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El Gobierno extiende el congelamiento de contrataciones públicas con excepciones limitadas

El Poder Ejecutivo oficializó mediante el decreto 934/2025 la continuidad de la suspensión de incorporaciones al Estado, aunque habilitó áreas específicas bajo una fórmula restrictiva de dos bajas por cada nueva contratación.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Gobierno Nacional formalizó este jueves la extensión de la suspensión de contrataciones en el sector público, una medida que profundiza la política de achicamiento del Estado impulsada desde diciembre de 2023. El decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional «no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad».

La prohibición abarca un amplio espectro de formas de vinculación laboral con el Estado: plantas transitorias, contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público, contratos laborales, locaciones de servicios profesionales, designaciones transitorias en cargos de planta permanente y contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.

Las excepciones autorizadas

El decreto contempla excepciones en lo que define como «áreas estratégicas o con regímenes especiales». Según el texto oficial, quedan exceptuadas las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, el personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del Ministerio de Salud, el personal de gabinete y las designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Sin embargo, estas excepciones están condicionadas. Para cada nueva incorporación en estas áreas, el decreto exige que se hayan producido previamente dos bajas en el organismo correspondiente durante 2026. Estas bajas computables incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalizaciones de contratos.

La letra chica: qué bajas no cuentan

La norma establece una distinción clave: no se contabilizan como bajas aquellas producidas por planes de retiro voluntario o acuerdos de desvinculación. Esta salvedad limita aún más el margen de reposición de personal en las áreas exceptuadas.

Además, cada alta deberá contar con validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, lo que centraliza en esa cartera el control sobre cualquier nueva incorporación al sector público.

La medida se enmarca en la política de reducción del Estado que el Gobierno viene implementando desde su asunción, y que incluyó despidos masivos, no renovación de contratos y planes de retiro voluntario en diversos organismos nacionales. Según datos oficiales difundidos en distintas oportunidades, la administración nacional redujo la planta estatal en decenas de miles de posiciones a lo largo de la administración libertaria, aunque no existe un balance consolidado oficial sobre el total de empleados públicos desvinculados.

Puntos clave:

• El decreto 934/2025 prohíbe contrataciones en el sector público bajo cualquier modalidad
• Se exceptúan áreas como Fuerzas Armadas, Seguridad, salud, universidades y guardaparques
• Cada nueva incorporación requiere dos bajas previas en 2026
• No computan bajas por retiro voluntario ni acuerdos de desvinculación
• Toda alta debe ser validada por la Secretaría de Transformación del Estado

Gremiales

Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.

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920 puestos de trabajo, siete meses de resistencia y un fallo que el sindicato llama "disparate jurídico".

Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.

«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.

El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.

Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal

El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.

El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.

La CGT y el reclamo de paro general activo

El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.

El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.

Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.

Lo que tenés que saber

  • La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
  • El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
  • 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
  • El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
  • Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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