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Política 📢

Ajuste en salud mental: Milei eliminó cupos para residencias en el Bonaparte

Los residentes y empleados alertaron sobre el impacto en la formación profesional y la atención pública.

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El gobierno encabezado por Javier Milei profundizó sus medidas de ajuste en el sistema sanitario con un nuevo golpe a la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) del Hospital Nacional Laura Bonaparte. Este martes, trabajadores de la institución denunciaron la decisión oficial de no habilitar nuevos cupos para las prácticas profesionales, lo que afecta tanto a las disciplinas involucradas como a los cargos de jefatura.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los residentes expresaron su preocupación por las consecuencias de este recorte:

_“Desde la RIsaM Bonaparte queremos anunciar que hoy nos comunicaron que nuestra residencia no recibirá ningún cupo para la residencia, tanto para las diferentes disciplinas como para la jefatura; aún cuando cumplimentamos todos los requisitos formales para la renovación de la totalidad de los mismos”.

Un golpe a la formación y el empleo

La medida generó indignación entre los trabajadores, quienes calificaron el recorte como parte de un “desguace sistemático” del sistema de salud mental en el país. Además, alertaron sobre el impacto negativo que tendrá en la formación de nuevos profesionales, la continuidad laboral de los residentes actuales y la atención destinada a la población.

_“Es urgente tomar acción frente al ataque que realizan a las residencias, tanto por la formación de profesionales, la fuente de trabajo de los actuales residentes y los aspirantes, y a la población a quien está destinado nuestro trabajo”, señalaron.

Antecedentes de recortes en el Bonaparte

El Hospital Laura Bonaparte ha sido blanco de medidas de ajuste desde el inicio del gobierno de Javier Milei. En 2024, los trabajadores lograron resistir un intento de cierre. Sin embargo, en enero de 2025, la institución sufrió el despido de 200 empleados, lo que afectó gravemente la prestación de servicios.

En un contexto de incertidumbre, los trabajadores denunciaron que el pasado 31 de marzo vencieron los contratos de numerosos empleados y, hasta el momento, no se vislumbra su renovación. Esta situación agrava la crisis laboral y dificulta el acceso a una atención pública y de calidad en salud mental.

_“Los trabajadores seguimos en alerta. Continuamos brindando atención pública en salud mental, gratuita y de calidad, en el marco de esta incertidumbre y con la falta de 200 compañeros despedidos”, destacaron.

Implicancias del ajuste en la salud mental

La reducción de cupos para prácticas profesionales y la falta de renovación de contratos impactan directamente en la formación de especialistas, una necesidad crítica en el sistema de salud mental argentino. Además, compromete el derecho de la población a recibir atención adecuada, especialmente en un contexto donde la demanda de estos servicios creció significativamente.

Economía 💲

Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis

Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.

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Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
  • El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
  • El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
  • Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
  • El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo

Un fallo judicial que obliga a pagar

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.

Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal

El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.

El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.

Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo

Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.

En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.

Universidades en alerta y posible conflicto

Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.

Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.

El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.

Un conflicto que escala en el plano político

El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.

La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.

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