Política 📢
No hay medida que les venga bien: continúa la política desestabilizadora de Juntos por el Cambio
Luego del anuncio presidencial para poner fin a la sublevación policial, los representantes más extremistas de la oposición ya hablaron de llegar hasta la Corte y judicializar el tema. Por su parte el Jefe de Gobierno porteño no efectuó al momento ninguna declaración en línea con estos fervientes reclamos «opositores».
Dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron este jueves la decisión del Gobierno nacional de destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de los fondos coparticipables adicionales que desde 2016 recibía la ciudad de Buenos Aires por decisión de la gestión macrista, para destinarlo a un plan de fortalecimiento fiscal en la provincia de Buenos Aires, y consideraron que la Justicia deberá pronunciarse.
«La decisión que se tomó y que yo comparto, es no romper los puentes sino defendernos en el Estado de derecho; se recurrirá a la Corte», dijo en la exdiputada Elisa Carrió, consultada sobre una eventual decisión del Gobierno porteño de recurrir al máximo tribunal.
La fundadora de la Coalición Cívica sostuvo que «no fue una sorpresa» la medida presidencial, consideró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene «una fortaleza y una templanza enorme», y añadió que la Ciudad aporta a los recursos nacionales «22% y sólo recibe cerca del 3%».
«Entre los que viven y trabajan en la Ciudad hay alrededor de 7 millones de personas que se podrían ver perjudicadas», publicó por su parte la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter.
En este sentido, agregó: «La Argentina no se construye enfrentando CABA y PBA. Esa lógica perversa empobrece cada día más al país».
El presidente de la UCR, el diputado mendocino Alfredo Cornejo, sostuvo este jueves que, «si el conurbano no es opulento, es gran medida responsabilidad del kirchnerismo»
Para Cornejo, el gobernador Axel Kicillof «está blindado por el Gobierno nacional en materia de recursos» porque «la vicepresidenta (Cristina Fernández) lo exige».
Y desde la Coalición Cívica, su titular, el diputado Maximiliano Ferraro, dijo -a través de su cuenta en Twitter- que «no le está quitando presupuesto a un partido político opositor» sino «a la salud, la educación, la cultura, la seguridad».
En línea con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, Ferraro consideró que «empobrecer a unos para compensar a otros, no es generar igualdad» y señaló que «es ser Robin Judas».
En tanto, la diputada nacional Graciela Ocaña sostuvo que «la instancia judicial está abierta», y adelantó que se reunirán con las máximas autoridades de la Ciudad para discutir «las acciones a tomar».
Ocaña también apuntó al Gobierno por su decisión y dijo que «el presidente Alberto Fernández dice ser un hombre de diálogo pero aquí no ocurrió». «Veo con mucha preocupación esta medida para la Ciudad», completó la legisladora.
En el mismo sentido se pronunció el senador Martín Lousteau (UCR- Evolución), para quien «hay un poder que es la Justicia que debe decir algo, la Corte Suprema de Justicia está callada».
En opinión del economista se trata de «una decisión arbitraria, súbita y totalmente cuestionable», y consideró que «es una decisión política para golpear a Rodríguez Larreta y un castigo a la jurisdicción más importante, que gobierna la oposición».
En tanto, el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo dejó su opinión en Twitter: «El Presidente no tiene facultades para sacarle registro a una Provincia y dárselo a otros».
Para Pinedo, el expresidente Mauricio Macri «tuvo facultad porque había una ley que decía que lo tenia que hacer y una Constitución».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, Claudio Romero, sostuvo que el anuncio presidencial fue «un baldazo de agua fría» dado que fue una medida «arbitraria» y sostuvo que los fondos que el expresidente Mauricio Macri había destinado a la Ciudad corresponden al traspaso por los «19 mil agentes de la Policía» Federal.
Este criterio de doble estándar, en cuanto a las poco democráticas medidas tomadas por el ex presidente Mauricio Macri y las medidas urgentes tomadas actualmente en medio de una crisis sanitaria mundial, son el corolario de las repudiables acciones desestabilizadoras de la oposición para con Alberto Fernández.
La democracia en Argentina ya se ha pronunciado en las urnas en octubre de 2019 y más allá de inclinaciones partidarias es la voluntad popular y este sistema democrático el que nos debe guiar siempre.
Judiciales ⚖️
ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión
La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.
La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.
La nueva causa y el fiscal que la lleva
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.
En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».
Las cifras bajo la lupa fiscal
Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.
Una segunda causa que se monta sobre la primera
Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.
La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación
El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.
Doble estándar en la cima del fisco
La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.
Puntos clave:
– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
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