Por Gabriel Tuñez

El peronismo dio en los últimos días señales de comenzar un proceso de organización interna, tras la derrota electoral sufrida en el balotaje de noviembre último, que parece apoyarse en la CGT, que convocó a una huelga para el 24 de enero próximo; en algunos de sus gobernadores, críticos de la gestión presidencial de Javier Milei; y sus bloques de legisladores en Diputados y el Senado, que plantean su oposición en el Congreso a las reformas estructurales presentadas por el Gobierno nacional.

«El peronismo va a encontrar su salida estando cerca de la gente», expresó esta semana Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y exministro de Obras Públicas durante la presidencia de Alberto Fernández.

Katopodis fue durante la campaña presidencial de Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria (UxP) en las elecciones nacionales pasadas, acaso el dirigente del peronismo que más cerca estuvo de los votantes, poniéndose al frente de asambleas callejeras, subiéndose a colectivos y recorriendo barrios populares.

Un primer acercamiento que, según Katopodis, debe volver a tener el peronismo con la población podría darse cuando la CGT, junto a otras centrales sindicales y organizaciones sociales, se movilice al Congreso el 24 de enero con motivo de una huelga convocada tras una manifestación llevada a cabo frente a los Tribunales porteños.

La protesta anunciada por la central obrera debe reunir «a los trabajadores que sienten» que en el primer mes de gestión de Milei «perdieron algo que tenían», dijo Katopodis en referencia a la caída del poder adquisitivo sufrida producto de la devaluación de 120% del peso frente al dólar, los aumentos de los precios de los alimentos y los combustibles, la quita de subsidios a los servicios públicos, la derogación por decreto de la ley de alquileres y los incrementos en las cuotas de la medicina privada.

La CGT obtuvo esta semana una victoria judicial cuando la Cámara Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por Milei el 20 de diciembre último.

La medida judicial puso en suspenso la «aplicabilidad» del DNU 70/2023 hasta tanto no surja una «sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo», la inconstitucionalidad de la medida, tal como lo planteó la central obrera en el recurso cuya presentación fue acompañada por la manifestación sindical frente a Tribunales.

La movilización del 24 de enero «va a ser mucho más contundente» que la que colmó la Plaza Lavalle, anunció Carlos Acuña, uno de los tres gremialistas que conducen a la CGT. Y aventuró: «No me sorprendería para nada (que haya) un millón de trabajadores en la calle defendiendo los derechos como corresponde».

La manifestación llevada a cabo frente a los Tribunales, que por momentos sobrepasó los controles policías establecidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el llamado protocolo de orden público, convocó a varios miles de trabajadores, pero a pocos dirigentes políticos del peronismo.

«¿Dónde están nuestros dirigentes? ¿Dónde está el presidente del PJ, expresidente de la Nación (Alberto Fernández)? ¿Dónde está nuestro candidato, que yo voté, Sergio Massa? ¿Dónde están senadores y diputados que tienen que venir a poner la cara?», preguntó enfáticamente ante la prensa el referente de la agrupación Patria Grande Juan Grabois , durante la concertación realizada el pasado 27 de diciembreen la Plaza Lavalle porteña.

Grabois, que compitió y perdió en la PASO de UxP ante Massa, exigió que «toda la dirigencia» partidaria del peronismo pusiera «la cara junto al pueblo, porque después el cuerpo, la sangre y el dolor lo ponen los trabajadores y los pobres», agregó el dirigente social ese día.

En una misma línea, Katopodis evaluó que el peronismo tendrá que organizarse para desempeñar el rol de oposición al modelo de gobierno que propone Milei, y citó que uno de quienes expuso sus opiniones en este último mes fue Kicillof, «demostrando» con su gobierno en la provincia de Buenos Aires «que se pueden hacer las cosas de forma diferente» al Ejecutivo nacional.

«La provincia de Buenos Aires repudia tanto el contenido como la metodología para generar el proyecto de ley. Analizamos los efectos en las diferentes partes de la cadena de producción y, en una palabra, es nefasto», evaluó Kicillof esta semana durante una reunión que tuvo con representantes de los sectores pesquero y naviero en Mar del Plata.

No fue el único gobernador en contra de las reformas económicas y políticas impulsadas por Milei. El peronista riojano Ricardo Quintela fue el primero en recurrir a la Corte Suprema de Justicia con un recurso legal para suspender los efectos del DNU 70/2023.

Quintela instó a la dirigencia peronista a «reflexionar y hacer una amnistía para que todos vuelvan a la discusión» interna porque, aseguró, «lo que se viene» en la Argentina «va a ser complejo».

Y para enfrentar esa complejidad política, social y económica el PJ necesita «consolidar una mesa amplia para resistir», reiteró Quintela.

El Consejo Nacional del PJ todavía es presidido por el exmandatario Alberto Fernández, quien se trasladó a Madrid para pasar las fiestas de fin de año con su familia y que anticipó que, a su regreso, trabajará «en unidad» con los referentes del partido.

El mandato de Fernández finaliza en abril de 2025 y, según trascendió, su intención es permanecer en ese cargo hasta el cumplimiento de ese período, algo que parece no tener aceptación en la mayoría de la dirigencia partidaria.

En el Congreso Nacional, donde se analizarán la validez del DNU y los más de 600 proyectos incluidos en la llamada Ley Ómnibus, los bloques de senadores y diputados del peronismo diseñan una estrategia común para evitar la aprobación de ambas normativas, algunas de las cuales son rechazadas por una parte de la población que esta semana volvió a manifestarse haciendo sonar sus cacerolas en distintas ciudades y localidades del país.