Gremiales
PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.
El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.
Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema
El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.
- Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
- Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
- Jornadas completas con alta carga administrativa
Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.
Sobrecarga y precarización
El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.
Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.
Riesgo de éxodo y deterioro de la atención
El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.
El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.
Deudas y falta dde medicamentos
A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.
En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.
Denuncia
Viales presentaron denuncia penal contra Milei por el manejo de fondos jubilatorios
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra el presidente Milei y funcionarios por la presunta apropiación de fondos de la seguridad social canalizados hacia instrumentos privados bajo control de la CNV, en lo que el gremio califica como un retorno al esquema de las AFJP.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios por el «presunto manejo irregular de fondos» de la Seguridad Social. La acción fue registrada bajo el número 204/2026 y fue llevada adelante por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, con la representación del abogado Eduardo Barcesat.
Los cargos y la acusación
En la presentación, el sindicato solicita la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con administración fraudulenta. La denuncia apunta a la «presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado», los que habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores (CNV), un organismo ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores.
El STVyARA advirtió que esta situación representa «un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP«, que en su momento provocaron «perjuicios económicos» a los trabajadores y solo «benefició a las entidades financieras».
El alcance de la denuncia
La acción penal también comprende a funcionarios del ámbito político y administrativo que «participaron en la elaboración» del proyecto de la Ley de Modernización Laboral, así como a los legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley Nº 27.802. El escrito señala, además, la presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.
El gremio también invocó tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la protección de los derechos laborales bajo los principios de «dignidad, progresividad y no regresión». Desde el STVyARA sostuvieron que «las medidas cuestionadas implican un retroceso en materia de derechos sociales», en contraposición con los estándares de la jurisprudencia nacional e internacional.
Puntos clave
- El STVyARA denunció penalmente a Milei ante la PIA (Nº 204/2026) por el «presunto manejo irregular de fondos» de la Seguridad Social.
- La acusación incluye violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
- Los fondos habrían sido canalizados hacia instrumentos privados bajo control de la CNV, en un esquema que el gremio equipara al de las AFJP.
- La denuncia alcanza también a funcionarios y legisladores que participaron de la sanción de la Ley Nº 27.802.
- El sindicato invocó el art. 14 bis de la Constitución y convenios de la OIT en defensa del régimen solidario de reparto.
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