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Larreta desoyó a vecinos de Caballito y avanza con su «Parque Lineal»

Pese a los masivos rechazos, el oficialismo porteño avanzará con lo que vecinos y vecinas denominan como «negociado inmobiliario».

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El oficialismo porteño aprobó hoy la ley que habilitará la obra del «Parque Lineal» sobre un tramo de la avenida Honorio Pueyrredón, en el barrio de Caballito, pese al rechazo de agrupaciones vecinales que advirtieron sobre un futuro colapso del tránsito en la zona.

La iniciativa promovida por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta obtuvo 32 votos positivos de Vamos Juntos y los aliados de la UCR y el Socialismo; mientras que se manifestaron en contra 18 legisladores de las bancadas del Frente de Todos, de la Izquierda y de Consenso Federal; y cuatro se abstuvieron desde el espacio de la Libertad Avanza, durante la sesión ordinaria.

La sanción permitirá que un tramo de ocho cuadras de la avenida Honorio Pueyrredón, vereda par, entre Neuquén y Gaona, se transforme en una «Calle de Convivencia», la cual tendrá prioridad para el paso peatonal por sobre el vehicular.

El cambio de normativa abrirá la posibilidad al Gobierno porteño de concretar la creación del «parque lineal, también llamado «corredor verde», una obra que proyectó el año pasado pero que fue frenada por la Justicia local, que hizo lugar a un amparo de vecinos de Caballito que denunciaron un incumplimiento del Ejecutivo en las instancias previas.

«Nos vamos decepcionados por los representantes que, evidentemente, no nos representan nada porque los vecinos tenemos miles de firmas en contra de esta obra», dijo a Télam Adrián Hernández, tras la sesión, y agregó que lo aprobado «nos va a traer un problema de tránsito más grande».

Para el vecino del barrio de Caballito, «es otra maniobra más del Gobierno porteño para llevar adelante esta obra inconsulta e ilegal, pero no vamos dejar de pelear para poder tener un Honorio más verde sin perjudicar a un montón de vecinos de la zona».

Durante el debate en el recinto, el legislador de Juntos por el Cambio Matías López consideró que la nueva designación para Honorio Pueyrredón representa «un instrumento para avanzar en usos más sustentables de la vía pública, armonizando la circulación de vehículos con los peatones».

Precisó también que, una vez que sea publicada la ley en el Boletín Oficial, la nueva «calle de convivencia» tendrá una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, no se podrá estacionar de ambas márgenes y estará restringida para la circulación de vehículos que superen las 4,6 toneladas.

Por su parte, Claudio Ferreño, presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), afirmó que «estamos frente a una nueva trampa del Gobierno de la Ciudad y la mentira no para», en alusión al eslogan de la administración local «La transformación no para».

Sostuvo que «a nuestro juicio y al de la mayoría de vecinos, esta supuesta ´calle de convivencia´ solo va a traer complicaciones a los que viven y trabajan en esa zona e impactará fuertemente en desmedro de la calidad ambiental y en un colapso en la red vehicular», en tanto que evaluó que no será un espacio verde, sino «una superficie mayormente embaldosada».

Javier Andrade, del FDT, atribuyó la propuesta del Ejecutivo al «modelo de negocio inmobiliario de Mauricio Macri y Larreta porque el parque va a ser funcional para seguir avanzando con la construcción inmobiliaria dado que el 50% de las viviendas sobre Honorio tienen menos de tres niveles».

Juan Modarelli, también del FdT, rechazó «que gobiernen con la agenda de campaña de Larreta» y destacó que «se va a sumar un problema más a la Comuna 6 cuestión de tránsito ya que se va a generar caos en las calles del entorno».

El vicepresidente de la Legislatura y diputado de Juntos por el Cambio, Emmanuel Ferrario, dijo que «para nosotros es una ley relevante en lo que es la consolidación del espacio público de la Ciudad» y agregó que «ahora vamos a poder continuar con la obra».

Tras la sesión, en tanto, desde el grupo barrial que se opone al parque señalaron que «tenemos más claro que nunca quién está en contra del bien común de la ciudadanía» y apuntaron sobre los 32 legisladores que votaron a favor al calificarlos de «tristes escribanos del Poder Ejecutivo». «Los recordaremos muy bien para nunca más legitimarlos con nuestro voto», afirmaron

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Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo

La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.

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Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.

En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.

Criminalizar la infancia, una respuesta ligera

Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?

  • Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
  • Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
  • Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.

El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.

El fantasma de las redes y la coartada perfecta

La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.

En la Ciudad, docentes vienen denunciando:

  • Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
  • Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
  • Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.

Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.

Protocolos sin comunidad

El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.

Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.

Lo que no se dice

Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:

  • ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
  • ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
  • ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?

La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.

Entre el control y el abandono

El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.

En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.

La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?

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