la libertad de expresión. Los medios públicos tienen el rol de garantizar el derecho a la información, la pluralidad de voces y el federalismo, así como los temas de interés público de manera gratuita en todos los rincones de la patria. Por lo tanto defendemos su rol social y su carácter público», sostiene la declaración.
«Esperamos -concluye- que este sea un hecho aislado, producto de una decisión desafortunada, y no signifique el intento de generar un clima de violencia hacia los trabajadores y trabajadoras que todos los días realizan sus tareas con profesionalismo y compromiso».
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Gremiales
PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.
El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.
Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema
El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.
- Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
- Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
- Jornadas completas con alta carga administrativa
Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.
Sobrecarga y precarización
El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.
Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.
Riesgo de éxodo y deterioro de la atención
El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.
El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.
Deudas y falta dde medicamentos
A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.
En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.
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