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★ El Gobierno Nacional formalizó este jueves la extensión de la suspensión de contrataciones en el sector público, una medida que profundiza la política de achicamiento del Estado impulsada desde diciembre de 2023. El decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional «no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad».

La prohibición abarca un amplio espectro de formas de vinculación laboral con el Estado: plantas transitorias, contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público, contratos laborales, locaciones de servicios profesionales, designaciones transitorias en cargos de planta permanente y contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.

Las excepciones autorizadas

El decreto contempla excepciones en lo que define como «áreas estratégicas o con regímenes especiales». Según el texto oficial, quedan exceptuadas las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, el personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del Ministerio de Salud, el personal de gabinete y las designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Sin embargo, estas excepciones están condicionadas. Para cada nueva incorporación en estas áreas, el decreto exige que se hayan producido previamente dos bajas en el organismo correspondiente durante 2026. Estas bajas computables incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalizaciones de contratos.

La letra chica: qué bajas no cuentan

La norma establece una distinción clave: no se contabilizan como bajas aquellas producidas por planes de retiro voluntario o acuerdos de desvinculación. Esta salvedad limita aún más el margen de reposición de personal en las áreas exceptuadas.

Además, cada alta deberá contar con validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, lo que centraliza en esa cartera el control sobre cualquier nueva incorporación al sector público.

La medida se enmarca en la política de reducción del Estado que el Gobierno viene implementando desde su asunción, y que incluyó despidos masivos, no renovación de contratos y planes de retiro voluntario en diversos organismos nacionales. Según datos oficiales difundidos en distintas oportunidades, la administración nacional redujo la planta estatal en decenas de miles de posiciones a lo largo de la administración libertaria, aunque no existe un balance consolidado oficial sobre el total de empleados públicos desvinculados.

Puntos clave:

• El decreto 934/2025 prohíbe contrataciones en el sector público bajo cualquier modalidad
• Se exceptúan áreas como Fuerzas Armadas, Seguridad, salud, universidades y guardaparques
• Cada nueva incorporación requiere dos bajas previas en 2026
• No computan bajas por retiro voluntario ni acuerdos de desvinculación
• Toda alta debe ser validada por la Secretaría de Transformación del Estado