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Política 📢

Juan Grabois advirtió que “la reconstrucción del país será más difícil que en 2001”

Calificó al gobierno de Milei como “planero” y lo acusó de agravar la pobreza.

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El dirigente social y candidato a legislador bonaerense por Patria Grande, Juan Grabois, criticó duramente al gobierno de Javier Milei y advirtió que la situación social y económica de la Argentina será aún más grave que la del año 2001. En una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre, el referente del Frente Patria Grande convocó a la militancia a “organizar la bronca y la solidaridad en los barrios” ante lo que calificó como un “gobierno saqueador” y “planero”.

Grabois sostuvo que el principal desafío de la oposición es “ponerle límites a Milei” y que la tarea de la militancia es frenar a quienes “hambrean al pueblo”.

_“Después hay que prepararse para reconstruir lo que van a dejar en este país que va a ser peor que en el 2001”, expresó. “Necesitamos tener a toda la dirigencia y la militancia pensando en cómo vamos a reconstruir este país, donde no se puede morfar y no hay vivienda”.

Críticas al modelo económico y social

Durante el diálogo, Grabois rechazó el rumbo económico del gobierno libertario y lo acusó de haber aumentado la dependencia de los sectores populares respecto del Estado:

_“Este es un gobierno planero. Venía a destruir los planes sociales y lo único que hizo fue aumentarlos para mantener a la población contenida”.

El dirigente también denunció el impacto de la inflación sobre los alimentos básicos, como los huevos, y señaló la falta de políticas de vivienda y salud para los sectores más vulnerables.

_“En mi barrio el problema que hay es el maple que está $8.000, la única proteína barata que quedaba. El problema es que mi vecino cobra 260 lucas de jubilación y le sacaron los remedios. El problema es que van a entrar 20 mil millones de dólares y se los van a fumar en cuatro meses”.

Grabois aseguró que las políticas de ajuste empujaron a las organizaciones sociales fuera de los barrios populares, lo que generó un vacío ocupado por el narcotráfico:

_“Con la destrucción de los programas de cooperativas, se retiran las organizaciones que trabajan en los barrios y avanza el narcotráfico. Hay una situación de peruanización de la Argentina”.

Señalamientos contra funcionarios del Gobierno

El candidato de Patria Grande apuntó contra tres figuras centrales del oficialismo: Federico Sturzenegger, Luis “Toto” Caputo y Patricia Bullrich. Los definió como parte de “el staff permanente de la estafa en Argentina de los últimos 20 años”.

_“Ellos están siempre y han garantizado siempre meter deuda en el Banco Central y chorearse los dólares. Hay una sensación de estabilidad unos meses y después nos la damos todos”.

También responsabilizó directamente al presidente Javier Milei por los hechos investigados en la causa conocida como “$LIBRA”, en la que fue aceptado como querellante.

_“Milei tiene que ir preso. Él, Karina y todos los que estuvieron involucrados en la estafa. Eso va a llevar su tiempo porque la Justicia siempre va al ritmo del poder”.

Según Grabois, existen tres delitos centrales en la causa:

_“Primero, las negociaciones incompatibles con la función pública que es el tuit donde pone un contrato. Después el tráfico de influencias, lo de Karina Milei y los bolsos que van y vienen con dólares. Y finalmente la estafa”.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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