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Legislativo

Justicia habilita feria para amparos de protocolo represivo de Bullrich

Así lo decidió la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal ante la presentación de la legisladora porteña María Celeste Fierro del MST.

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La Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial y declaró competente a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para intervenir frente la acción de inconstitucionalidad presentada por una legisladora porteña contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

Se trata de un planteo formulado por María Celeste Fierro, quien es legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad y autoridad del partido Nueva Izquierda Distrito Capital Federal contra el «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», por considerar que lesiona derechos y garantías de carácter constitucional.

En la presentación judicial se había afirmado que el protocolo «amenaza derechos políticos» y se consideró que «penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión».

Este jueves, los jueces de la sala A de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal resolvieron «habilitar la feria judicial y atribuir competencia en la presente causa a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal», según surge de la resolución a la que accedió Télam.

Foto Ral Ferrari
Foto: Raúl Ferrari.

Previo a resolver la habilitación de la feria judicial, los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco recordaron que las razones de urgencia que determinan la habilitación de la feria judicial -por principio- son solamente aquellas que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere la protección judicial.

«Teniendo en cuenta el objeto de la acción y los argumentos expuestos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial – en particular, la posible afectación de derechos constitucionales en la aplicación del protocolo y la eventual criminalización de la protesta social – se considera que los mismos revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida», consideraron los jueces.

En esa línea, señalaron que «debe considerarse a la petición efectuada como comprendida entre las diligencias urgentes a la que se hace referencia en el art. 153 del Código Procesal. En consecuencia, resulta procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos».

Foto Eliana Obregn
Foto: Eliana Obregón.

En el fallo se recodó que el protocolo cuestionado estableció que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y que también podrán intervenir en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el mismo protocolo se establece que dicha intervención «se producirá sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina; sin perjuicio de la comunicación inmediata al juez o al fiscal competente«.

Sobre ese aspecto, los jueces sostuvieron que «el asunto aquí debatido tiene de modo claro naturaleza penal, en tanto se vincula esencialmente con la actuación que le compete a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en casos en los que se verifique un ´delito Flagrante´», por lo que «corresponde disponer que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal resulta competente para entender en las presentes actuaciones».

El planteo del MST, que incluye además el reclamo de que se dicte de una medida cautelar urgente para que el Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar el protocolo ante posibles protestas callejeras, había pasado antes por juzgados de los fueros electoral; contencioso administrativo; y criminal y correccional, que se habían declarado incompetentes.

Legislativo

Tarifazo al frío: Milei les quita el subsidio de gas a 1,6 millones de familias en las puertas del invierno

Con el respaldo de sus aliados legislativos y una maniobra reglamentaria para neutralizar una sesión opositora centrada en los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, el oficialismo se anotó en la madrugada del miércoles un triunfo clave en su agenda de desmantelamiento del Estado de bienestar.

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Diputados aprobó el recorte al régimen de zona fría: 1,6 millones de hogares perderán el subsidio de gas

★La Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley del gobierno de Javier Milei que recorta el alcance geográfico del régimen de zona fría y elimina el subsidio al consumo de gas para 1.600.000 usuarios. La iniciativa fue girada al Senado, donde el Gobierno aguarda su sanción definitiva. La jornada parlamentaria insumió más de once horas y estuvo marcada por una disputa reglamentaria que el oficialismo utilizó como herramienta para evitar el debate sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni.

La maniobra: tapar a Adorni con el tarifazo

El miércoles convivieron en Diputados dos convocatorias a sesión. La oposición había solicitado una sesión con un temario centrado en la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación federal por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, según consta en la causa que instruye el juez Ariel Lijo. El oficialismo respondió con una contraconvocatoria propia para tratar la ley de zona fría, consiguió el quórum de manera ajustada y, al instalarse primero, dejó sin efecto la sesión opositora. La superposición de convocatorias generó un debate reglamentario que demoró el inicio del tratamiento sustantivo en más de hora y media.

Qué cambia con la nueva ley

El nuevo régimen acota el beneficio a hogares ubicados en la Patagonia, Malargüe y la Puna, zonas consideradas de frío extremo. Con el esquema anterior, vigente desde la ley impulsada en 2021 por Máximo Kirchner, el subsidio alcanzaba a usuarios de buena parte del país con rebajas de entre el 30 y el 50 por ciento.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, precisó la semana pasada que 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que 1.800.000 lo conservarán con un descuento superior al 75% sobre el consumo de los meses de invierno, bajo la órbita del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio quedará restringido a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas (actualmente 4,3 millones de pesos por familia tipo), personas con Certificado Único por Discapacidad, veteranos de guerra y habitantes de barrios populares.

Una diferencia técnica de impacto directo sobre el bolsillo: a partir de los cambios, se subsidiará el metro cúbico de gas consumido y no la totalidad de la factura, que incluye el cargo fijo. La ley también incorpora un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante períodos de emergencia tarifaria.

El contexto: ajuste sobre ajuste

La aprobación de esta ley no ocurre en el vacío. Desde diciembre de 2023, el presupuesto familiar destinado a servicios acumuló una suba superior al 525%, con el gas trepando un 748% y el transporte rozando el 900%, según datos del IIEP (UBA-CONICET). La eliminación del subsidio de zona fría para millones de hogares se suma a esa cadena de aumentos en un contexto donde la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% en marzo de 2026, según el INDEC.

En ese mismo escenario, la ley avanza mientras el gobierno sostiene compromisos con el FMI por un programa de Servicio Ampliado de 20.000 millones de dólares, firmado en abril de 2025, que exige superávit fiscal y acumulación de reservas. El ajuste energético forma parte de esa ecuación.

Las voces del debate

El diputado oficialista Facundo Correa Llano (LLA), presidente de la comisión de Energía, defendió la medida al sostener que los subsidios indiscriminados «llevaron a confundir sensibilidad social con desorden» y que «focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan». La diputada oficialista Silvana Giudici (LLA) cuestionó que los subsidios anteriores beneficiaron a «countries y mansiones» y a zonas de «frío templado» que no justificaban el gasto.

Desde la oposición, la diputada kirchnerista Paula Penacca (UxP) advirtió que el régimen impulsado por Kirchner «es justo, solidario y autosustentable» y que el nuevo esquema obligará a 4 millones de usuarios a recibir facturas con aumentos de «50, 30, 60 o hasta 100%». En la misma línea, Lucía Cámpora (UxP) alertó que «los argentinos tendrán que elegir entre comprar el medicamento que ya no les cubre PAMI o pagar las nuevas tarifas de gas». La fueguina Andrea Freites (UxP) calificó la ley vigente como «soberanía y federalismo real» y advirtió que los cambios distorsionarán un beneficio de más de veinte años.

El diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), habitual aliado del oficialismo en otras votaciones, rechazó el proyecto al señalar que «las provincias de la Patagonia son las que generan el gas y el combustible» y que eso obliga a defenderlas.

La referente del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que la medida prepara «un tarifazo enorme a las familias argentinas» y reivindicó «el derecho social a la energía» frente a un esquema que beneficia a empresas privadas del sector.

Los votos: cómo se armó la mayoría

El oficialismo consolidó su mayoría con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. La excepción entre los aliados habituales fueron los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto de manera unánime, junto a nueve diputados de Provincias Unidas (entre ellos cordobeses y santafesinos) y representantes de San Luis y Córdoba afectados por el recorte.

La sesión también aprobó, con 138 votos a favor, la denominada Ley Hojarasca, iniciativa del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que deroga más de 70 normas consideradas obsoletas.

Puntos clave

  • Diputados aprobó con 132 votos el recorte al régimen de zona fría; el proyecto pasa al Senado.
  • 1.600.000 usuarios perderán el subsidio al gas en las vísperas del invierno.
  • El oficialismo bloqueó una sesión opositora sobre los escándalos judiciales de Adorni para instalar su propia agenda.
  • La medida profundiza un ciclo de aumentos tarifarios que acumula más del 525% en servicios desde diciembre de 2023.
  • El ajuste energético responde a las metas de superávit fiscal comprometidas con el FMI en el acuerdo por 20.000 millones de dólares.
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