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Rechazo opositor al DNU de la SIDE: el PRO espera “protocolos”

Unión por la Patria, Provincias Unidas e Izquierda cuestionaron la reforma por decreto. El macrismo conformó un equipo para analizar la norma y definirá su postura cuando estén los protocolos de aplicación.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Los bloques opositores de Unión por la Patria, Provincias Unidas e Izquierda rechazaron de plano el DNU 941/2025 que reforma la Ley de Inteligencia, mientras que el PRO mostró cautela y anticipó que definirá su postura cuando estén los protocolos de aplicación de esas normas. La UCR y los bloques provinciales dialoguistas aún no fijaron su posición sobre el decreto que el Gobierno debe girar al Congreso para ser analizado por la Comisión de Trámite Legislativo.

Fuentes legislativas del PRO informaron que esa fuerza política conformó un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. Señalaron que «la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».

Desde el macrismo destacaron que «la modificación de la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos», relativizando las críticas sobre el uso de este instrumento legislativo.

Kirchnerismo: «Policía secreta» y riesgo constitucional

Los sectores opositores rechazaron con énfasis los puntos más polémicos del decreto, que incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia. El exministro de Defensa Agustín Rossi afirmó que el Congreso «tiene que rechazar el decreto que no mejora el funcionamiento del Sistema de Inteligencia y atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano».

A través de la red social X, Rossi dijo que «nada bueno sale de ahí para los ciudadanos argentinos. Peor aun: es gravísimo». Expresó como uno de los puntos más preocupantes que «se transforma a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’, habilitando a que aprehendan personas sin orden judicial. La SIDE se convertirá en una fuerza parapolicial».

El diputado kirchnerista Juan Carlos Molina afirmó que «la reforma de la Ley de Inteligencia es inconstitucional y es peligrosa. En el Congreso de la Nación no podemos dejar pasar esta barbaridad».

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria María Teresa García pidió rechazar el DNU: «La democracia no nos privó de escuchas ilegales y jugarretas de inteligencia contra opositores políticos, qué puede salir mal si el Estado le otorga a los organismos de inteligencia facultades de aprehensión de los ciudadanos, si se extiende el secreto mediante el cual se desvían gastos reservados y si se permite que todas sean actividades encubiertas (lease, prácticamente sin control)».

García alertó sobre el «riesgo del espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder. La reforma es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia de modificar la ley por decreto. Si quieren avanzar con una modificación deben realizarlo a través del Congreso Nacional».

Provincias Unidas: falta de controles parlamentarios

El bloque Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia, rechazó el DNU que «pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso».

«Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU. Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución», agregó el comunicado del interbloque.

El espacio criticó que el DNU declare que «todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter encubierto, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario».

Izquierda: anulación urgente

La diputada de izquierda Myriam Bregman señaló sobre el DNU: «Es un acto ilegal, no se puede disponer por decreto sobre la vida, la libertad, la información personal de todos los habitantes».

En declaraciones periodísticas dijo: «Hay que anular urgente este DNU, esto no puede ir a la Bicameral de Inteligencia y hacer el proceso de un decreto y todo el mundo ponerse a discutir. El Congreso en la primera oportunidad que tenga, se debe reunir y anular rápidamente esta norma que emana del Poder Ejecutivo».

Radicalismo y bloques provinciales: silencio estratégico

La UCR y los bloques provinciales dialoguistas mantienen silencio sobre su posición frente al DNU 941/2025. Esta indefinición resulta clave para el destino parlamentario del decreto, que requiere mayoría absoluta de los miembros presentes en ambas cámaras para ser rechazado según lo establece la Ley 26.122.

La estrategia del PRO de esperar «protocolos de aplicación» antes de definir su postura contrasta con el rechazo frontal expresado por el kirchnerismo, Provincias Unidas y la Izquierda, configurando un escenario de incertidumbre sobre el tratamiento parlamentario de una reforma que concentra poder en la SIDE y habilita facultades policiales para organismos de inteligencia.

Puntos clave

• El PRO conformó un equipo para analizar el DNU 941/2025 y definirá su postura cuando estén los protocolos de aplicación de la reforma.

• Agustín Rossi denunció que el decreto transforma a los agentes de inteligencia en «policía secreta» y habilita aprehender personas sin orden judicial.

• Provincias Unidas rechazó la reforma por no existir «necesidad ni urgencia» y alertó sobre la incompletitud de las comisiones bicamerales de control.

• Myriam Bregman calificó el DNU como «un acto ilegal» y pidió que el Congreso lo anule en la primera oportunidad.

• La UCR y los bloques provinciales dialoguistas no fijaron aún su posición sobre el decreto, clave para su destino parlamentario.

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Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo

Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
CFK sumó al abogado de Lula y al ex juez del Tribunal Europeo para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.

El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».

Una estrategia construida desde antes de la condena firme

El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.

Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.

Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina

Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.

En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.

Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea

El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.

La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme

La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.

El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo

La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.

Puntos clave

  • Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
  • Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
  • Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
  • La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
  • El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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