Judiciales ⚖️
Marcha hacia los tribunales bajo el lema «democracia o mafia judicial»
La convocatoria se anunció el lunes en conferencia de prensa, donde los organizadores detallaron que mañana, desde las 16, movilizarán en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños de Talcahuano al 500, sede de la Corte Suprema de Justicia.
Dirigentes de un amplio espectro de organizaciones políticas, sociales y sindicales realizarán mañana una marcha hacia los Tribunales bajo el lema «Democracia o mafia judicial» y en rechazo a la «proscripción» de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La convocatoria se anunció el lunes en conferencia de prensa, donde los organizadores detallaron que mañana, desde las 16, movilizarán en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños de Talcahuano al 500, sede de la Corte Suprema de Justicia.
Esta mañana, el juez Juan María Ramos Padilla, -quien viene realizando desde el año pasado actos en plazas en reclamo de la «renuncia» de los integrantes de la Corte Suprema-, confirmó su presencia en la manifestación de mañana y apoyó «todas las acciones y luchas que se dan en el país contra la proscripción de Cristina» Fernández de Kirchner.
«Contamos con muchos argentinos que queremos y creemos en la única estadista que nos puede sacar del infierno y esa persona es Cristina», dijo el magistrado a esta agencia.
En ese sentido, agregó: «Considero que nadie más que ella puede conducir los destinos del país en esta coyuntura. Es incompatible para mí cualquier lugar donde el liderazgo no sea el de Cristina».
El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés «Cuervo» Larroque la «convocatoria de quienes estamos preocupados por la situación institucional de la Argentina» y afirmó que, ante el intento de magnicidio de la vicepresidenta, «algunos hubieran querido que la bala saliera pero hay muchos más que quieren verla con la banda presidencial».
En tanto, esta tarde el Plenario de la Militancia compartió un manifiesto a través de sus redes sociales para reclamar la «renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema» y exigir que los «jueces y camaristas involucrados en la banda de Lago Escondido sean inmediatamente removidos por el Consejo de la Magistratura».
«La persecución política, las proscripciones, el fraude y los golpes militares fueron herramientas reiteradamente utilizadas para limitar o suprimir la voluntad popular», indicaron.
Y destacaron que a pesar de esto, «la democracia terminó imponiéndose», entonces «imaginaron un nuevo arsenal para limitar, restringir y -hasta si fuera preciso- suspender su ejercicio», señalaron.
«Es así como en la última década, frente a la irrupción en toda América Latina de gobiernos nacionales, populares y democráticos, que promovieron la inclusión social y la independencia económica, los poderes fácticos construyeron lo que se ha dado en llamar la guerra judicial contra la políticia», afirmaron.
Y subrayaron que en Argentina «los sectores del poder real se volcaron a colonizar el poder judicial para sujetarlo y manipularlo en favor de sus propios intereses».
«El punto más alto de esta deformación se alcanzó con la burda sentencia de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner», además de la «evidente y cómplice renuencia a profundizar la investigación sobre su intento de asesinato», remarcaron.
En la conferencia de prensa del lunes, el intendente de Ensenada, Mario Secco, afirmó que la convocatoria contra la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «es un pedido que viene desde abajo y los dirigentes nos ponemos al frente».
Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, afirmó que tiene una «gran expectativa» sobre esta nueva marcha a Tribunales : «No tengo dudas que la plaza (Lavalle) va a estar colmada contra la mafia judicial y su mamarracho de condena», expresó el funcionario.
A su turno la ministra de Gobierno bonaerense y consejera del Partido Justicialista nacional y provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, apoyó la convocatoria y expresó su «repudio contra los discursos de odio y la violencia política» que sufrieron la Vicepresidenta y su hija Florencia Kirchner recientemente por parte de dos periodistas y llamó a «no naturalizar» ese discurso porque «la libertad de expresión no permite deshumanizar, maltratar y demonizar al que piensa diferente».
También la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio aseguró que «ya no saben de que manera atacar» a quien fue dos veces Presidenta de la Nación y opinó que los discursos de odio «no van a parar hasta que salga la bala, así como tampoco van a parar de provocarnos» a la militancia.
Por su parte, el diputado del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau aseguró que «lo peor que uno puede hacerle a la mafia es sacarla del anonimato y el pedido de juicio político (a la Corte Suprema) está cumpliendo esa función», pero advirtió que «esta batalla no se resuelve solo entre cuatro paredes sino dando también la batalla en las calles, generando conciencia popular que los arrincone en cada lugar donde haya que arrinconarlos».
A su vez el presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, afirmó que la convocatoria para mañana «recuerda el 13 de abril de 2016», cuando se ordenó la declaración indagatoria de Cristina Fernández y ante la vigilia de miles de militantes en Comodoro Py «se evitó su detención, porque la iban a detener y a partir de allí empezar la proscripción».
También el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado del Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, marcó que además de «rechazar la proscripción de la compañera Cristina, hay que luchar por la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia» y, al recordar la jornada de 2016, indicó: «Es la misma pelea pero otro capítulo».
Al anuncio frente a la prensa asistieron también el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; los diputados Mara Brawer, Eduardo Valdés, Paula Penacca; la senadora provincial María Reigada; las legisladoras porteñas Victoria Montenegro y Lucia Cámpora; el ex diputado Jorge Rivas; el presidente de Acumar, Martín Zabatella; el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano; y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, entre otros.
Desregulación
Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil
La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.
¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo
★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.
Los delitos imputados y el eje de la denuncia
La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.
La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.
Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego
Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.
El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.
El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado
La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.
En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.
Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria
La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.
Puntos clave:
- La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
- Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
- La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
- La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
- Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
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