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Piratas: otra vez ejercicios militares en Malvinas

Argentina protestó ante el Reino Unido por un anuncio de ejercicios militares en Malvinas. El organismo mostró un «contundente rechazo» a la intención introducir nuevos actores del ejército en las Islas, en referencia a la posible presencia de soldados de Kosovo.

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La Cancillería convocó a la embajadora británica en la Argentina, Kirsty Hayes, para expresarle la «protesta» y el «contundente rechazo» del Gobierno a la «intención» de ese país de «introducir nuevos actores militares» en las Islas Malvinas, en referencia a la posible presencia de soldados de Kosovo.

La citación a Hayes ocurrió el martes último, según informó este jueves en un comunicado la Cancillería que conduce Santiago Cafiero.

De esa forma, el Palacio San Martin se refirió a los «anuncios publicados en los medios respecto a que la pretendida asamblea de Kosovo habría decidido enviar a las Islas Malvinas hasta siete miembros de las Fuerzas de Seguridad (KBS) de Kosovo, en el marco de «una operación de apoyo a la paz de conformidad con un acuerdo suscripto con el Reino Unido sobre la incorporación de personal de las KBS en el ejército de infantería británico en Malvinas».

Por ese motivo, la Cancillería convocó en la tarde del pasado martes 6 a la embajadora británica Hayes «a fin de transmitirle el contundente rechazo del Gobierno argentino a la intención del Reino Unido de introducir nuevos actores militares en las Islas Malvinas, parte integrante del territorio argentino ilegítimamente ocupado por dicho país», según señala el comunicado.

Asimismo, se precisa que el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el subsecretario de Política Exterior, Claudo Rozencwaig, hicieron entrega de una «nota formal de protesta» a la embajadora Hayes

Los funcionarios, de acuerdo con el comunicado, manifestaron que la «iniciativa militar llevada adelante por el Reino Unido constituye una injustificada demostración de fuerza».

También, subrayaron que significa un «deliberado apartamiento de los llamamientos de numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de otros foros internacionales que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas».

Las islas Malvinas fueron usurpadas en 1833 por el Reino Unido y, pese a la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas en 1965, los británicos se niegan a sentarse a discutir la «disputa de soberanía».

En el marco de la citación, los funcionarios señalaron que la iniciativa «contraviene específicamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando el proceso de negociación recomendado por la misma Asamblea».

«De igual manera -apunta el comunicado-, contraviene la Resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en esta región».

Asimismo, Carmona y Rozencwaig agregaron que la «presencia militar extra regional en las Islas se contrapone categóricamente con la permanente voluntad de la República Argentina de resolver la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas».

En paralelo, reafirmaron «una vez más la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina y, estando ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte».

Los funcionarios recordaron que las Malvinas «son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 y posteriores de la Asamblea General, así como de otras organizaciones y foros internacionales, y reiteraron la disposición del Gobierno argentino de reanudar las negociaciones para resolver de forma pacífica la disputa».

A través de su cuenta de Twitter, Carmona dijo que el anuncio de la participación de efectivos kosovares en ejercicios militares en Malvinas «es una provocación inadmisible».

«Por eso convocamos a la embajadora del Reino Unido en Argentina para formalizar nuestra protesta», explicó.

«El Reino Unido debe respetar el derecho internacional, desmilitarizar nuestras islas, abstenerse de realizar acciones unilaterales como la que en esta ocasión protestamos y retomar las negociaciones por la cuestión de la soberanía», reclamó el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Política 📢

Villarruel apuntó contra Adorni desde Rosario: “Estamos todos esperando su declaración jurada”

La vicepresidenta participó de una misa por el quinto aniversario del fallecimiento de su padre, el veterano de Malvinas Eduardo Villarruel, y aprovechó el escenario para reclamar públicamente la declaración jurada del jefe de Gabinete, en plena tormenta judicial por enriquecimiento ilícito.

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Villarruel pidió la declaración jurada de Adorni en plena causa por enriquecimiento ilícito

★ La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este martes la ciudad de Rosario, Santa Fe, con un motivo estrictamente personal: participar de una misa en la Catedral local en conmemoración del quinto aniversario del fallecimiento de su padre, el veterano de Malvinas Eduardo Villarruel, quien murió por complicaciones derivadas del Covid19.

La ceremonia fue presidida por el cura párroco Osvaldo Macerola. Sin embargo, la coyuntura política no tardó en imponerse: al concluir el oficio, la titular del Senado lanzó una advertencia directa sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un momento en que la causa por enriquecimiento ilícito que tramita ante la Justicia Federal acumula testimonios, pericias y pedidos de detención.

La frase que sacudió al oficialismo

Al ser consultada por periodistas presentes en Rosario sobre la situación del ministro coordinador, Villarruel no esquivó la pregunta y fue contundente: «Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni», afirmó. La declaración adquiere un peso político y simbólico particular, porque proviene de la segunda figura en la línea de sucesión del Ejecutivo y porque se produce en el marco de una investigación que, según los datos que obran en la causa, ya reconstruyó un patrimonio bajo sospecha superior a los 840.000 dólares.

El magistrado Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita instruyen una trama que incluye refacciones de lujo pagadas en efectivo, el presunto uso de recursos estatales para fines privados y posibles triangulaciones con empresas del Estado como YPF. Al sumarse a este reclamo, Villarruel coincidió con los planteos que también formuló, desde su propio espacio, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Patricia Bullrich.

«No participo del Gobierno»

Consultada por las tensiones internas que atraviesan al oficialismo, la vicepresidenta buscó desmarcarse de la gestión directa del Poder Ejecutivo con una frase que no pasó inadvertida: «No participo del Gobierno». Con ese corte, derivó las explicaciones sobre el rumbo de la administración hacia el propio presidente Javier Milei y sus ministros.

No obstante, no evitó marcar diferencias metodológicas al subrayar que «la convivencia en sociedad debe ser con respeto», una declaración que contrasta con el tono confrontativo que caracteriza buena parte de la comunicación oficial y que la propia Villarruel ya se encargó de señalar en otras oportunidades.

El contexto judicial que pesa sobre Adorni

Las declaraciones de Villarruel se producen en uno de los momentos más delicados para el funcionario. Según la investigación en curso, Adorni enfrenta señalamientos que van desde la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito con una modalidad de financiamiento poco transparente, que incluyó deudas declaradas con dos jubiladas como vendedoras, hasta refacciones de lujo en un country en Exaltación de la Cruz que, según el testimonio del contratista Matías Tabar, ascendieron a 245.000 dólares abonados íntegramente en efectivo y sin respaldo fiscal.

A ese cuadro se suman las investigaciones por el presunto uso del avión presidencial para trasladar a su esposa Bettina Angeletti a Nueva York, las sospechas por contratos irregulares en la Televisión Pública vinculados al productor Marcelo Grandio y, en el plano más extremo de las medidas solicitadas, el pedido de detención que presentó la diputada Marcela Pagano, quien alegó que el funcionario intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones. El juez Lijo ya dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y su esposa y ordenó el peritaje de dispositivos del contratista y del productor.

Sin definiciones electorales, pero con Rosario como escenario

Antes de retirarse, la vicepresidenta prefirió no adelantar posicionamientos sobre el escenario electoral de 2027 ni sobre una eventual candidatura propia. Sí encontró un momento para reivindicar sus lazos afectivos con la provincia: definió a Rosario como su «segunda casa». La visita, discreta en términos de despliegue de seguridad ya que no se interrumpió el tránsito vehicular, generó sin embargo una fuerte expectativa mediática que terminó siendo capitalizada por las definiciones políticas de la funcionaria.

Puntos clave

  • La vicepresidenta Villarruel reclamó públicamente la declaración jurada de Adorni en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Ariel Lijo.
  • Visitó Rosario para participar de una misa por el quinto aniversario del fallecimiento de su padre, el veterano de Malvinas Eduardo Villarruel, fallecido por Covid-19.
  • Se diferenció de la gestión Milei al afirmar «No participo del Gobierno» y reclamó respeto en la convivencia social.
  • El patrimonio investigado de Adorni ya supera los 840.000 dólares; la diputada Pagano solicitó su detención por presunto entorpecimiento de la Justicia.
  • No adelantó definiciones sobre su eventual candidatura para las elecciones de 2027.

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