Gremiales
El «paro político» de la mesa de enlace
La protesta convocada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro se desarrolló a nivel nacional y el acto central tuvo lugar en la intersección de las rutas 14 y 16, a la altura de Gualeguaychú, donde se realizó una asamblea de productores en la que participaron también dirigentes de la oposición.
La entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace realizaron hoy una jornada de protesta en distintos puntos del país en la que pidieron «un cambio de rumbo» económico, mientras que desde el Gobierno nacional criticaron la medida al considerar que «no conduce a nada» y afirmaron que el paro fue «político».
La protesta convocada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro se desarrolló a nivel nacional y el acto central tuvo lugar en la intersección de las rutas 14 y 16, a la altura de Gualeguaychú, donde se realizó una asamblea de productores en la que participaron también dirigentes de la oposición.
En el evento principal estuvieron el presidente de CRA, Jorge Chemes; de FAA, Carlos Achetoni; de la SRA, Nicolás Pino; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, quienes leyeron la denominada «Proclama de Gualeguaychú».
En el escrito, las entidades manifestaron la necesidad de «un cambio de rumbo» en materia económica, «decirle basta a la voracidad fiscal» y al «intervencionismo estatal, arbitrario y discrecional, que hace pagar a los productores toda esta tragedia, dejando en funcionarios para definir a quienes, cuánto y cómo distribuir la plata que sacan».
«Exigimos reglas de juego claras, previsibilidad para poder seguir siendo uno de los sectores más dinámicos de la República y que con nuestro esfuerzo podemos salir todos juntos de la crisis en que se encuentra nuestra querida Argentina», sostiene el documento en su párrafo final.
Luego, apenas pasado el mediodía, se realizó una asamblea, en la que dirigentes de la Mesa de Enlace fueron los principales expositores. En ese marco, Chemes denominó a la protesta como «una jornada federal de demanda».
«En primer lugar, no estamos acá para hacernos ricos, o porque queramos rentas extraordinarias. Estamos pidiendo un acto de justicia que significa que el Gobierno vea al campo como lo debe ver: como una fuente de desarrollo y crecimiento, y no una fuente de recursos fiscales», afirmó Chemes.
Por su parte, Laucirica dijo que en la actualidad «el problema es mucho más que económico, sino que es político y moral, porque vamos en contramano de lo que realmente deberíamos hacer».
Para el vicepresidente de Coninagro, «el sector es la solución, pero no tenemos todas las herramientas, sino que las tienen nuestros gobernantes y políticos».
A su turno, Achetoni manifestó su «profunda tristeza por tener que hacer estos actos» y lamentó que «la política no sepa por qué estamos haciendo esto».
«Lo estamos haciendo por escenas de peleas que generaron incertidumbres a todos los actores de Argentina y lo que necesitamos son reglas claras», enfatizó.
Por último, Nicolás Pino -el titular de la Sociedad Rural- lamentó la poca presencia de figuras políticas, ante un auditorio compuesto de manera masiva por productores entre los que también sobresalían las presencias de dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos la senadora Carolina Losada y los diputados Diego Santilli y Rogelio Frigerio.
«Ninguno de lo que estamos acá no es que no queremos sembrar más. Todos queremos más, pero para eso tenemos que cumplir el rol que nos toca dentro de la sociedad, y el Estado y el gobierno tienen que cumplir con el suyo», dijo Pino.
Desde el Gobierno nacional, por su parte, criticaron la protesta de la Mesa de Enlace, al considerar que la misma «no conduce a nada» y que es un «paro político».
«No estamos de acuerdo con esta protesta. No conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones», dijo esta mañana el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
«Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil pero trabajamos para solucionarlas», sostuvo y remarcó que «todos los informes que maneja el Gobierno nacional indican que paulatinamente se va normalizando la provisión de gasoil a lo largo y ancho del país».
Además, subrayó que «la puerta del Gobierno nacional está abierta de par en par para seguir en este camino de agregar valor a lo que produce el campo», remarcó que el objetivo es «incrementar la producción» y subrayó que «esta es la postura que tenemos».
Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que el cese de comercialización convocado por la Mesa de Enlace, se trata de una medida de carácter eminentemente «político».
«Tenemos claro que estos paros son políticos; son decisiones que toman las patronales de la Mesa de Enlace», enfatizó Cerruti.
Anoche, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, dijo que «este es un momento de cooperación» y que «la confrontación paraliza», en relación a la protesta convocada por la Mesa de Enlace.
Gremiales
PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.
El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.
La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.
Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema
El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.
- Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
- Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
- Jornadas completas con alta carga administrativa
Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.
Sobrecarga y precarización
El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.
Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.
Riesgo de éxodo y deterioro de la atención
El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.
El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.
Deudas y falta dde medicamentos
A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.
En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.
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