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Ajuste en salud mental: Milei eliminó cupos para residencias en el Bonaparte

Los residentes y empleados alertaron sobre el impacto en la formación profesional y la atención pública.

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El gobierno encabezado por Javier Milei profundizó sus medidas de ajuste en el sistema sanitario con un nuevo golpe a la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) del Hospital Nacional Laura Bonaparte. Este martes, trabajadores de la institución denunciaron la decisión oficial de no habilitar nuevos cupos para las prácticas profesionales, lo que afecta tanto a las disciplinas involucradas como a los cargos de jefatura.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los residentes expresaron su preocupación por las consecuencias de este recorte:

_“Desde la RIsaM Bonaparte queremos anunciar que hoy nos comunicaron que nuestra residencia no recibirá ningún cupo para la residencia, tanto para las diferentes disciplinas como para la jefatura; aún cuando cumplimentamos todos los requisitos formales para la renovación de la totalidad de los mismos”.

Un golpe a la formación y el empleo

La medida generó indignación entre los trabajadores, quienes calificaron el recorte como parte de un “desguace sistemático” del sistema de salud mental en el país. Además, alertaron sobre el impacto negativo que tendrá en la formación de nuevos profesionales, la continuidad laboral de los residentes actuales y la atención destinada a la población.

_“Es urgente tomar acción frente al ataque que realizan a las residencias, tanto por la formación de profesionales, la fuente de trabajo de los actuales residentes y los aspirantes, y a la población a quien está destinado nuestro trabajo”, señalaron.

Antecedentes de recortes en el Bonaparte

El Hospital Laura Bonaparte ha sido blanco de medidas de ajuste desde el inicio del gobierno de Javier Milei. En 2024, los trabajadores lograron resistir un intento de cierre. Sin embargo, en enero de 2025, la institución sufrió el despido de 200 empleados, lo que afectó gravemente la prestación de servicios.

En un contexto de incertidumbre, los trabajadores denunciaron que el pasado 31 de marzo vencieron los contratos de numerosos empleados y, hasta el momento, no se vislumbra su renovación. Esta situación agrava la crisis laboral y dificulta el acceso a una atención pública y de calidad en salud mental.

_“Los trabajadores seguimos en alerta. Continuamos brindando atención pública en salud mental, gratuita y de calidad, en el marco de esta incertidumbre y con la falta de 200 compañeros despedidos”, destacaron.

Implicancias del ajuste en la salud mental

La reducción de cupos para prácticas profesionales y la falta de renovación de contratos impactan directamente en la formación de especialistas, una necesidad crítica en el sistema de salud mental argentino. Además, compromete el derecho de la población a recibir atención adecuada, especialmente en un contexto donde la demanda de estos servicios creció significativamente.

Morón

Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces

El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.

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El Argentino Diario-Damián Cardoso-Lucas Ghi.
El narcoescándalo de Morón y la crisis de la gestión de Ghi: cuando el que defiende termina hundiendo.

Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria

★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».

Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.

El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso

La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.

Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.

«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»

La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.

El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.

Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo

La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.

El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba

La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».

El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada

La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».

La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.

Cardoso, entre la derecha y la autopromoción

Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).

El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.

La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.

Puntos clave

  • El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
  • Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
  • Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
  • El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
  • La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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