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★ Los bloques opositores de Unión por la Patria, Provincias Unidas e Izquierda rechazaron de plano el DNU 941/2025 que reforma la Ley de Inteligencia, mientras que el PRO mostró cautela y anticipó que definirá su postura cuando estén los protocolos de aplicación de esas normas. La UCR y los bloques provinciales dialoguistas aún no fijaron su posición sobre el decreto que el Gobierno debe girar al Congreso para ser analizado por la Comisión de Trámite Legislativo.

Fuentes legislativas del PRO informaron que esa fuerza política conformó un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. Señalaron que «la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».

Desde el macrismo destacaron que «la modificación de la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos», relativizando las críticas sobre el uso de este instrumento legislativo.

Kirchnerismo: «Policía secreta» y riesgo constitucional

Los sectores opositores rechazaron con énfasis los puntos más polémicos del decreto, que incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia. El exministro de Defensa Agustín Rossi afirmó que el Congreso «tiene que rechazar el decreto que no mejora el funcionamiento del Sistema de Inteligencia y atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano».

A través de la red social X, Rossi dijo que «nada bueno sale de ahí para los ciudadanos argentinos. Peor aun: es gravísimo». Expresó como uno de los puntos más preocupantes que «se transforma a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’, habilitando a que aprehendan personas sin orden judicial. La SIDE se convertirá en una fuerza parapolicial».

El diputado kirchnerista Juan Carlos Molina afirmó que «la reforma de la Ley de Inteligencia es inconstitucional y es peligrosa. En el Congreso de la Nación no podemos dejar pasar esta barbaridad».

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria María Teresa García pidió rechazar el DNU: «La democracia no nos privó de escuchas ilegales y jugarretas de inteligencia contra opositores políticos, qué puede salir mal si el Estado le otorga a los organismos de inteligencia facultades de aprehensión de los ciudadanos, si se extiende el secreto mediante el cual se desvían gastos reservados y si se permite que todas sean actividades encubiertas (lease, prácticamente sin control)».

García alertó sobre el «riesgo del espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder. La reforma es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia de modificar la ley por decreto. Si quieren avanzar con una modificación deben realizarlo a través del Congreso Nacional».

Provincias Unidas: falta de controles parlamentarios

El bloque Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia, rechazó el DNU que «pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso».

«Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU. Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución», agregó el comunicado del interbloque.

El espacio criticó que el DNU declare que «todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter encubierto, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario».

Izquierda: anulación urgente

La diputada de izquierda Myriam Bregman señaló sobre el DNU: «Es un acto ilegal, no se puede disponer por decreto sobre la vida, la libertad, la información personal de todos los habitantes».

En declaraciones periodísticas dijo: «Hay que anular urgente este DNU, esto no puede ir a la Bicameral de Inteligencia y hacer el proceso de un decreto y todo el mundo ponerse a discutir. El Congreso en la primera oportunidad que tenga, se debe reunir y anular rápidamente esta norma que emana del Poder Ejecutivo».

Radicalismo y bloques provinciales: silencio estratégico

La UCR y los bloques provinciales dialoguistas mantienen silencio sobre su posición frente al DNU 941/2025. Esta indefinición resulta clave para el destino parlamentario del decreto, que requiere mayoría absoluta de los miembros presentes en ambas cámaras para ser rechazado según lo establece la Ley 26.122.

La estrategia del PRO de esperar «protocolos de aplicación» antes de definir su postura contrasta con el rechazo frontal expresado por el kirchnerismo, Provincias Unidas y la Izquierda, configurando un escenario de incertidumbre sobre el tratamiento parlamentario de una reforma que concentra poder en la SIDE y habilita facultades policiales para organismos de inteligencia.

Puntos clave

• El PRO conformó un equipo para analizar el DNU 941/2025 y definirá su postura cuando estén los protocolos de aplicación de la reforma.

• Agustín Rossi denunció que el decreto transforma a los agentes de inteligencia en «policía secreta» y habilita aprehender personas sin orden judicial.

• Provincias Unidas rechazó la reforma por no existir «necesidad ni urgencia» y alertó sobre la incompletitud de las comisiones bicamerales de control.

• Myriam Bregman calificó el DNU como «un acto ilegal» y pidió que el Congreso lo anule en la primera oportunidad.

• La UCR y los bloques provinciales dialoguistas no fijaron aún su posición sobre el decreto, clave para su destino parlamentario.