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Buenos Aires

“Las empresas caen como moscas”: Kicillof acusó a Milei de tener un plan “industricida”

En la apertura del 154° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, el gobernador denunció que «las empresas caen como moscas» y que desde el inicio del Gobierno libertario «cerraron 30 empresas por día» y «cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado». Llamó a «cambiar el rumbo nacional» y convocó a sumar fuerzas provinciales ante lo que definió como «un ataque al federalismo».

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★ El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes la Asamblea Legislativa provincial en la apertura del 154° período de sesiones ordinarias y lanzó una de las críticas más contundentes al modelo económico del presidente Javier Milei desde que comenzó su gestión. Lo que describió no fue una crisis coyuntural sino un proceso deliberado: «Como consecuencia de este verdadero plan de destrucción masiva de la industria nacional, las empresas caen como moscas en todos los rincones del país», afirmó ante legisladores provinciales, intendentes, líderes sindicales y referentes del movimiento de Derechos Humanos, entre otras figuras.

El mandatario bonaerense puso números concretos sobre la mesa: «Desde que asumió Milei cerraron 30 empresas por día» y «cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado», graficó. Esos datos, presentados por Kicillof sin citar la fuente específica de origen en el discurso, se inscriben en un contexto verificable por información de terceros: la Unión Industrial Argentina (UIA) documentó en su comunicado del 18 de febrero de 2026 la pérdida de 65.000 empleos industriales en dos años, con corte a noviembre de 2025, un registro que no incluye los cierres producidos en febrero de 2026.

«La macro está mal y la micro está horrible»

Kicillof recorrió el cuadro económico con una síntesis que condensó el diagnóstico: «La macro está mal y la micro está horrible. Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico del Gobierno nacional es un fracaso.»

El gobernador cuestionó el relato oficial sobre el crecimiento económico: «Los datos demuestran que el relato del crecimiento, estabilidad y equilibrio que vende el gobierno son una mentira. El crecimiento del que hablan es en realidad el crecimiento de la desigualdad y de las riquezas de una pequeña minoría, más extranjera que argentina, que festeja ganancias extraordinarias mientras la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor», denunció.

Tras destacar que existe un consenso generalizado de que la economía atraviesa un proceso de estanflación, enumeró las consecuencias visibles: «trabajadores despedidos o fuertemente endeudados a los que no le alcanza el salario, empresarios quebrados o al borde del cierre, jubilados pauperizados.» Y remató: «Después de más de dos años de Gobierno no se cumplió ninguno de los pronósticos del presidente, no se produjo ninguna recuperación, ni el V corta ni de ninguna otra clase.»

Ese diagnóstico tiene respaldo en los datos verificados en coberturas previas de este medio. Según el economista Nadin Argañaraz, entre 2017 y 2025 un trabajador formal del sector privado perdió el equivalente a 20% de su poder adquisitivo (16 salarios mensuales) y un empleado público el 34% (21 sueldos). La Secretaría de Trabajo confirmó que entre septiembre y diciembre de 2025 el salario promedio del sector privado registrado acumuló una caída real del 2,4%. Y el INDEC documentó que en 2025 los autoservicios mayoristas cayeron 6,8% a precios constantes, mientras las carnes subieron 60,4% en ese mismo canal.

El Estado como herramienta, no como enemigo

Una parte central del discurso de Kicillof apuntó a disputar el relato ideológico que sostiene el modelo libertario. «En la fantasía anarco capitalista, el Estado no debería existir. Mientras ese discurso siga siendo aceptado y reproducido ciegamente por algunos empresarios y parte de la dirigencia va a ser muy complicado entrar en una etapa de desarrollo en nuestro país», advirtió.

Fue explícito en su postura: «La mano invisible del mercado es un verso. No existe.» Y desarrolló su argumento: «Podemos discutir el tamaño y las funciones del Estado, pero lo cierto es que sin Estado no hay más libertad, hay ley de la selva y hay abuso. El Estado usado de manera eficaz y transparente es una herramienta para corregir desigualdades, para integrar, para generar trabajo, para proteger recursos e intereses nacionales. Bien usado, es una herramienta del desarrollo.»

La frase desencadenó en la sala el canto de la consigna «la Patria no se vende», según consigna el material de base.

Argentina expuesta en un mundo que protege su industria

Kicillof señaló además la contradicción entre la política aperturista del Gobierno nacional y el contexto internacional: «El país está gobernado por fanáticos de una teoría ridícula y antigua que lo deja más expuesto a un mundo plagado de guerras comerciales y de las otras, y que regresa fuertemente al proteccionismo.» Y remató: «En ese contexto en el que los países protegen más que nunca su producción industrial, tenemos un gobierno que provoca y festeja el cierre de empresas y que desmantela cualquier tipo de producción.»

Esa contradicción tiene un correlato concreto y verificable en la cobertura reciente. El mismo día de la audiencia por el conflicto de Fate (23 de febrero), el ministro Luis Caputo firmó la Resolución 172/2026 que eliminó el derecho antidumping del 28% sobre el foil de aluminio chino, abriendo otro sector de la industria nacional a la competencia asiática sin regulación, según datos del Boletín Oficial.

El gobernador también rechazó el modelo de desarrollo que, a su entender, el Gobierno intenta imponer: «Con todo respeto por estos países, no podemos aceptar que nos quieran imponer el modelo de Perú y Paraguay como meta. Se trata de un modelo de primarización productiva y precarización laboral que los ministros libertarios presentan como el paraíso capitalista.» Eso, dijo, «significa lisa y llanamente terminar de destruir a nuestra clase media, terminar de destruir un sistema de salud pública, terminar de destruir el sistema universitario argentino.»

Una convocatoria a sumar fuerzas provinciales

Kicillof cerró su discurso con una convocatoria política explícita a las demás provincias: «Hace falta sumar fuerzas. No puede ser que cada sector o provincia quede sola negociando migajas o administrando la caída.» E invitó a «trabajar juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue y que no se rinda.»

Pese al diagnóstico sombrío, el gobernador intentó transmitir una perspectiva de salida: «Esta tragedia no es inevitable», afirmó. «Esta realidad se puede cambiar. No estamos condenados a esta pesadilla. Hay otro camino.»

De la Asamblea Legislativa participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Alejandro Dichiara, ministros del Gabinete provincial, legisladores, intendentes, líderes sindicales y referentes del movimiento de Derechos Humanos.

Puntos clave

  • Kicillof afirmó en la Asamblea Legislativa del 2 de marzo de 2026 que desde el inicio del Gobierno de Milei «cerraron 30 empresas por día» y que «cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado»; esos datos fueron presentados por el gobernador sin citar fuente específica en el discurso.
  • La UIA documentó de manera independiente la pérdida de 65.000 empleos industriales en dos años (corte noviembre 2025), verificado en comunicado oficial del 18 de febrero de 2026.
  • El gobernador calificó el modelo económico de Milei como un «plan de destrucción masiva de la industria nacional» y señaló que la economía atraviesa un proceso de estanflación, en coincidencia con diagnósticos de economistas y cámaras empresariales relevados en coberturas previas.
  • Kicillof rechazó el modelo aperturista en un contexto donde la Resolución 172/2026 de Caputo eliminó el antidumping del 28% sobre el foil de aluminio chino el 23 de febrero, según el Boletín Oficial.
  • El gobernador convocó a las provincias a «sumar fuerzas» ante lo que definió como «un ataque al federalismo» y llamó a «cambiar el rumbo nacional.» ★

Avellaneda

Tensión en el Puente Pueyrredón: fuerzas federales reprimieron el corte con gas pimienta e hidrantes

Organizaciones sociales que reclaman la continuidad del programa Volver al Trabajo intentaron cortar el acceso al puente que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal y la Prefectura respondieron con gas pimienta y camiones hidrantes en el marco del protocolo antipiquetes del Gobierno nacional.

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Gas pimienta contra el hambre: la respuesta del Gobierno a quienes reclaman por los planes sociales.

Una extensa movilización de organizaciones sociales y políticas protagonizó una jornada de tensión en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en repudio a la decisión del Ministerio de Capital Humano de eliminar el programa Volver al Trabajo, sucesor del histórico Potenciar Trabajo. La protesta, que comenzó pasadas las 10 de la mañana sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, reunió a miles de manifestantes de diversas organizaciones y fue respondida con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad federales que impidió el corte total del viaducto.

El programa que el Gobierno quiso liquidar

El eje del conflicto es la decisión oficial de dar de baja el programa Volver al Trabajo, que funcionaba como continuidad del anterior Potenciar Trabajo y por el cual casi 950.000 beneficiarios percibían una asignación mensual de $78.000 a cambio de realizar tareas comunitarias en municipios y cooperativas: trabajo en comedores y merenderos, limpieza de calles y plazas, producción textil, reciclado y agricultura familiar. La medida no pudo concretarse de manera inmediata porque un fallo judicial la frenó temporalmente, obligando al Ejecutivo a garantizar el pago del mes correspondiente. Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad del programa en los meses siguientes fue el detonante de la convocatoria.

La movilización fue convocada por el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur y la Organización Comunista Revolucionaria, entre otras organizaciones. La protesta tuvo alcance metropolitano: además de Avellaneda, se registraron cortes en el Puente Saavedra (Vicente López), el Puente La Noria (Lomas de Zamora), la intersección de Ruta 3 y General Paz (La Matanza) y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers.

Gas pimienta e hidrantes: la respuesta del Estado

En el Puente Pueyrredón, la Policía Federal y la Prefectura Naval formaron un cordón y aplicaron el protocolo antipiquetes con rigor. Cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la avenida Mitre, los efectivos respondieron con gas pimienta y empujaron a la columna para impedir que la protesta llegara al ingreso de la Ciudad de Buenos Aires. También se desplegó un camión hidrante. En paralelo, bomberos apagaron neumáticos que los manifestantes habían encendido sobre la calzada.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su decisión de no aplicar el protocolo antipiquetes en territorio bonaerense. «Sin reglas claras no hay orden», escribió en su cuenta de X, y agregó: «Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio. La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno.» El comunicado ministerial finalizó con una ratificación del uso del protocolo en jurisdicción federal: «Nuestras Fuerzas Federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA.»

La voz de la base: hambre y ajuste

Entre la tensión y el gas pimienta, la voz de quienes integran la base social de la movilización fue contundente. Natalia, una de las manifestantes identificada como integrante de un comedor en Avellaneda, explicó que utilizaba el plan para pagar impuestos y que sin esa asistencia sus ingresos no alcanzaban para llegar a fin de mes. El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cruzó al Ejecutivo al señalar que el Gobierno actuó «como si ingresar a la Capital fuera un delito» y alertó sobre el impacto concreto del recorte: «Cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre.»

Belliboni también destacó que la continuidad del programa quedó momentáneamente asegurada por una resolución judicial y recordó las palabras del magistrado: «Un juez de San Martín dijo que es una barbaridad que se sacara este programa de trabajo que perciben personas que trabajan en todo el país en comedores y asistencia social en los barrios más castigados.»

Una protesta federal, un plan de lucha progresivo

La jornada no se circunscribió al área metropolitana. Se confirmaron cortes y movilizaciones en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino, entre otras ciudades. Los manifestantes advirtieron que el plan de lucha es de carácter progresivo y que no se detendrá hasta que el Estado garantice la continuidad de la asistencia. El reclamo central no es solo la restitución del programa: las organizaciones denuncian que el pago de $78.000 se encuentra congelado desde diciembre de 2023, mientras la inflación acumulada en ese período licuó por completo su poder de compra, dejando a cientos de miles de familias sin la única fuente de ingreso garantizado.

Puntos clave

  • El Gobierno nacional eliminó el programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a casi 950.000 personas con una asignación mensual de $78.000 por tareas comunitarias.
  • Un fallo judicial frenó la baja del programa y obligó al Ejecutivo a garantizar el pago, pero la incertidumbre sobre los meses siguientes desencadenó la movilización.
  • Las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes con gas pimienta y camión hidrante en el Puente Pueyrredón para impedir el corte total del acceso.
  • La protesta tuvo alcance federal con cortes confirmados en al menos cinco ciudades del interior del país.
  • Los beneficiarios denuncian que la asignación de $78.000 está congelada desde diciembre de 2023, sin actualizaciones frente a la inflación acumulada.
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