Gremiales
El «paro político» de la mesa de enlace
La protesta convocada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro se desarrolló a nivel nacional y el acto central tuvo lugar en la intersección de las rutas 14 y 16, a la altura de Gualeguaychú, donde se realizó una asamblea de productores en la que participaron también dirigentes de la oposición.
La entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace realizaron hoy una jornada de protesta en distintos puntos del país en la que pidieron «un cambio de rumbo» económico, mientras que desde el Gobierno nacional criticaron la medida al considerar que «no conduce a nada» y afirmaron que el paro fue «político».
La protesta convocada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro se desarrolló a nivel nacional y el acto central tuvo lugar en la intersección de las rutas 14 y 16, a la altura de Gualeguaychú, donde se realizó una asamblea de productores en la que participaron también dirigentes de la oposición.
En el evento principal estuvieron el presidente de CRA, Jorge Chemes; de FAA, Carlos Achetoni; de la SRA, Nicolás Pino; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, quienes leyeron la denominada «Proclama de Gualeguaychú».
En el escrito, las entidades manifestaron la necesidad de «un cambio de rumbo» en materia económica, «decirle basta a la voracidad fiscal» y al «intervencionismo estatal, arbitrario y discrecional, que hace pagar a los productores toda esta tragedia, dejando en funcionarios para definir a quienes, cuánto y cómo distribuir la plata que sacan».
«Exigimos reglas de juego claras, previsibilidad para poder seguir siendo uno de los sectores más dinámicos de la República y que con nuestro esfuerzo podemos salir todos juntos de la crisis en que se encuentra nuestra querida Argentina», sostiene el documento en su párrafo final.
Luego, apenas pasado el mediodía, se realizó una asamblea, en la que dirigentes de la Mesa de Enlace fueron los principales expositores. En ese marco, Chemes denominó a la protesta como «una jornada federal de demanda».
«En primer lugar, no estamos acá para hacernos ricos, o porque queramos rentas extraordinarias. Estamos pidiendo un acto de justicia que significa que el Gobierno vea al campo como lo debe ver: como una fuente de desarrollo y crecimiento, y no una fuente de recursos fiscales», afirmó Chemes.
Por su parte, Laucirica dijo que en la actualidad «el problema es mucho más que económico, sino que es político y moral, porque vamos en contramano de lo que realmente deberíamos hacer».
Para el vicepresidente de Coninagro, «el sector es la solución, pero no tenemos todas las herramientas, sino que las tienen nuestros gobernantes y políticos».
A su turno, Achetoni manifestó su «profunda tristeza por tener que hacer estos actos» y lamentó que «la política no sepa por qué estamos haciendo esto».
«Lo estamos haciendo por escenas de peleas que generaron incertidumbres a todos los actores de Argentina y lo que necesitamos son reglas claras», enfatizó.
Por último, Nicolás Pino -el titular de la Sociedad Rural- lamentó la poca presencia de figuras políticas, ante un auditorio compuesto de manera masiva por productores entre los que también sobresalían las presencias de dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos la senadora Carolina Losada y los diputados Diego Santilli y Rogelio Frigerio.
«Ninguno de lo que estamos acá no es que no queremos sembrar más. Todos queremos más, pero para eso tenemos que cumplir el rol que nos toca dentro de la sociedad, y el Estado y el gobierno tienen que cumplir con el suyo», dijo Pino.
Desde el Gobierno nacional, por su parte, criticaron la protesta de la Mesa de Enlace, al considerar que la misma «no conduce a nada» y que es un «paro político».
«No estamos de acuerdo con esta protesta. No conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones», dijo esta mañana el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
«Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil pero trabajamos para solucionarlas», sostuvo y remarcó que «todos los informes que maneja el Gobierno nacional indican que paulatinamente se va normalizando la provisión de gasoil a lo largo y ancho del país».
Además, subrayó que «la puerta del Gobierno nacional está abierta de par en par para seguir en este camino de agregar valor a lo que produce el campo», remarcó que el objetivo es «incrementar la producción» y subrayó que «esta es la postura que tenemos».
Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que el cese de comercialización convocado por la Mesa de Enlace, se trata de una medida de carácter eminentemente «político».
«Tenemos claro que estos paros son políticos; son decisiones que toman las patronales de la Mesa de Enlace», enfatizó Cerruti.
Anoche, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, dijo que «este es un momento de cooperación» y que «la confrontación paraliza», en relación a la protesta convocada por la Mesa de Enlace.
Economía 💲
Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda
Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.
Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.
Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.
El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».
40,5% de caída real del salario en dos años y medio
El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.
La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.
Del banco a la fintech: el circuito de la usura
La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.
Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».
El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.
Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados
El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.
La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.
El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.
Las exigencias del gremio
Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».
- El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
- La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
- El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
- Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
- Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.
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