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Gremiales

Duro reclamo sindical: las CTA impugnan el Salario Mínimo y piden anular la resolución

Las centrales obreras objetaron el monto fijado por resolución y reclamaron volver al ámbito tripartito ante ingresos lejos de las canastas oficiales.

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Lo que tenés que saber

  • Las dos CTA presentaron una impugnación administrativa
  • El reclamo se dirigió al Ministerio de Capital Humano
  • Cuestionan la falta de Consejo del Salario
  • Comparan el SMVM con datos oficiales del Indec
  • Exigen una nueva convocatoria en 48 horas

Presentación ante Capital Humano

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores formalizaron una impugnación contra el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil dispuesto por el Gobierno. La acción administrativa se presentó este viernes ante el Ministerio de Capital Humano, tras la publicación de una resolución que fijó un esquema de incrementos escalonados.

Las centrales calificaron el aumento como “insuficiente e inaceptable” y sostuvieron que el ingreso básico queda por debajo de los umbrales oficiales de pobreza e indigencia.

Cuestionamiento a la legalidad del aumento

En el escrito, ambas organizaciones sindicales afirmaron que la decisión “carece de validez legal” y constituye un acto “nulo de nulidad absoluta”. El planteo se apoya en que el nuevo monto del salario mínimo se definió sin convocar al Consejo del Salario y sin respetar los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Las CTA citaron el artículo 14 de la Ley 19.549 y señalaron que el aumento se fijó “de manera arbitraria”, sin el debate tripartito obligatorio entre el Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales.

Falta de fundamentos oficiales

Otro de los puntos destacados de la impugnación refiere a la ausencia de explicaciones técnicas y jurídicas en la resolución. Según indicaron, el texto oficial no justifica ni el porcentaje otorgado ni el esquema de incrementos proyectado hasta agosto de 2026.

Para las centrales, esta omisión refuerza la irregularidad del acto administrativo y la necesidad de reabrir la discusión institucional.

El salario frente a las canastas del Indec

Las CTA compararon el SMVM con los valores de referencia difundidos por el Indec. Indicaron que el incremento promedio de $5.400 mensuales durante diez meses deja al salario mínimo en torno a un tercio de la canasta básica total, valuada en $1.213.800.

También remarcaron que el monto queda por debajo de la canasta de indigencia, estimada en $544.300 para octubre de este año.

“De esta forma, señalan las CTA, el salario mínimo deja de cumplir su función esencial: garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores y trabajadoras”.

Pedido de revocatoria y nueva reunión

En el tramo final del documento, las dos centrales exigieron que la resolución sea revocada y reclamaron una nueva convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil en un plazo máximo de 48 horas.

Además, remarcaron que el empleo digno no se impulsa con reformas laborales regresivas que eliminan derechos, sino mediante políticas orientadas al fortalecimiento del ingreso y del trabajo formal.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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